Da pena ver a Calderón hecho un guiñapo
Convoca a organizaciones a la unidad para derogar el decreto sobre la liquidación de LFC
Martes 27 de octubre de 2009, p. 10
Es el momento de iniciar, desde el Senado de la República, un debate nacional sobre los privilegios de las cúpulas del poder económico y político en México
, para revisar por qué los asalariados, los profesionistas y pequeños y medianos industriales pagan hasta mil 500 por ciento más impuesto sobre la renta que los grandes empresarios y banqueros del país, sostuvo ayer Andrés Manuel López Obrador, luego de llamar a la unidad de las organizaciones para que se derogue el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
En la asamblea del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular que encabezó ayer frente al Senado, López Obrador pidió a los legisladores del Frente Amplio Progresista que desechen la falsa afirmación de que no hay de otra
y que tienen que aprobar el paquete fiscal. Instó a los senadores a actuar en consecuencia
, como hicieron los diputados de esta corriente cuando se opusieron a la cascada de incrementos a los impuestos.
A las organizaciones sociales, sindicales y políticas las exhortó a mantener la resistencia civil pacífica contra el aumento de impuestos y movilizarse contra la ilegal e injusta
decisión de Felipe Calderón de quitarles su empleo a más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Acompañado en el templete por legisladores y políticos, López Obrador dijo que es todo un espectáculo observar cómo diputados de PAN y PRI aprueban aumentos de impuestos, cuando hasta hace unos meses, en sus campañas políticas, de manera cínica prometían a sus electores lo contrario.
Las cámaras de Diputados y de Senadores están convertidas en un mercado de intereses y componendas, sostuvo el ex candidato presidencial. Agregó que es inconcebible que en plena crisis, cuando el país se está hundiendo, para mantener los privilegios de la alta burocracia y de los potentados se decida exprimir aún más al pueblo con una carga tributaria injusta, y a la vez se determine endeudar a la nación.
En el acto, en el que estuvieron, entre otros, Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum, José Agustín Ortíz Pinchetti, legisladores como Laura Itzel Castillo y Alejandro González Alcocer, el secretario del exterior del SME, Fernando Amezcua, y personalidades como Isela Vega y Jorge Arvizu, El Tata –quien propuso que ahora LFC se denomine Luz y Fuerza del Pueblo
–, López Obrador expuso que es una pena ver a Calderón hecho un guiñapo, obedeciendo fielmente a una camarilla en el poder, escucharlo decir que quiere ayudar a los pobres aumentando impuestos. Da pena ajena cada vez que abre la boca
.
Recordó que el 13 de octubre se presentaron en ambas cámaras dos proyectos de decreto para enfrentar la crisis de las finanzas públicas sin aumentar impuestos, combustibles ni endeudar al país, las cuales se basan fundamentalmente en aprobar una ley de austeridad republicana para recortar el gasto corriente del gobierno y eliminar los privilegios fiscales a la oligarquía, por lo que planteó a los legisladores que promuevan estas iniciativas antes de que se vote la Ley de Ingresos.
Postura insultante
Respecto del conflicto en el SME, comentó que resulta insultante que el pelele
de Calderón diga que no tiene problemas de conciencia por haber mandado a todos los trabajadores del SME al desempleo, lo que refleja que no tiene conciencia ni sentimientos
sobre lo que significa el sufrimiento de las miles de familias afectadas, lo que significan las lágrimas y el dolor de las trabajadoras que fueron echadas a la calle.
La defensa del SME es la defensa de los derechos del pueblo. Es defender las conquistas de todos los trabajadores y campesinos, de los estudiantes y de los sectores más pobres del país. Si no hacemos nada por ellos, la oligarquía no se detendrá, con soberbia y autoritarismo irá por más y contra todos
, advirtió López Obrador, mientras en la explanada se coreaba ¡Aquí se ve la fuerza del SME!
y todos los asistentes levantaban el puño.
En esta asamblea, al senador Ricardo Monreal le tocó definir lo que le espera al país si se aprueba el paquete fiscal. Sostuvo que quienes ganen hasta 6 mil pesos mensuales pagarán 8 por ciento adicional de impuestos; casi 20 mil pequeñas y medianas empresas cerrarán; otros 500 mil empleos desaparecerán; la canasta básica se encarecerá 30 por ciento. En tanto, los 50 grandes contribuyentes del país pagarán el equivalente a 74 pesos anuales, como hicieron el año pasado.
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La Asamblea Nacional de la Resistencia Popular
La más reciente iniciativa en esta dirección surgió el pasado 24 de octubre durante la efervescencia de las movilizaciones en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Fue bautizada como Asamblea Nacional de la Resistencia Popular. Se propone organizar un Frente Nacional de Lucha para revertir las decisiones del gobierno federal y pasar de las acciones aisladas a las colectivas. En unos días deberá decidir si convoca a una huelga o a un paro cívico nacional, en repudio al decreto de expropiación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y contra el aumento de impuestos.
Aunque proveniente de un tronco sindical distinto, no es la primera vez que los trabajadores electricistas proponen acciones similares. Una primera iniciativa en esta dirección fue esbozada en enero de 1972, cuando una decisión gubernamental acabó con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), encabezado por Rafael Galván, para asimilarlo en las filas del sindicato oficialista. El STERM lanzó entonces la propuesta de formar la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) a la que se sumaron tanto el Frente Auténtico del Trabajo como el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, de Demetrio Vallejo. El proyecto abortó a los pocos meses de vida, cuando los electricistas democráticos acabaron negociando su sobrevivencia al seno de un nuevo sindicato nacional: el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
Poco tiempo después, en 1975, el hostigamiento en contra de los trabajadores democráticos se recrudeció y las fuerzas oficialistas se lanzaron a aniquilar esta expresión dentro del SUTERM. Nació entonces la Tendencia Democrática (TD) y la propuesta de agrupar a la naciente insurgencia obrera, campesina, popular en un gran frente: el Frente Nacional de Acción Popular (FNAP).
