domingo, octubre 25, 2009

Reporte del Primer Festival "ROCK, LUZ Y FUERZA" en apoyo al S.M.E.


JOVENES Y CIUDADANIA EN EJEMPLAR Y COMBATIVA ACTITUD DE APOYO AL SME

La jornada de acopio de víveres y recursos económicos para apoyar a las familias del SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS fue un rotundo éxito, puesto que el apoyo brindado por los jovenes músicos de diferentes generos y tendencias musicales, permitieron que de las 16:00 a las 21:00 disfrutaramos un sabado ciudadano en el corazón de nuestra ciudad de Puebla y mantuvieron atentos, combativos, informados y animados a varios cientos de ciudadanos que de forma intermitente asistieron, apoyaron y fueron informados de la problematica laboral y agresiones que sufre este destacamento de la clase obrera mexicana.

El apoyo económico y material que la ciudadanía poblana aporto a nuestros hermanos electricistas los dejo satisfechos y convencidos de que en esta parte del país, el apoyo al SME por parte de algunos poblanos es real y no de palabra, en los hechos y en donde se requiere.

Finalmente el CCCP agradece infinitamente a las bandas, a las organizaciones y partidos de la izquierda que apoyaron y nos permitieron demostrar que cualquier esfuerzo ciudadano puede cristalizar satisfactoriamente y con éxito cuando los ciudadanos nos ponemos a trabajar ferreamente en pro de cualquier causa, en vez de estar criticando y perdiendo el tiempo en discusiones y ataques personalistas. También nuestro sincero agradecimiento a los periodistas y comunicadores honestos que difundieron en días pasados este evento.


LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ACOPIO DE VIVERES:








LOS COMBATIVOS REPRESENTANTES DEL S.M.E.



LAS BANDAS PARTICIPANTES:

BANDA ALTERNATI-VOX ROCK ABRIO EL EVENTO.

DESTACADA PARTICIPACION DE LA BANDA DRYGRAPES, EXCELENTE SKA.

LOS COMPAS LIBERTARIO SOUND SYSTEM, PURA FILOSOFIA RASTA.


LA BANDA DE PLASMA, COMPUESTA POR JOVENES UNIVERSITARIOS.

LA BANDA IN THE NOISE, COMPUESTA POR JÓVENES PREPOS DE LA CAPITAL POBLANA, TAMBIEN DELEITÓ CON SU ESTILO MUSICAL A LOS ZOCALISTAS.

NUEVAMENTE ALTERNATI-VOX, CERRANDO EL EVENTO.

LOS ORADORES:

ALEJANDRO CARRILLO DEL C.C.C.P.

ING. ARMANDO ETCHEVERRY, ESPECIALISTA EN TEMAS ENERGETICOS.

EL COP. DARIO OMAR REPRESENTANTE DE LA CASA DEL MOVIMIENTO OBRADORISTA EN PUEBLA.


DIPUTADO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN EL CONGRESO LOCAL, COMP. PEPE MOMOXPAN.


REGIDOR DEL PRD EN EL AYTO. DE PUEBLA DR. JAIME CID, INVALUABLE SU APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO.


COMP. ZEFERINO MARTINEZ DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN PUEBLA.

PUBLICO Y CIUDADANOS PARTICIPANTES:

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Decenas de organizaciones analizarán si van a una huelga general con los electricistas

Hay que revertir el despotismo oficial con un frente nacional: SME

Miembros del sindicato de LFC apremian a sus dirigentes a preparar acciones más contundentes

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Durante la asamblea de ayer, Jesús Torres Nuño, dirigente del sindicato de Euzkadi, entrega al líder del SME, Martín Esparza, un cheque como apoyo a la resistencia de los electricistas, pues las cuentas bancarias de este gremio están congeladasFoto José Antonio López


Fabiola Martínez

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a integrar un frente nacional de lucha con el propósito de revertir las decisiones de un gobierno al que calificó de despótico, autoritario y represivo.

El gobierno sacó a nuestros compañeros con la fuerza pública y de un día para otro dejó sin empleo a 44 mil trabajadores, pero cada uno de sus actos los va a pagar con el movimiento nacional pacífico, advirtió Martín Esparza, líder del SME.

