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Ayer, unas 150 personas, en su mayoría mujeres, bloquearon Reforma y protestaron ante la PGR
Activistas, legisladores y académicos exigen castigo a los responsables y frenar feminicidios
Sábado 18 de diciembre de 2010, p. 12
El asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido la noche del jueves frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, despertó una reacción unánime de indignación en activistas, legisladores y académicos, quienes exigieron castigo a los responsables del crimen y acciones contundentes de las autoridades para detener los feminicidios en todo el país.
Ayer, en la ciudad de México, unas 150 personas se manifestaron ante la sede de la Secretaría de Gobernación (SG) para expresar su repudio al asesinato, y bloquearon alrededor de 20 minutos Paseo de la Reforma, a la altura de la Procuraduría General de la República (PGR).
En medio de consignas como No más violencia contra las mujeres
y Si tocan a una, nos tocan a todas
, los inconformes fueron replegados y cercados por un grupo de granaderos, para, finalmente, acordar con Lorenzo Gómez Hernández, director de Atención Ciudadana y Concertación Política de la SG, que este lunes se pondrían en contacto para agendar una posible reunión.
Los manifestantes, en voz de María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Andrea Medina Rosas, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, demandaron que en un plazo no mayor a 21 días, las autoridades les den fecha y lugar para dialogar con los titulares de la PGR, Arturo Chávez Chávez, y Gobernación, José Francisco Blake Mora.
Asimismo, pidieron reunirse con el gobernador chihuahuense César Duarte; el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes, y los coordinadores de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Por su parte, organizaciones feministas señalaron que el asesinato de Marisela Escobedo demuestra una vez más que el Estado mexicano no está siendo capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres ni de los luchadores sociales.
“Se requiere un cambio de timón a nivel nacional, porque lo que estamos viendo es una guerra contra la ciudadanía, una represión de los defensores de derechos humanos y una victimización de las mujeres frente a los feminicidios” aseguró Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, organización integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Alejandra Sepúlveda, de la organización feminista Pan y Rosas, exigió al gobierno justicia para las muertes de Marisela y Rubí, que se tomen todas las medidas necesarias para el cuidado de la hija de Rubí –que hoy queda por segunda vez huérfana
– y que se ponga un alto al feminicidio y a la persecución de luchadores sociales.
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Marisela Escobedo Ortiz, al centro, madre de la menor asesinada en 2008, realizó una marcha una semana antes del juicio contra el homicida de su hija. Varios amigos la apoyaron en su protesta
técnica jurídica.
Pese a la ausencia de resultados oficiales en las incipientes pesquisas sobre el caso, es posible afirmar que el crimen referido está directamente relacionado con el activismo que Escobedo Ortiz desempeñó en los últimos dos años, tiempo durante el cual se erigió en motor de tareas e investigaciones que, por ley, corresponden a la autoridad: evitó que las instancias estatales de seguridad pública y procuración de justicia dieran carpetazo a la desaparición y asesinato de su hija; contribuyó a la captura del culpable de esos delitos; encabezó protestas contra un fallo absolutorio impresentable; logró la revocación de éste en una instancia de apelación; ubicó al delincuente confeso, quien para entonces se hallaba prófugo, y presionó a la autoridad para recapturarlo. Como suele ocurrir en estos casos, el valor y la determinación con que Marisela Escobedo enfrentó a miembros de procuradurías, autoridades y jueces le costó ser objeto de múltiples amenazas y agresiones y, finalmente, fue asesinada frente a la máxima sede del poder público estatal y sin contar con la mínima protección por parte de las autoridades.
La muerte de la activista constituye, así, un alarmante testimonio de las incapacidades, las carencias, las improvisaciones y la inoperancia, en general, de las instancias nacionales y locales encargadas de la investigación, la procuración y la impartición de justicia. La más grave consecuencia de estos vicios, tanto en el caso de Marisela Escobedo como en muchos otros que ni siquiera salen a la luz pública, es la impunidad: al día de hoy persiste la certeza desalentadora de que, ya sea por las redes de corrupción que vinculan a la criminalidad organizada con fiscalías y órganos jurisdiccionales, o por las carencias intelectuales y técnicas de éstos, quedan sin resolver –esto es, sin esclarecer, sin identificar a los responsables y sin someterlos a juicio y a sanción– un alto porcentaje de los delitos graves en el país, y que en no pocos casos ello se vuelve contra las víctimas y sus familias.