En su origen, el proyecto pretendía reditar la experiencia de la formación del Comité Nacional de Defensa Proletario en tiempos de Lázaro Cárdenas, impulsado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El FNAP fue organizado alrededor de la columna vertebral de la TD y de su programa de lucha: la Declaración de Guadalajara. En ella se proponían una serie de reformas para relanzar la Revolución Mexicana encabezada por la fracción progresista del gobierno. El frente y sus principales impulsores fueron finalmente aplastados.
Simultáneamente a la experiencia del FNAP, una serie de fuerzas que después participarían activamente en la formación de las coordinadoras de masas, ensayaron un intento de convergencia paralela de organización, para diferenciarse, en parte, del proyecto de la TD. Estas fuerzas estaban organizadas básicamente como frentes populares regionales (Frente Popular Tierra y Libertad en Monterrey, Frente Popular de Zacatecas, Frente Popular Independiente en el DF, Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Itsmo en Oaxaca) y buscaban articular un gran frente popular nacional. El proyecto desapareció sin pena ni gloria ante las dificultades de encontrar un eje de sustentación social efectivo.
Desde entonce, no pocos sectores del movimiento popular desconfían de los intentos de formar convergencias a partir de grandes programas de lucha y de aparatos centralizadores. Rechazan la idea de que la unidad política sólo es posible a partir de la unidad orgánica y de que existe una dirección del movimiento social prexistente –que es, simultáneamente, responsable de la centralización– en la medida en que ha elaborado el camino de la lucha materializado en un programa.
Años más tarde, en 1983 y 1984, al calor de la crisis económica y teniendo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como columna vertebral, se dio vida a nuevos proyectos que intentaron articular el descontento social: el Frente Nacional por la Defensa del Salario, Contra la Austeridad y la Carestía en el cual se integraron las organizaciones que se decían izquierda revolucionaria
y la Asamblea Nacional Obrero Campesino Popular. Sin mucho éxito, estas convergencias llamaron a la realización de dos paros cívicos, en los que participaron alrededor de un millón de personas en todo el país. Se movilizaron los mismos de siempre, aunque, eso sí, todos juntos por primera vez.
Irónicamente, la crisis económica abonó el terreno para una crisis del movimiento popular. Si en la lógica de muchas de las direcciones del movimiento popular la crisis era el terreno nato para su expansión y un incremento en su protagonismo, los hechos mostraron lo contrario. La lucha reivindicativa sufrió un reflujo profundo –desigual en cada región del país y en cada sector social– y las organizaciones de masas quedaron reducidas a una trinchera defensiva.
Hoy, de nuevo, una parte muy importante de la izquierda popular se propone ensayar formas de acción en común. Tiene como antecedente inmediato los diálogos nacionales auspiciados por el SME. Como sucedió en 1972 y 1975, son los electricistas y la lucha por su sobrevivencia como gremio lo que anima la nueva voluntad unitaria.
La solidaridad con la lucha del SME es fundamental en este momento; independientemente de lo que se piense de su dirección, no puede regateársele. Sin embargo, cabe preguntarse si es factible unificar exitosamente en un gran frente nacional, en las actuales circunstancias, la solidaridad con los electricistas y la organización del descontento popular. La experiencia del pasado obliga a pensar que no. Una y otra vez, la lógica de la lucha inmediata del sector con mayor fuerza política ha terminado por dominar y absorber las demandas de sus aliados. Y sigue pesando entre diversos actores sociales la preocupación por ser utilizados como masa de maniobras por otros actores políticos y sus agendas electorales y parlamentarias.
Rocha
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Astillero
Todo en veremos
Priístas, indecisos
¿CNDH? Luego
Protesta contenida
Véase el escenario del pasmo: los priístas, que luego de los comicios pasados se consideraban el faro inextinguible de la República, ahora pelean subterráneamente, cual topos de tres colores, en busca de alguna salida que les otorgue botín presupuestal para los gobernadores del presente, unidad interna para sobrevivir al agarrón actual entre Peña Nieto y Beltrones, y viabilidad electoral para 2012 tan temprano tambaleante para quienes se hacían ya de retorno en Los Pinos. Los diputados priístas peñietos se aferran a su canasta básica presupuestal del uno por ciento más de IVA (Alfonso Navarrete Prida, cuya carrera política y judicial ha estado asociada a Arturo Montiel y a Quique 16%, defiende lo aprobado en San Lázaro con pasión gaviotona), mientras el taimado Beltrones pelea por echar abajo cuando menos esa cifra simbólica, en busca de emparejar los cartones futuristas con el gobernador del estado de México, que hasta antes de esta crisis de bancada era entendido como el puntero casi inalcanzable en la carrera por suceder a... a... ¡ah, sí, al licenciado Calderón, que en 2006 había sido impuesto como encargado de Los Pinos!
La incapacidad de dar salida a los problemas se ha manifestado también en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En una abierta confesión de que esa decisión senatorial es solamente una parte del proceso mayor, y definitorio, de reparto de rebanadas de pastel, ayer se suspendió la teatralización que presuntamente analizaría aptitudes, antecedentes y viabilidad de los aspirantes a sacrificarse con el manejo de la desbordada bolsa embolsable de recursos que se manejan en la CNDH. Dado que los apostadores están hoy sumamente ocupados en la ruleta mayor (la discusión del paquete fiscal), se ha declarado una especie de receso en la maquinita tragamonedas menor (la CNDH) para retomar la farsa en cuanto los capos hayan ajustado cuentas en lo que hoy más les interesa.