En apoyo a la convocatoria de los electricistas, de pasar de las acciones aisladas a las colectivas, decenas de organizaciones políticas, campesinas, universitarias y de la sociedad civil participaron ayer en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular.

Tras cuatro horas de discursos y análisis, acordaron consultar con sus bases la posibilidad de sumarse a una huelga o paro nacional, en repudio al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el aumento de impuestos.

No obstante, los electricistas que presenciaron la asamblea exigieron a sus líderes y a las organizaciones solidarias que las acciones fueran inmediatas. Primero con expresiones aisladas y luego al unísono, clamaron por la huelga nacional y por impulsar otras acciones más contundentes.

Tres semanas sin salario

Han pasado 14 días desde que fuerzas federales ocuparon LFC, 13 días del decreto presidencial que puso fin a su fuente de empleo y casi tres semanas sin cobrar salario.

Pese al reclamo de la base del SME, las organizaciones acordaron reunirse el 5 de noviembre para informar de sus resolutivos y evaluar el arranque del plan de acción definido este sábado.

La nueva etapa de lucha incluye una jornada de resistencia civil el viernes próximo, cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá sobre el fin de las contrataciones individuales y colectivas de los trabajadores de LFC. El comité central del SME citó a los afiliados a la audiencia. También emprenderán una campaña de información para contrarrestar la difamación de que son objeto los electricistas, principalmente en radio y televisión.

Aunque en un principio el SME llamó a sumarse a un paro el 30 de octubre, los dirigentes encabezados por Esparza optaron por esperar con la finalidad de llevar el movimiento a escala nacional. Se habló de formar comités de resistencia y de información en todo el país, con el apoyo de otras agrupaciones, como el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, cuyos enlaces ofrecieron las casas y comités integrados para difundir como prioridad la lucha del SME.

Durante la asamblea, los electricistas insistieron en llevar el plan de acción a otro terreno. Unos exigieron la huelga, mientras otros propusieron –con gritos desde su asiento o en corto frente a su líder– la toma de carreteras o apersonarse en las instalaciones de LFC, enfrentar a las fuerzas federales y recuperar su fuente de empleo.

Esparza les pidió no dejarse enganchar en actos de provocación del gobierno, porque la lucha del SME es pacífica. “No podemos enfrentar al Ejército ni a la policía porque también son pueblo […] ¡Podemos salir adelante si mantenemos este movimiento nacional!”, dijo.

Los instó a no cobrar su liquidación, en tanto avanzan las alternativas de defensa jurídica para contrarrestar el decreto del 11 de octubre: amparos y una controversia constitucional que deberá presentar un grupo de diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El gobierno, por conducto de la instancia liquidadora de LFC, afirma que casi 12 mil trabajadores han cobrado su finiquito. En entrevista, Esparza afirmó que el sindicato no posee información al respecto, pero sí tiene datos de que el bono que se ofrece a los trabajadores como pago adicional (para quienes acepten su finiquito antes del 14 de noviembre) constituye peculado, porque se están tomando sin autorización recursos del gasto corriente de LFC.

Desde las 10 horas se llenó el auditorio del SME, en Insurgentes Centro 98. Como en otras reuniones, desde la toma de LFC, miles siguieron el curso de la asamblea afuera mediante megáfonos instalados en la calle de Antonio Caso.

En una ronda de casi 20 oradores y los saludos que enviaron decenas de organizaciones nacionales y extranjeras, el SME recibió apoyo de numerosos sindicatos, que son los que pueden emplazar a huelga por solidaridad. El resto de las organizaciones o personas manifestaron su apoyo por otras vías.

Entre las organizaciones que acudieron a la asamblea estuvieron telefonistas, tranviarios, trabajadores de la UNAM y de otras universidades públicas; el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Colegio de Bachilleres (en huelga), así como secciones o grupos disidentes de sus propios sindicatos.

También asistió una representación de Cruz López, líder de la priísta Confederación Nacional Campesina. En entrevista aparte, el dirigente cenecista Gerardo Sánchez manifestó que esta central está en disposición de participar en un paro nacional para exigir respeto a los derechos laborales y la autonomía sindical.