Con estas consideraciones en mente, las acciones emprendidas por el gobierno estatal encabezado por César Duarte para esclarecer el asesinato comentado se muestran insuficientes: si bien es necesario investigar a los jueces que resolvieron la liberación de un criminal confeso, otro tanto debiera ocurrir con los fiscales que integraron, con deficiencias, los expedientes acusatorios correspondientes. Asimismo, el episodio es una demostración de que de muy poco sirven las modificaciones formales a los sistema de impartición de justicia –el de Chihuahua se basa, desde hace tres años, en juicios orales, y se caracteriza por penas particularmente severas contra los acusados que son hallados culpables– si en su operación y conducción persisten fallas y vicios inveterados, como los referidos.
Para finalizar, el asesinato de Marisela Escobedo no puede, desde ningún punto de vista, minimizarse ni verse como un hecho aislado: se inscribe, en cambio, en una lista de agresiones a activistas y defensores de derechos humanos en Chihuahua y en otras entidades, las cuales son atribuibles tanto a grupos delictivos como a autoridades de los distintos niveles de gobierno, y se multiplican en el presente contexto de violencia desorbitada e impunidad generalizada y en un clima de incertidumbre en todos los ámbitos de la vida nacional. En lo inmediato, es exigible que las autoridades correspondientes esclarezcan la muerte de la activista y ofrezcan a la opinión pública resultados verosímiles y apegados a derecho.
Senadores de PAN y PT condenaron el asesinato y exigieron que se investigue a fondo, para impedir que el delito quede en la impunidad. Es urgente que todos los órdenes de gobierno redoblen los esfuerzos para rescatar a Chihuahua y las demás entidades del país que viven secuestradas por la criminalidad
, advirtió el panista Ramón Galindo.
Por separado, el senador del PT Ricardo Monreal expresó que ese asesinato provoca indignación, ya que se trata de una luchadora social
que pugnaba porque se castigue al homicida de su hija y no sólo no fue escuchada por las autoridades, sino que fue también ultimada por criminales.
El consejo nacional del PRD consideró que el feminicidio de Marisela Escobedo es un crimen de Estado solapado por las autoridades estatales (de Chihuahua) y federales
. Ante ello, el presidente del partido, Jesús Ortega Martínez, exigió la renuncia del gobernador César Duarte y del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.
En la Cámara de Diputados, la bancada perredista también condenó el asesinato en voz de la legisladora Leticia Quezada, quien consideró inverosímil que Escobedo haya sido asesinada casi frente a los ojos de la autoridad, por un hombre que podría ser el mismo que ultimó a su hija Rubi Frayre en 2008.
El secretario ejecutivo de relaciones públicas e institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Manuel Corral, calificó de lamentable y dolorosa la muerte de Escobedo, y advirtió que hemos llegado a límites de extrema violencia que a todos nos afecta
.
Por la noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que demandó a las autoridades una indagatoria eficaz para resolver los asesinatos y llevar ante la justicia al o a los responsables.
Helguera
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La Fiscalía General da a conocer retrato hablado del homicida de Marisela Escobedo
La destitución se pidió hace meses; que no salgan ahora con eso, critica asesora de la activista
Sábado 18 de diciembre de 2010, p. 13
Chihuahua, Chih., 17 de diciembre. Si me matan, que lo hagan frente a palacio de gobierno, para que (a las autoridades) les dé vergüenza
, dijo la semana pasada Marisela Escobedo Ortiz mientras instalaba ante la sede del gobierno estatal el campamento donde se plantó los días recientes para exigir justicia por el asesinato, en agosto de 2008, de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.
La noche del jueves, un pistolero llegó hasta ese sitio, se bajó de un carro blanco, se acercó a la señora a quien le hizo un primer disparo que no percutió
y luego la persiguió; ella cruzó la calle en medio de los vehículos en movimiento rumbo al palacio de gobierno, él le hace otro disparo y la señora cae muerta: el asesino regresa al automotor y huye.