Y Felipe sigue de viaje. Es decir, en Centroamérica. Disfrazado de vendedor estrella de electricidad barata (candil de Guatemala y oscuridad del SME), allá pronuncia una de esas frases con las que la historia (clínica) lo recordará: Luchamos contra ellos, no por tener una obsesión misma con el tema de las drogas, sino porque sabemos que el tema medular es la derrota del crimen organizado que sojuzga a los pueblos
. Dentro de algunos días también podrá jurar que no tiene obsesión contra el SME, aunque ya ha echado a andar al disidente útil llamado Alejandro Muñoz para que pida
a Gobernación de Cevallos que se reanuden negociaciones con ese sindicalismo moderno, dialogante, colaboracionista (que conste que no se está hablando para nada de los Chuchos) que sí sabe defender a sus representados. Pero, en realidad, todo sigue igual de entrampado: las interrupciones del servicio eléctrico continúan en las zonas antes atendidas por el SME y el gobierno felipato no ha podido organizar las alternativas de solución, así fueran mediante esquirolaje o leva. Eso sí, ya se anuncia que en noviembre se emitirán las bases de la licitación de una red de fibra óptica para telecomunicaciones y se espera que en enero ya estén asignados los contratos para los ganadores, aunque... bueno, por esos imponderables del destino, hasta ahora la principal empresa interesada es Televisa, llena de gracia por los artículos transitorios que le permitirán pagar impuestos por mil 900 millones de pesos dentro de dos o tres años, cuando este nuevo negocio del espectro radioeléctrico se haya afianzado, y oportunamente liberada de conflictos, liquidaciones y demás en el ámbito correspondiente a Luz y Fuerza del Centro y el SME.
Todo (aparentemente) en pausa. En San Lázaro le dan reversa a la decisión arbitraria de Francisco Ramírez Acuña de declarar cumplida la comparecencia del secretario de los trabajos, Javier Lozano, para sacarlo del escándalo y el golpeteo políticos de ese día. Tendrá que regresar el melómano trágico al lugar de los hechos, mientras el SME se alista a solicitar el recurso de amparo por la extinción de su fuente de trabajo, a demandar a quien corresponda por el despido injustificado que han sufrido y a revelar a diputados la información confidencial que el calderonismo ha retenido hasta ahora.
El mitin lopezobradorista frente al Senado queda también en el álbum de las imágenes congeladas. No se dijo nada que no se hubiera dicho antes o no se pudiera haber dicho sin necesidad de hacer un acto masivo. Presencia política, testimonio de lucha, reiteración del espíritu de combate, e incluso la recurrencia al esquema de los diálogos institucionalizados en el Senado, ahora pedidos para discutir sobre los privilegios de las cúpulas políticas y empresariales. Y la insistencia en que los legisladores, sabidamente minoritarios, destinados al fracaso numérico, presenten iniciativas, las defiendan y queden con la satisfacción del tiempo perdido en llegar al final previsto.
Y, mientras el secretario de Salud, José Ángel Córdova, actualiza la historia aquella del catarrito según Carstens, ahora diciendo que los mexicanos no subiremos el grado de alerta por la influenza, como los gringos lo acaban de hacer por instrucciones de Obama, ¡hasta mañana, con diputados advirtiendo que la lucha contra el narco será afectada
si le recortan mil millones de pesos de presupuesto a la Sedena!
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Fisgón
Tras los apagones
No han faltado en ese lapso voces que, sin fundamento alguno, han atribuido tales situaciones a supuestas acciones de sabotaje de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pese a que esa organización gremial, aun colocada por el gobierno federal en la perspectiva de la desaparición y del desempleo masivo para sus integrantes, ha dado pruebas de sensatez y contención y ha encauzado sus acciones de protesta por vías intachablemente pacíficas y legales.
Las insinuaciones veladas y las acusaciones abiertas en contra de los electricistas soslayan, en cambio, la que parece ser la razón económica evidente de las extendidas y constantes interrupciones en el suministro del fluido eléctrico: la imposibilidad de suplir a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en la totalidad de sus funciones y las lógicas e inevitables fallas de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la operación de una red que se ha ido volviendo laberíntica, compleja y obsoleta no por voluntad de los trabajadores del SME, sino por el abierto designio gubernamental de chatarrizar la entidad distribuidora de energía, designio que alcanzó su punto culminante en la actual administración, pero que se venía aplicando desde hace cuando menos una década. En suma, con los elementos de juicio disponibles y salvo prueba en contrario, es el empeño oficial por desaparecer LFC y golpear al SME el que ha venido causando las afectaciones al suministro de energía eléctrica en el centro del país.
En esta circunstancia, la prudencia y un sentido básico de interés nacional aconsejarían dar marcha atrás en una medida que no sólo acentúa el clima de polarización política imperante, sino que ha introducido factores de profundización de la crisis económica, del desasosiego social y hasta de la inseguridad que padece la sociedad. Si el gobierno carece de certeza sobre la capacidad de la CFE de revertir a muy corto plazo los problemas de abasto eléctrico, bien haría en dejar sin efecto el cuestionado decreto de extinción de LFC y, de esa manera, evitar a la sociedad el elemento adicional de zozobra de los apagones, y ahorrarse una confrontación de cauces inciertos con el SME y sus aliados políticos y sociales. Sería pertinente considerar, a este respecto, que la rectificación honesta de un error, lejos de desacreditar y disminuir, consolida y refuerza la imagen de los gobernantes ante las sociedades.