La Central Campesina Cardenista, igual que otros grupos, no dudó en buscar la forma de apoyar a los electricistas, porque el golpe que se ha dado al SME es un golpe para todo el movimiento obrero democrático.

Del ámbito social y legislativo acudieron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Atenco); diputados del PT, como Gerardo Fernández Noroña, quien instó a no pagar la luz.

También asistieron del PRD, como Agustín Guerrero y Víctor Castro, entre muchos que advirtieron que no hay tiempo para las medias tintas o para simular la solidaridad. Además, invitados de organizaciones variopintas, lo mismo defensores de los derechos humanos que organizaciones populares del campo y de la ciudad.

Ayuda ante la dificultad

En su discurso, Esparza pidió solidaridad en los hechos, en referencia a la necesidad de recibir víveres y apoyos económicos que permitan al SME resistir, toda vez que sus cuentas bancarias están congeladas.

El único que respondió de inmediato a la solidaridad en los hechos fue el dirigente del sindicato de Euzkadi, Jesús Torres Nuño, quien durante tres años encabezó una huelga por la reapertura de la fuente de empleo, ahora convertida en cooperativa, y anunció que están dispuestos a parar su fábrica de llantas en solidaridad con el SME, que a su vez los apoyó durante su lucha. Enseguida entregó a Esparza un cheque por 15 mil pesos y se comprometió a enviar una cantidad similar cada semana. El dirigente de Euzkadi buscó que otros gremios lanzaran compromisos similares: aquí están los compañeros telefonistas, expresó.

En el plan de acción se dejó para otro momento la definición de la fecha de la huelga nacional. Esparza y los secretarios del interior y del exterior del SME, Humberto Montes de Oca y Fernando Amezcua, debieron calmar los ánimos y explicar a sus compañeros: para que la huelga funcione, tiene que organizarse, los sindicatos deben consultar a sus bases y cuidar todos los aspectos jurídicos.

Tras la asamblea, muchos manifestaron su desacuerdo por demorar una decisión que consideran fundamental para fortalecer el movimiento de resistencia, aunque también comentaron las palabras de la indígena Julieta Bautista quien, mucho más amolada que nosotros (en silla de ruedas y con una enfermedad terminal), les suplicó que luchen y den la batalla pero sobre todo que se unan porque el SME no se puede perder.

Con información de Gabriel León

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Pide a Carlos Slim atender municipios oaxaqueños marginados de telefonía fija y celular

Impulsará López Obrador debate sobre los consorcios que no pagan impuestos

Prevé que el tema genere una reacción, pues la gente desconoce que esas firmas tributan poco

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Andrés Manuel López Obrador platica con un campesino de San Mateo Sindihui, OaxacaFoto La Jornada


Alma E. Muñoz
Enviada
Periódico La Jornada
Domingo 25 de octubre de 2009, p. 7

San Miguel Piedras, Oax., 24 de octubre. Andrés Manuel López Obrador se pronunció por abolir el régimen de consolidación fiscal que, afirmó, permite a las grandes empresas evadir impuestos. Se refirió a firmas como Coca-Cola, Bimbo, Cemex, Maseca, Banamex, Bancomer y Teléfonos de México, a cuyo dueño le envió un mensaje desde temprana hora:

“Le envío un saludo y, al mismo tiempo, una petición respetuosa al dueño de Telmex, a Carlos Slim. Estoy recorriendo todos los municipios de Oaxaca. De entrada comento que no es cierto que todo México sea territorio Telcel. En 95 por ciento del territorio de Oaxaca no entra la comunicación por celular.

Estoy visitando municipios como éste, de San Miguel Piedras, y no hay teléfonos fijos, sólo hay uno particular en el ayuntamiento. Me están solicitando que les ayudemos en el trámite. Ojalá responda Telmex, no sólo en este caso; se repite en otros municipios. Ojalá se cubra con comunicación a todas estas comunidades, a todos estos pueblos aislados, marginados, pobres de Oaxaca.

