Contracorriente
Carlos Figueroa Ibarra[1]
EPR, lo que se nos viene.
En su comunicado del 7 de julio del presente año, el Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario, se atribuye los atentados contra ductos de PEMEX en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago Guanajuato y Coroneo, realizados simultáneamente a la 1 de la madrugada de los días 5 y 10 de julio. El que el EPR se atribuya tales atentados y el que la PGR reconozca que las explosiones en dichos días y lugares no fueron un accidente, coloca al país en una situación nueva. La novedad se consolidaría, si como afirma el EPR, tales atentados son solamente el inicio de una campaña de hostigamiento contra el gobierno de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz en Oaxaca, hasta que no se presente con vida a Edmundo Reyes Amaya y a Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Tres consideraciones se me ocurren, si es que los comunicados que firma el EPR no son apócrifos y en efecto, tal organización insurgente realizó los atentados referidos. La primera de ellas se refiere a que no es posible soslayar el hecho de que después de años de actividades silenciosas, el EPR decide realizar acciones militares que son de una envergadura superior a lo que se le había conocido. También es posible pensar que tales acciones, son una medida extrema tomada por dicha organización ante la desaparición forzada de dos de sus militantes, los que por edad podrían ser hasta dirigentes de dicha organización. Es extrema la medida, si partimos de un principio básico que guía las actividades guerrilleras: las acciones militares deben traer dividendos políticos o de lo contrario son pérdida neta. Fácil es pensar que acciones como las que ahora reivindica el EPR no le granjearán las simpatías de la mayoría de los mexicanos.
La segunda consideración es que de ser ciertas las informaciones que se han vertido en los últimos días, en el sentido de que Reyes Amaya y Rivera Bravo fueron capturados en Oaxaca, trasladados al tristemente célebre Campo Militar No. 1, estaríamos ante una reedición de la guerra sucia que se practicó en el pasado. Recordemos las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas contra la Unión del Pueblo, Fuerzas de Liberación Nacional, PROCUP, Liga Comunista 23 de septiembre, Partido de los Pobres y otras organizaciones insurgentes. Resultaría verdaderamente preocupante que el Estado volviera a actuar como un gigantesco criminal que viola su propia legalidad y destruye al estado de derecho. Los que ahora claman contra las acciones terroristas del EPR, debería igualmente clamar contra el terrorismo de Estado que podríamos estar viviendo de nueva cuenta.
La tercera consideración es que el gobierno de Calderón, que ha militarizado la lucha contra el narcotráfico, que ha propiciado las represiones -antes y después de asumir oficialmente-, contra Atenco y contra la APPO, fácilmente puede criminalizar cualquier forma de protesta pacífica y legal. Puede recurrir al fácil expediente de vincularla con una eventual y creciente actividad guerrillera. Lo que se nos viene puede ser una represión contra la APPO, contra simpatizantes del zapatismo, contra los activistas de la CND y el lópezobradorismo, contra militantes y activistas de cualquier movimiento social, que se oponga a las políticas neoliberales y autoritarias que hoy observamos.
Esto es lo que se nos viene, si somos pasivos ante la guerra sucia. Una guerra sucia que ya no será solamente la satanización de un rival a través de la televisión.
[1] Sociólogo. Profesor Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. 11 de julio 2007
Carlos Figueroa Ibarra
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