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También interpondrá el amparo contra la extinción de LFC
despido injustificado
Subsiste la materia de trabajo
, afirma el líder del gremio, Martín Esparza
Martes 27 de octubre de 2009, p. 5
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentará este miércoles 28 de octubre una demanda legal contra el gobierno federal por el despido injustificado
de más de 44 mil trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), ya que subsiste la materia de trabajo
. También ese mismo día interpondrá el amparo contra el decreto de extinción de la empresa.
De esta forma, la presente semana será definitoria en cuanto a la defensa legal que iniciará el SME en contra de la desaparición de su fuente de trabajo, señaló en conferencia de prensa el dirigente del gremio, Martín Esparza Flores, quien dijo que, en todo caso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es ahora el patrón sustituto, porque no ha desaparecido la materia de trabajo.
Sostuvo que el hecho de que ambos recursos legales sean interpuestos antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resuelva la terminación de las relaciones laborales de la paraestatal con el sindicato
da cuenta de que en este proceso el gobierno federal actuó ilegalmente e hizo todo al revés.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que cuando se decreta la extinción de una fuente laboral primero se tiene que informar a los trabajadores, luego se presentan a conciliación ante la junta para que ambas partes den sus posturas y al final esta instancia emite una resolución que tiene que ser acatada. En este caso, incluso primero estarán presentadas las demandas por despido injustificado antes que la JFCA dé su veredicto, el próximo 30 de octubre, lo que evidencia que el proceso estuvo mal hecho desde el principio, indicó el dirigente.
Hizo ver que dicha ley indica además que mientras subsista la materia de trabajo no puede cerrar una empresa. Sin embargo, en este asunto es más que evidente que el decreto es un asunto político
, una consigna para acabar con un contrato colectivo de trabajo y un sindicato que le estorba al gobierno federal para seguir abriendo de par en par las puertas del país
a las trasnacionales y empresas de energía privadas.
Planteó que precisamente ante la JFCA van a defender legalmente que no pueden darse por concluidas las relaciones laborales con la empresa, pues se sigue operando la infraestructura de la misma, siguen trabajando las estaciones y subestaciones de servicio. Entonces ¿cómo van a demostrar que no hay materia de trabajo?
, preguntó.
Expuso que una cosa es que el asunto lo haya manipulado
el gobierno federal y otra muy distinta que sea legal; por ello, además de las demandas laborales y el amparo contra el decreto de extinción, también se apoyará la controversia constitucional que interpondrán legisladores de varios partidos en contra del decreto de Felipe Calderón.
En ese contexto, el Sindicato Mexicano de Electricistas entregará a los diputados toda la información de LFC que el gobierno federal clasificó como confidencial
para negársela a los legisladores, dijo Esparza. Comentó que tiene las minutas que se elaboraron en las reuniones de la junta de gobierno de la empresa, ya que en las mismas siempre participaban representantes del sindicato.
La información comprende el manejo de la administración de Luz y Fuerza de los últimos años; lo referente a la concesión del negocio de fibra óptica a WL Comunicaciones; los convenios firmados entre esta empresa –de la cual son socios dos ex secretarios de Energía, Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond–, así como los descuentos
otorgados por la empresa al estado de México, al cual se perdonaron
adeudos por más de 2 mil millones de pesos; a Hidalgo, al cual se disminuyeron de un plumazo 549 millones de su deuda, y a Morelos, al que se condonaron más de 232 millones de pesos.
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En la primera sesión Martín Esparza expone la situación del SME
Martes 27 de octubre de 2009, p. 6
Este lunes se iniciaron las sesiones públicas del primer Tribunal Internacional de Libertad Sindical, el cual deliberará en los próximos seis meses acerca de si en México hay un problema integral de falta de libertad gremial y de intervencionismo gubernamental, como expusieron ayer frente a los miembros de ese jurado varios líderes sindicales, entre ellos Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Integrado por una veintena de expertos en materia laboral y en la defensa de los derechos humanos, este tribunal representa un ejercicio de justicia ciudadana
inédito en el mundo, según palabras del historiador estadunidense James Cockroft, uno de los integrantes del jurado.
El veredicto final de este tribunal será presentado a las autoridades mexicanas federales y a todas las instancias internacionales, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo y el organismo para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Ayer, el ex templo de Corpus Christi fue abarrotado por juristas, estudiantes, académicos de diversas universidades públicas del mundo y por trabajadores electricistas. Ahí, una y otra vez retumbaron las voces de ¡duro, duro!
y aquí se ve la fuerza del SME
.
Afuera del recinto, en avenida Juárez, se apostaron cientos de trabajadores electricistas en apoyo a su dirigencia sindical.
Ante el tribunal ciudadano, Esparza cuestionó la política laboral del gobierno de Felipe Calderón, además de poner énfasis en la gravedad de que más de 44 mil familias que dependían de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) se queden sin un ingreso por su trabajo.
El pasado proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue intervenido por el Estado con recursos económicos importantes de las cuotas de los trabajadores, para buscar imponer una directiva afín a los intereses privatizadores del gobierno
, sostuvo.
“Hasta los que roban, los que asesinan, tienen derecho a ir a un juzgado para defenderse, para ser escuchados, tener el derecho de audiencia, pero es la forma en que está gobernando este Ejecutivo, mediante decretos, con el Ejército mexicano y la Policía Federal, de manera fascista.
No estamos de acuerdo con las autoridades, con los órganos de impartición de justicia en el país, desde la Suprema Corte, que no se ha pronunciado, desde el Congreso y desde la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la forma que está conduciendo la política laboral este gobierno
, recalcó Esparza.
En representación de la causa general de sindicalistas disidentes habló Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Durante su discurso, el también asesor legal del SME, recordó los casos recientes en que las autoridades laborales mexicanas han embestido
a los movimientos sindicales.