En este lugar comenzó el ex candidato presidencial su gira del día por municipios de usos y costumbres del estado. Para llegar allí, acompañado de los senadores Gabino Cué y Salomón Jara, recorrió casi cuatro horas de camino de terracería desde la ciudad de Oaxaca. Según el ex candidato presidencial, las vías de acceso a 300 de 570 alcaldías de la entidad no están pavimentadas. Luego continuó por otras cinco alcaldías –San Pedro Tezoacoalco, Yutanduchi de Guerrero, San Mateo Sindihui, San Jerónimo Sosola y Santiago Tenango. Empezó a las 7 de la mañana y concluyó pasadas las 21 horas.

A los pobladores de estos municipios les informó sobre la decisión de PRI y PAN de aprobar, en la Cámara de Diputados, aumentos de impuestos, contenidos en la Ley de Ingresos 2010.

Mil 500 por ciento más

Se pronunció por abolir el régimen de consolidación fiscal, pues “contradice la Constitución, porque no existe progresividad. No es posible que una persona –un profesionista, un trabajador asalariado, un pequeño o mediano comerciante– pague mil 500 por ciento más de impuesto sobre la renta que el hombre más rico de México”.

Quien gana más de 33 mil pesos como asalariado paga, insistió, 28 por ciento de ese gravamen, mientras 400 grandes empresas, con ingresos por 5 billones de pesos al año , es decir la mitad del producto interno bruto, sólo pagaron 1.7 por ciento.

Entrevistado en San Jerónimo Sosola, López Obrador recordó que el régimen de consolidación fiscal fue establecido en 1973, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), y se ha mantenido para permitir a las grandes empresas evadir el pago de impuestos.

Consorcios defendidos

Aseguró que este es el tema que eluden los priístas. Es el tema que está defendiendo (el senador priísta) Manlio Fabio Beltrones; está haciéndola de defensor de las 400 grandes corporaciones que no pagan impuestos.

Pero nosotros, resaltó, exigiremos que el tema se ventile, se debata nacionalmente porque esto no lo sabe la gente. Cuando se sepa va a generar naturalmente una reacción. O sea, ¿con qué autoridad moral piden a todos los mexicanos que paguen más impuestos si éstos no pagan?, preguntó.

El ex candidato presidencial insistió que existen otras salidas para fortalecer las finanzas públicas. El gobierno federal declara que hay un hoyo de 360 mil millones de pesos. Nosotros hemos presentado dos iniciativas, para una ley de austeridad republicana y una reforma que termine con los regímenes fiscales especiales.

Con la primera, que implica reducción de salarios y privilegios de la alta burocracia, así como desaparición de pensiones a ex presidentes de la República, se ahorrarían 200 mil millones de pesos; y con la segunda, ingresos adicionales por 300 mil millones, sin exprimir al pueblo, sólo con hacer que las grandes firmas paguen impuestos.

Así que, si el faltante es de 360 mil millones de pesos, con nuestra propuesta se cubre y quedarían 140 mil millones de pesos para impulsar actividades productivas, del campo, proteger el empleo y el bienestar de la gente.

Reiteró su invitación a la asamblea del Movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional que encabezará este lunes a las 17 horas frente al Senado de la República.

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Ánimos encendidos en la Gran Asamblea Nacional por la Resistencia Popular

¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga!, clamaban miles de voces dentro y fuera del SME

El sindicato cuenta con más de 100 abogados para emprender la batalla legal: Martín Esparza

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Un momento durante la asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, este sábadoFoto José Antonio López





Jaime Avilés

Periódico La Jornada
Domingo 25 de octubre de 2009, p. 4

Después de cuatro horas de intensa y apasionada discusión –en la que participaron más de 30 organizaciones solidarias–, y en un auditorio lleno a reventar, con altoparlantes para miles de personas más que escuchaban las intervenciones en la calle, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordó que el próximo jueves 5 de noviembre, a partir de las cuatro de la tarde, definirá la fecha en que podría estallar una huelga nacional contra el decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro.

¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga!, clamaban insistentemente miles de gargantas, lo mismo dentro del nuevo auditorio del SME como afuera, en la esquina de Insurgentes Centro y Antonio Caso, donde la multitud comenzó a congregarse desde las 9 de la mañana ansiosa de escuchar las resoluciones de la llamada Gran Asamblea Nacional por la Resistencia Popular.

En el estrado, a los flancos del secretario general del SME, Martín Esparza Flores, estaban los integrantes de la comisión de enlace del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular –Ifigenia Martínez, Gerardo Fernández Noroña y Jesús Martín del Campo– con los electricistas en lucha, Pero en el escenario estaban también representantes de numerosas organizaciones.

A saber, de la poderosa AFL-CIO, de Estados Unidos; de los trabajadores telefonistas de la República, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los sindicalistas de la UNAM, la UAM, el Politécnico y la BUAP, del Colegio de Bachilleres, de la Alianza de Tranviarios, de las secciones 9 (DF), 22 (Oaxaca) y 18 (Puebla) del SNTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, opositora a la dirigencia de Elba Esther Gordillo.

Había también estudiantes de la UNAM, la UAM, el Poli, la UACM y la Unisur, así como miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco; estaba la dirección política de la Unión Nacional de Trabajadores, el Servicio de Asesoría para la Paz, del obispo emérito don Samuel Ruiz García; del movimiento Sin Maíz no Hay País, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, los líderes del Diálogo Nacional y algunos sindicatos del Gobierno del Distrito Federal, como el del Metro y el de la Atención a los Adultos Mayores.

Quienes no enviaron delegados o siquiera un saludo fraterno fueron los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Citada para las 10 de la mañana, la asamblea comenzó una hora después debido al tumulto reconcentrado en Insurgentes y Antonio Caso, donde proliferaban las cartulinas con mensajes contra Felipe Calderón. Uno bromeaba del siguiente modo: “Calderón, te dijeron que acabaras con La Familia, pero no con la de los electricistas”.

Entre las consignas que la gente gritaba, adentro y afuera del auditorio, además de la de ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga, sobresalían las que a últimas fechas han cobrado popularidad, como la de ¡El SME se queda, Calderón se va!, y la de ¡Si no hay solución, caerá Calderón!

En la sucesión de discursos y mensajes pletóricos de iniciativas hubo de todo, pero las arengas más incendiarias eran saludadas con mayor entusiasmo, con los gritos clásicos de ¡Duro, duro, duro! y Aquí se ve la fuerza del SME. Algunos oradores, como los de Diálogo Nacional, argumentaron que el movimiento debía responder con rapidez porque el tiempo está corriendo en nuestra contra.

Uno propuso tomar el Distrito Federal el 5 de noviembre, paralizando fábricas y centros de estudio en todos los niveles; organizar caravanas informativas que en esa fecha partieran de todos los estados hacia la capital del país y estallar una huelga nacional indefinida con tres demandas: abolición del decreto que extinguió a Luz y Fuerza; rechazo al paquete fiscal que aumenta y crea nuevos impuestos y renuncia de Felipe Calderón por traición a la patria.

Aunque la ovación que produjo este discurso fue trepidante, el moderador de la asamblea dijo que serían, a fin de cuentas, los líderes del SME los que definirían el plan de acción. Eso, en lugar de enfriar los ánimos, arreció el coro multitudinario que pedía ¡huelga!

Con esa palabra de dos sílabas, repetida infinitas veces, fue recibida y luego despedida la intervención de Martín Esparza Flores, a quien tras llamarlo al podio por su nombre y para conjurar la gritería que seguía pidiendo huelga, el moderador acudió al viejo truco de pedir las iniciales del sindicato: ¡Dame una ese! Y todos contestaron ¡ese!, y después ¡eme! y después ¡eee!, para terminar coreando ¡esmé, esmé, esmé, esmé! con el puño en alto y hasta casi quedarse afónicos.

Lucha pacífica

El líder, con aplomo, hizo un resumen de la situación, desmintiendo a quienes afirman que Luz y Fuerza es una empresa anacrónica, lo cual, agregó, es falso porque tiene más de 100 años de antigüedad y sigue manteniendo encendida a la ciudad más grande del mundo. Luego subrayó que esta lucha es y será pacífica y aseguró que el movimiento obrero no se enfrentará con la Policía Federal, que también es pueblo, ni con el Ejército, que también es pueblo.

Añadió, en cambio, que se dará una batalla legal en toda la línea y que el sindicato cuenta ya con más de 100 abogados que trabajarán gratuitamente. Pero ante la insistencia de quienes ya volvían a gritar ¡huelga!, y eran muchísimos, Esparza Flores recordó que lo primero que se necesita para hacer una huelga general es organizarla, razonable idea que fue saludada con nutridos aplausos.

Así, tras la intervención del líder máximo, otro dirigente del SME, Humberto Montes de Oca, resumió las tareas que se efectuarán de aquí al 5 de noviembre. El 30 de octubre los 44 mil miembros del sindicato deberán acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en Azcapotzalco, a impugnar el decreto y pedir su anulación, ya que el gobierno, antes de extinguirlos, no les concedió derecho de audiencia, algo que se les otorga incluso a los que matan.

Ese día, pero por la tarde, habrá una reunión de comités estudiantiles de todas las universidades en el local de Antonio Caso número 9, y los demás sindicatos consultarán a sus bases y las llamarán a emplazar a huelga por solidaridad, misma que, si las organizaciones lo aprueban, estallará en la fecha que defina la asamblea del 5 de noviembre y que levantará dos únicas demandas: abolición del decreto que acabó con Luz y Fuerza y rechazo al paquete económico de Hacienda. Esas eran dos de las tres exigencias que habían planteado distintos oradores, pero a la hora de sintetizar las propuestas, el SME eliminó la tercera, es decir, la relativa a la renuncia de Calderón.

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El Estado, las empresas públicas y sus trabajadores

Arnaldo Córdova

Las empresas públicas, nos enseñaba el maestro Mario de la Cueva, no pueden por más de ser definidas como aquellas que prestan un servicio de naturaleza pública y ello tiene innumerables connotaciones. En nuestro derecho administrativo se ha desarrollado muy poco o muy descuidadamente el concepto de servicio público, el que está señalado en varios artículos de la Constitución y de nuestras leyes. El conflicto que se ha desencadenado a raíz de la ilegal y anticonstitucional extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) pone en el centro del debate el tema, sobre todo si nos ponemos a definir el papel que deben desempeñar sus correlatos: el Estado, las empresas que prestan el servicio y sus trabajadores.

El artículo 27 constitucional determina lo que es el servicio público: una actividad de carácter económico o social que debe reservarse al Estado porque no puede ser, para alcanzar sus objetivos, objeto de explotación o usufructo privados. Entre ellos está claramente señalado el servicio público de generación y distribución de energía eléctrica. El artículo 28 establece las condiciones en que ese servicio puede concesionarse a privados, pero sin dejar de ser lo que es originalmente, vale decir, un servicio público. En todo caso, el Estado debe crear los organismos o los entes que se dediquen a la generación o producción y a la distribución de ese servicio.

Como podrá observarse fácilmente, el sujeto principal del razonamiento constitucional es el servicio y el derivado la empresa pública que se encargue del mismo. En una hipótesis extrema, si el servicio desaparece, también lo hace la empresa; pero no puede postularse que cuando el servicio persiste la desaparición de la empresa implica la desaparición del mismo. Ahora supongamos el caso de Luz y Fuerza del Centro. La empresa desaparece, se extingue, pero el servicio sigue. Otra empresa, la CFE, se sustituye a ella o lo hará otro ente que sea creado. El servicio sigue ahí.

De acuerdo con los principios inscritos en la Carta Magna, el gobierno, administrador de los bienes de la nación y proveedor de los servicios públicos, no puede entregarlo a privados. Debe seguir prestándolo él. El decreto de Calderón no anuló el servicio; sólo extinguió una empresa. En su solución, absurda de cualquier forma que se la mire, pasa la prestación del servicio a otro ente público, la CFE. Estaría en lo correcto, en abstracto. Pero existe una relación de trabajo que involucra a los trabajadores encargados de la prestación del servicio. Dejemos de lado que los trabajadores de la CFE son tan ineptos para manejar el servicio (que por cierto se parece muy poco al que opera en Guadalajara, como dijo Elías Ayub). Se trata de la relación de los antiguos trabajadores, los del SME, con el servicio.