El jurista criticó el caso de la persecución penal que enfrenta el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, por no ser afín al gobierno y, por supuesto, también criticó la determinación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien de manera arbitraria
negó la toma de nota a Martín Esparza. Asimismo, sostuvo que el decreto presidencial que extinguió a LFC es totalmente inconstitucional
.
Entre los miembros del tribunal mundial destacan intelectuales de la talla del escritor uruguayo Eduardo Galeano; la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, quien tiene un amplio historial en la lucha por la defensa de los derechos humanos; el juez venezolano especializado en el ramo laboral Rubén Darío González; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y el sacerdote dominico Miguel Concha Malo, articulista de La Jornada.
También conforman este grupo colegiado el abogado y asesor parlamentario de la Central Sindical Uruguaya, Hugo Barreto Ghione; la actriz y activista social Ana Colchero, además de los académicos de la universidad española de Castilla-La Mancha y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marta Olmo, y el profesor decano en materia laboral Alfredo Sánchez Alvarado. Asimismo, presidentes de colegios de abogados, historiadores y académicos expertos en el área laboral de Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y México.
El próximo miércoles, el tribunal tendrá un fallo preliminar, y el primero de mayo de 2010, al final de la marcha por el Día del Trabajo, dará lectura al veredicto final.
Después de que concluyó el primer día de sesiones públicas del Tribunal Internacional de Libertad Sindical –continúan este martes–, el historiador y politólogo James Cockroft, en entrevista con este diario, habló de los motivos que lo llevaron a participar en esta propuesta que nació hace un año, luego de una reunión entre líderes sindicales y que fue organizada por la dirigencia del Centro de Investigación y Asesoría Sindical.
Hay un ataque violento contra las y los obreros, no solamente del Sindicato Mexicano de Electricistas en este país, sino en todas partes del mundo. La tradición democrática de ese sindicato es para nosotros una gran expresión y por eso seremos solidarios
con esos trabajadores, expuso Cockroft.
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extinguidapor el gobierno espurio; ha salido a la luz, también, el empeño del grupo gobernante por entregarle al consorcio WL Comunicaciones la red de fibra óptica de LFC; la marginación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la propia LFC en los millonarios procesos de adquisición de electricidad por la dirección de Exploración y producción de Pemex, a cargo de Carlos Arnoldo Morales Gil, y el otorgamiento de tales contratos a dos transnacionales españolas. Lo que Javier Lozano tuvo el descaro de llamar
la privatización silenciosade LFC ha venido ocurriendo, en efecto, pero no ha sido a favor del sindicato, sino de los cuates y socios de Calderón. ¿Cuántas comisiones y de a cómo les habrán tocado a los integrantes de este gobierno por no cobrar la luz a grandes empresas, por facilitar redes de propiedad pública a corporativos particulares, por debilitar a las entidades públicas para que las privadas se fortalezcan?
Los agravios a la sociedad perpetrados por este régimen de coyotes han llegado a tal punto que hoy, en el escenario político, se encuentra la perspectiva de un paro nacional como punto de confluencia de diversas oposiciones. La idea –lanzada el sábado pasado en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, y al calor de la campaña de solidaridad hacia el SME– podría parecer temeraria y hasta descabellada, toda vez que no existe en México experiencia sindical ni política y lo más parecido a una paralización económica del país no ha sido consecuencia de una protesta opositora, sino del desempeño estúpido e irresponsable del calderonato ante la crisis en curso.
Desde 1936 no se ha intentado una huelga nacional y el tema ni siquiera se había planteado en los últimos seis años, es cierto. Pero el país tampoco había padecido una administración que conjugara ilegitimidad, ineptitud y corrupción en dosis tan masivas como la actual.
Es posible que la embestida oficial contra LFC y contra el SME contribuya a afinar el guión de este sexenio como no lo han hecho ni la inverosímil guerra contra el narcotráfico
ni la intentona privatizadora de la industria petrolera del año pasado ni el empeño por reconcentrar la riqueza por medio de canalladas fiscales ni el súbito y fársico discurso presidencial que dio cuenta del descubrimiento de la pobreza en el país. Una buena parte de la sociedad –que excede ampliamente al movimiento lopezobradorista y al círculo de solidaridad directa con el SME– está harta del coyotaje institucionalizado y de la gestión administrativa enfocada a intereses amigos. Un paro nacional en protesta por ese estilo personal de gobernar puede conjuntar voluntades y energías sociales insospechadas. Por ahora no hay fechas ni rutas críticas, sino una mera idea que se robustece y alimenta por la indecencia misma del actual régimen. A ver.
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El ex procurador mexiquense encabeza al grupo legislativo que definirá el recurso más adecuado
Buscan que el gobierno entregue la información en que se basó para liquidar a la paraestatal
Martes 27 de octubre de 2009, p. 7
En la primera reunión del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que definirá el recurso legal contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la diputación del PRI consideró que la opción más viable es la controversia constitucional.
Alfonso Navarrete Prida, quien coordina esa instancia legislativa, planteó que la acción de inconstitucionalidad sería cuesta arriba
, porque para presentarla requeriría sumar el consenso de diputados y senadores.
Se dejó abierta la posibilidad de convocar a funcionarios del gobierno federal, e invitar a una representación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para aportar información, ante la negativa de diputados del PAN de construir un acuerdo que obligara al grupo a tomar como base las opiniones de los trabajadores y de la administración de Felipe Calderón.
De inicio, el PAN pretendió limitar a tres las reuniones de trabajo antes de tomar una decisión y presentar una propuesta definitiva al pleno camaral. Francisco Hernández Juárez (PRD) planteó que ante la magnitud del conflicto, los diputados debemos ser generosos con el tiempo y no ser tan insensibles como para considerar que con dos o tres reuniones es suficiente
.
Además, dijo, el conflicto no lo generaron la Cámara de Diputados ni los partidos, sino la insensibilidad del gobierno, y ahora nos hemos echado a cuestas
contribuir a resolverlo y posiblemente quitarle al país
un grave problema.
Tanto el líder de los telefonistas como los diputados Gerardo Sánchez (PRI), Ramón Jiménez (PRD) y Jaime Cárdenas Gracia (PT) plantearon la necesidad de escuchar a los trabajadores del SME, pero también requerir la información técnica en que se basó el decreto de extinción de Luz y Fuerza, y que el gobierno federal clasificó como reservada por 12 años.
No podemos de manera rígida, inflexible e insensible abordar un tema de interés nacional, que no se generó por una medida estrictamente jurídica, sino de una acción política irresponsable de Calderón
, argumentó Ramón Jiménez.
Jaime Cárdenas planteó además que la Secretaría de la Función Pública debe explicar por qué avaló los resultados del convenio de productividad entre el SME y Luz y Fuerza en 2007, con el cual se demostró que la empresa sí cumplía con los requerimientos de productividad
.
El panista Roberto Gil, quien ese año fungió como coordinador de asesores del secretario de la Función Pública, Germán Martínez, adujo que el grupo de trabajo no podía violar el mandato del pleno a este grupo de trabajo
para recibir a los electricistas ni extralimitarse, pues sólo las comisiones ordinarias de la Cámara tienen la facultad de citar a comparecer a funcionarios públicos.
Además, sostuvo, la Auditoría Superior de la Federación recomendó en la revisión de la cuenta pública 2006 extinguir por decreto a Luz y Fuerza. En respuesta, Jaime Cárdenas sostuvo que las conclusiones del órgano fiscalizador se basaron en razones técnicas contables, y no en un análisis jurídico sobre las competencias del Ejecutivo o del Congreso
.
Navarrete Prida pidió al grupo de trabajo facultarlo para gestionar ante el gobierno federal la entrega del diagnóstico de Luz y Fuerza elaborado por la Secretaría de Energía, y que sirvió de base técnica para el decreto presidencial de extinción de la empresa, para distribuirlo entre los legisladores.
Hernández Juárez entregó al grupo un documento con los fundamentos de la controversia constitucional, elaborado por un abogados que asesoran al SME.
Navarrete Prida aseguró que las conclusiones del grupo dejan a salvo los derechos de los afectados para que interpongan su juicio de garantías. Para que no parezca que nosotros hicimos una maniobra que les hizo nulo un derecho, pensando que somos instancia para resolver
, acotó.
ASAMBLEA CON EL PRESIDENTE LEGITIMO DEL LUNES 26 DE OCTUBRE:
México, Distrito Federal
Lunes 26 de octubre de 2009
* Discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, en la asamblea del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular y en apoyo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), frente al Senado de la República
Amigas y amigos:
Gracias por su apoyo y respaldo. Como siempre, gracias de todo corazón.
Cada vez es más claro que en México un puñado de potentados domina con arrogancia y cinismo.
Tengamos presente que la actual oligarquía nació del pillaje, se conformó con el saqueo de bienes de la nación y del pueblo. Ninguno de sus integrantes ha hecho fortuna con imaginación, trabajo y de conformidad con la ley. Casi todos se han enriquecido en los últimos 20 años, al amparo del poder público. No se trata, en sentido estricto, de empresarios con tradición, con vocación productiva y dimensión social, sino más bien de traficantes de influencias, de delincuentes de cuello blanco.
Esto explica en mucho su arrogancia y su ambición desmedida de poder. Por eso han secuestrado a las instituciones constitucionales; tienen como empleado a Felipe Calderón; mandan en el PRI y en el PAN, y son dueños o controlan los principales medios de comunicación.
Este es el principal problema de México: Hay una mafia insaciable, enferma de codicia, dispuesta ha imponerse a costa del sufrimiento del pueblo y a conspirar contra la paz pública y la estabilidad social.
Sólo así se explica que, en plena decadencia, cuando se está hundiendo el país, se empeñen en mantener su política antipopular y entreguista. Sin aceptar ninguna responsabilidad en la tragedia nacional están exigiendo mayores sacrificios al pueblo.
Con saña imponen a todos más contribuciones, cuando ellos, el año pasado, obtuvieron ingresos por 5 billones de pesos, la mitad del Producto Interno Bruto, la mitad de toda la riqueza que se generó el año pasado en nuestro país, y sólo pagaron el 1.7 por ciento de Impuesto Sobre la Renta.
¿Dónde está su honorabilidad, dónde está su compromiso con México, dónde está su buena fe? Cuánta razón tenía Hidalgo cuando decía que el único dios de los opresores era el dinero.
Es lamentable ver a Calderón hecho un guiñapo, obedeciendo fielmente a esta camarilla. Escucharlo decir que quiere ayudar a los pobres aumentando impuestos. Lo cierto es que da pena ajena cada vez que abre la boca.
Recientemente, se atrevió a sostener que el golpe a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro se debió a la ineficiencia de los trabajadores, que por culpa de ellos se dejaron de crear 100 mil empleos en la región centro del país, cuando todos sabemos que el propósito es seguir entregando la industria eléctrica a particulares, nacionales y extranjeros.
Y qué decir de Peña Nieto, que al día siguiente o a los dos días de la infamia contra los trabajadores del SME, salió a respaldar a Calderón y, junto con otros gobernadores, apoya abiertamente el aumento de impuestos, de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz, porque además de congraciarse con la oligarquía, se quedarán con una parte importante del botín.