En la lógica del decreto de extinción sólo cabrían dos hipótesis: o la CFE opera con los antiguos trabajadores del servicio y firma un contrato con el SME para ese propósito, o, en caso de crearse un nuevo ente, como estúpidamente lo sugirió sin saber de lo que hablaba la secretaria de Energía, ese nuevo ente tendría que revalidar o firmar un nuevo contrato con los antiguos trabajadores de ese servicio público. No entiendo cómo los panistas pudieron imaginar que, deshaciéndose de la antigua empresa pública, podían desembarazarse, así como así, de los trabajadores, que no tendrían nada que ver en este cochupo incalificable.

En el derecho del trabajo hay un concepto que es fundador: el de fuente del trabajo. Cuando se trata de una empresa privada, la fuente es la empresa misma; en una empresa pública la fuente no es la empresa o ente públicos, sino el servicio. En este caso el servicio no podía desaparecer, por lo que la relación de trabajo tampoco podía desaparecer con la extinción de la empresa. La mayor imperfección de nuestro derecho del trabajo es que no distingue ambas situaciones. La una es una relación de derecho del trabajo de servicio privado, la otra lo es de derecho del trabajo de servicio público. Es el rompecabezas de nuestros iuslaboralistas, que deben lidiar con esa ambigüedad, en la teoría y en la práctica.

La mayor iniquidad radica en que eso que podría llamarse derecho del trabajo de servicio público sólo está dedicado a acotar y limitar a los trabajadores al servicio burocrático del Estado y que se consagra en esa monstruosidad constitucional y jurídica que es el apartado B del artículo 123, y que no guarda relación con la situación laboral de los trabajadores al servicio de las empresas públicas. Tratar a las empresas públicas y a sus trabajadores organizados como si fueran entes privados da lugar a las mayores atrocidades desde el poder del Estado, como en este caso.

La historia de LFC parecería una rara avis en el contexto de nuestro orden jurídico y constitucional. Desde que se estableció, en vía de prevención, su liquidación desde los tiempos de Echeverría, se pensaba en la creación de un organismo descentralizado que se hiciera cargo del servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país. Nunca se pudo saber por qué no se integró esa zona al ámbito de competencia de la CFE. Se alegaron muchas cosas y siempre sobresalía la versión de que el verdadero obstáculo lo representaba el SME.

En todo caso, el SME tenía sus demandas: crear un organismo especial en la zona centro, con respeto a su contrato colectivo de trabajo y al desarrollo integral de la industria en esa zona. Pero no más y jamás fue pretexto para que no se diera ese proceso. Rafael Galván hizo muchos pronunciamientos y siempre denunció los oscuros intereses que lo impedían. Los mismos funcionarios públicos, asociados con los intereses patronales desde ese entonces, tenían sus intereses aparte con LFC y en ello radicaba su incapacidad para resolver lo único que pedía el SME: que los derechos de sus trabajadores fueran respetados y, por decirlo así, integrados en la integración. Una razón que no dependía del sindicato, era que sus trabajadores tenían mejores condiciones de trabajo. Que su sueldo mensual fuera de 6 mil pesos ya era importante, pero no puede decirse que eso fuera un privilegio.

Da verdadera grima constatar que el caso de esta empresa pública es el de todas las demás, por lo menos desde Salinas: nula inversión, obsolescencia de sus equipos y congelación de iniciativas tecnológicas, como se hizo con Pemex. Es bien sabido que los trabajadores resuelven problemas con diablitos y cables casi podridos. La intención de volverlas inoperantes sólo tiene una razón: hacerlas bocados apetecibles para los empresarios privados que vendrán a darnos un mal servicio, como todos los privados, sólo para engordar su billetera y enriquecerse a manos llenas con estos regímenes derechistas.

En mi próxima colaboración daré cuenta de los preceptos constitucionales y legales violados en esta materia.

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