Las Cámaras de Diputados y Senadores están convertidas en un mercado de intereses y componendas. Es todo un espectáculo observar cómo diputados del PRI y del PAN aprueban aumentos de impuestos, cuando hasta hace unos meses, en sus campañas políticas, de manera cínica, prometían a sus electores exactamente lo contrario.
Llama la atención ver maniobrar al senador Manlio Fabio Beltrones, fingiendo, tratando de engañar que es opositor al paquete económico, cuando en realidad lo que busca es defender los privilegios fiscales del pequeño grupo de potentados del país.
Y por si fuera poco, es patético el sometimiento y la vileza que prevalece en la mayoría de los medios de comunicación. Baste decir que 15 días antes de la desaparición injusta e ilegal de Luz y Fuerza, un lunes, iniciando la semana, casi todos los columnistas y conductores de radio y televisión, alineados y por consigna, empezaron a preparar el terreno para tratar de justificar el golpe al SME.
Algunos, rasgándose las vestiduras, llegaron a cuestionar que había trabajadores que ganaban hasta 8 mil pesos al mes, cuando la pregunta obligada sería: ¿Y cuánto les pagan a ellos? Por cierto, sería conveniente que lo hicieran público, porque hay algunos que obtienen más que los diputados, que los senadores, que los magistrados y hasta más que los ministros de la Corte, que reciben 600 mil pesos mensuales.
En fin, amigas y amigos, son tiempos de canallas, pero no venimos sólo a hablar de eso. Venimos a defender al pueblo y a la nación. Venimos a oponernos a los aumentos de impuestos y a la injusticia cometida contra los 44 mil trabajadores del SME. Este es un acto de resistencia civil pacífica.
Les recuerdo que el 13 de octubre presentamos, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, en tiempo y forma, dos proyectos de decreto para enfrentar la crisis de las finanzas públicas sin aumentar impuestos, combustibles y sin endeudar al país.
Aquí repito, el gobierno sostiene que hay un déficit o faltante de 360 mil millones de pesos y nosotros proponemos que se apruebe una ley de austeridad republicana, que ya se presentó para ahorrar 200 mil millones de pesos y que se lleve a cabo una reforma legal para abolir los privilegios fiscales de los potentados, con lo cual se obtendrían 300 mil millones de pesos. Es decir, con estas dos medidas se generarían 500 mil millones de pesos.
De esta manera, no sólo se resolvería el problema de las finanzas públicas, sino que habrían disponibles 140 mil millones de pesos para fortalecer a pequeñas y medianas empresas, proteger el empleo, apoyar al campo y garantizar el derecho del pueblo a la educación, la salud y al bienestar.
El día de hoy –como aquí lo informó el senador Monreal— me reuní con senadores de los tres partidos del Frente Amplio Progresista y les pedí, a nombre de nuestro movimiento, que se promueva la aprobación de estas dos iniciativas, antes de votar la Ley de Ingresos y otros proyectos fiscales enviados por la Cámara de Diputados.
Les expresé a nuestros senadores que es falsa la afirmación de que “no hay de otra”, esa cantaleta que usan cada vez que cometen una fechoría. Claro que sí hay de otra. Existe nuestra propuesta que es viable y justa.
Asimismo, les insistí a nuestros senadores, de manera respetuosa, que no aprobaran el aumento al IVA, a los servicios de telecomunicaciones, a los depósitos en efectivo y que no aprobaran el aumento al Impuesto Sobre la Renta, que afecta más a quienes ganan de 6 mil a 50 mil pesos mensuales, que les afecta más, porque están queriendo aumentar el ISR de 28 a 30 por ciento.
Pero el que obtiene de 6 mil 400 a 50 mil, va a tener que pagar en promedio 7.5 por ciento más de Impuesto Sobre la Renta. Hasta en esto hay regresividad.
Tampoco considero deben aceptar el alza del 17 por ciento en promedio a las gasolinas, el diesel, el gas y la luz, ni aceptar el aumento del déficit público.
Aquí abro un paréntesis para expresar mi reconocimiento a nuestros diputados del movimiento que actuaron de manera consecuente la semana pasada. Estoy seguro que de la misma forma van a actuar nuestros senadores.
Se trata de un asunto de gran trascendencia para la vida pública del país. Es inaceptable que por mantener privilegios de la alta burocracia y de los potentados, se decida exprimir aún más al pueblo y se siga endeudando al país.
Sólo recuerdo que un mayor déficit público es sinónimo de más endeudamiento, porque hablan de déficit público y mucha gente no sabe a ciencia cierta de que se trata. Recuerden ustedes que cada vez que escuchen que va a aumentar el déficit público, es que van a contratar más deuda, que van a endeudar más al país, con todos sus inconvenientes que esto significa.
Si aumentan el déficit público hay el riesgo de que baje la calificación crediticia del país, que se eleve el pago por el servicio del financiamiento y, desde luego con esta medida, se continúe hipotecando el futuro de los mexicanos.
Es el momento de iniciar, desde el Senado, un debate nacional sobre los privilegios de las cúpulas del poder económico y del poder político en México. Debe saberse por qué los altos funcionarios públicos de nuestro país ganan más que en otras partes del mundo.
Es obligado que con argumentos se explique por qué un trabajador asalariado, un profesionista, un integrante de la clase media, un pequeño o mediano empresario y comerciante, paga en proporción a sus ingresos, hasta 1,500 por ciento más de Impuesto sobre la Renta que los más grandes empresarios y banqueros del país.
Hagamos valer como ciudadanos nuestro derecho a la información. Exijamos que se transparente todo lo relacionado con el pago de impuestos. Tenemos que oponernos a la violación del principio de progresividad que establece el artículo 31 de nuestra Constitución.
Amigas y amigos:
Aquí reitero, al mismo tiempo, nuestro apoyo firme y decidido a los trabajadores electricistas. Es injusto y es inhumano lo que les están haciendo.
Nada más es cosa de pensar cómo se atreven en épocas de crisis, cuando no hay trabajo, despedir a 44 mil trabajadores. Dijo hace unos días el pelele de Calderón que no tenía problemas de conciencia. Si es así, realmente estamos frente a una persona que no tiene sentimientos, porque nadie podría tener tranquila su conciencia tomando una decisión de dejar sin trabajo en estos momentos a 44 mil trabajadores.
He estado pendiente desde Oaxaca. Estoy recorriendo todos los municipios de usos y costumbre y he estado leyendo las crónicas en los periódicos, sobre todo en el único periódico que realmente defiende al pueblo y defiende a los trabajadores.
Me conmovió leer hace unos días que una trabajadora del SME, obligada por las circunstancias, porque es una canallada lo que están haciendo, fue a cobrar su liquidación. Cuando le entregaron su liquidación, lloraba diciendo qué cómo les hacían eso. Y esto es lo que duele en estos momentos, en esta situación por la cual atraviesan los electricistas y sus familias.
Por eso, todo nuestro apoyo a los trabajadores del SME.
No podemos nosotros, lo dijo la vez pasada, reemplazar a la dirección del SME en la toma de decisiones, en qué hacer ante esta situación. Nosotros vamos a seguir actuando bajo la conducción de los dirigentes del SME. Vamos a seguir apoyando sin protagonismos, pero con efectividad.
Continuaremos participando en todas las movilizaciones y acciones de resistencia civil pacífica que ellos convoquen. Y ya iniciamos la campaña de acopio de víveres para apoyar, en todo lo que podamos, a sus familias.
No olvidemos: La defensa del SME es la defensa de los derechos del pueblo. Es defender las conquistas de todos los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes, de las clases medias y de los sectores más pobres del país. Si no hacemos nada por ellos, la oligarquía no se detendrá, con soberbia y autoritarismo, irá por más y contra todos.
Por eso es momento de unidad de todas las fuerzas progresista del país. Unidad del movimiento campesino, del movimiento obrero, del movimiento ciudadano, todos juntos para parar esta ofensiva y lograr la derogación de ese decreto ilegal e inconstitucional.
¿Aceptan la propuesta del SME de unirnos?
La Comisión de Enlace de nuestro movimiento con los dirigentes del SME ya nos ha informado. Aquí informó Jesús Martín del Campo de los acuerdos y tareas. Vamos a darle seguimiento a todo este acuerdo de defender los derechos de los trabajadores electricistas.
Amigas y amigos:
En estos momentos definitorios, y esto hay que tenerlo muy presente, aunque tengamos el corazón caliente, debemos actuar con la cabeza fría. Una cosa es resistir con firmeza y otra es caer en la trampa de la violencia.
Nada de provocación, como ustedes lo saben y lo dicen. Eso es lo que quisieran. Tenemos que darle la vuelta, no es un asunto que se tanga que resolver enfrentando a la policía o al Ejército. Este es un asunto que se tiene que resolver con la movilización ciudadana y con la resistencia civil pacífica.
Lo que quisieran nuestros adversarios es que perdiéramos la cabeza, no lo van a conseguir. Nosotros tenemos la razón y la razón siempre triunfa. La justicia tarda, pero llega.
Lo importante, y hay muchos ejemplos en la historia. Miren, cuántas lecciones nos dejó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez. Una de esas elecciones tiene que ver con la perseverancia y la terquedad en la defensa de los ideales, de los principios y de las causas que se defienden.
Lo importante es la perseverancia y la terquedad. Lo importante es no cansarnos y, mucho menos, claudicar. Estemos atentos y pendientes a cualquier llamado. Sigamos respaldando a nuestros legisladores, a los senadores y cuando regrese de nuevo el proyecto, que espero se modifique en el Senado, cuando regrese a la Cámara de Diputados, de nueva cuenta, estoy seguro que ahí van a estar, de pié, en lucha, con argumentos nuestros diputados, defendiendo al pueblo y defendiendo a la nación.
Esto todavía no termina. Acudamos al llamado que nos hagan los dirigentes del SME. Sigamos defendiendo al pueblo y a la nación, pero no dejemos de hacer trabajo de orientación, trabajo de concientización y organización.
Ahí está la clave, hay que orienta, hay organizar al pueblo, para derrotar a la oligarquía en el terreno político, de manera pacífica, hasta construir un gobierno verdaderamente democrático, un gobierno del pueblo y para el pueblo, para que entonces las riquezas de México y el fruto del trabajo del pueblo se distribuya con justicia, alcance a todos, haya bienestar en nuestro país y se garantice la felicidad que merece nuestro pueblo.
Ese es el propósito principal: la transformación de la vida pública de México. No olvidemos ese objetivo superior, queremos la transformación de la vida pública del país.
Y, repito, ha habido en la historia de México tres grandes transformaciones: la Independencia, la Reforma y la Revolución y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país.
No es esta lucha nada más para ocupar cargos públicos. Entendemos que la política es hacer historia y a eso estamos convocados. Ese es el propósito que tenemos.
Dirán algunos que es utópico, que es un sueño, pero los sueños de las mujeres y de los hombres de hoy, van a ser las realidades del mañana.
Tenemos que salvar a México, tenemos que liberar a nuestro pueblo de la opresión.
¡Viva la resistencia civil pacífica!
¡Viva los trabajadores electricistas!
¡Viva el SME!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