A principios de diciembre, Escobedo Ortiz dijo a La Jornada que gente de Fresnillo, Zacatecas, le indicó que una cuñada de Sergio Rafael Barraza Bocanegra –su yerno y asesino confeso de su hija– le había indicado que este sujeto acabaría con ella si seguía buscándolo a fin de que pagara la pena de 50 años de prisión a que se le condenó por un tribunal de casación.
Cuando su hija desapareció, la madre investigó, encontró al responsable, lo obligó a decir dónde estaba enterrado el cuerpo, hizo que confesara que él la había matado por celos y a pesar de eso tres jueces de un tribunal oral lo dejaron libre, pues consideraron que por técnica jurídica
no podían condenarlo.
Marisela logró, junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que un tribunal de casación rectificara el dictamen de los jueces y logró obtener una sentencia condenatoria contra Barraza Bocanegra, en el que se le condenaba a 50 años de prisión, pero para entonces el asesino ya había huido.
A solicitud del gobernador, el pleno del Tribunal de Justicia del Estado (TJE) decidió hoy suspender de sus funciones a Netzahualcóyotl Zúñiga Vásquez, Rafael Boudib Jurado y Catalina Ochoa Contreras, los tres jueces del tribunal oral de Ciudad Juárez que absolvieron a Barraza Bocanegra.
El presidente del Poder Judicial, Javier Ramírez Benítez, explicó que los tres fueron suspendidos sin goce de sueldo y, en caso de que fuesen requeridos para un juicio, serán sustituidos por otros tres juzgadores que determine el TJE.
Luz Estela Castro, asesora legal de la activista asesinada, criticó que esta destitución haya ocurrido hasta ahora. Esa solicitud oficial fue realizada hace meses ante la Comisión Interinstitucional creada por los poderes Judicial y Ejecutivo, y organizaciones no gubernamentales, para dar seguimiento al caso.
La destitución de los jueces fue una de las demandas centrales de las protestas de Marisela. Que no salgan ahora con eso
, manifestó.
Si me matan, que lo hagan frente a palacio de gobierno, para que les dé vergüenza, dijo la semana pasada Marisela Escobedo Ortiz. Aquí, durante una protesta en septiembre de 2008Foto Alejandro Bringas
Acto de venganza: gobernador
El gobernador César Duarte Jáquez declaró que el crimen de Marisela está vinculado a un acto de venganza relacionado por sus demandas de justicia por el asesinato de su hija. Señaló que las autoridades de Chihuahua tienen información de que Sergio Barraza pertenece a una célula del cártel de narcotraficantes de Los Zetas y podría encontrarse detrás del homicidio de la señora Escobedo.
El asesino no es el yerno: fiscalía
La Fiscalía General dio a conocer el retrato hablado del asesino de Marisela Escobedo y confirmó que la principal línea de investigación conduce a Barraza Bocanegra y los probables vínculos de éste con bandas del crimen organizado en Zacatecas. El asesino, sin embargo, no es el yerno de la señora, sino un desconocido, se dijo oficialmente.
Carlos Mario Jiménez, fiscal de investigación y persecución del delito, y Jorge González Nicolás, fiscal de la zona norte, informaron que el probable homicida es un sujeto de aproximadamente 30 años de edad, de entre 1.70 y 1.75 metros de estatura, complexión robusta, tez morena y cabello negro corto, contra el cual ya existe una orden de captura.
Familiares se llevan el cuerpo a Juárez
Alejandro y Eduardo Frayre Escobedo, hijos de la víctima, exigieron justicia: mi madre será recordada como la mujer que murió por reclamar justicia para su hija. Su muerte es muestra de la ineptitud del gobierno mexicano
, dijo Alejandro.
Los dos, junto con otros tantos hermanos y su padre decidieron trasladar el féretro de la fallecida a Ciudad Juárez debido al temor de sufrir nuevas represalias de continuar con las protestas, pues inicialmente anunciaron que llevarían el ataúd con el cuerpo de la señora a las puerta de palacio de gobierno.
Protestas en Chihuahua y Ciudad Juárez
Decenas de mujeres acudieron a la Plaza Hidalgo de la capital del estado, donde mataron a Marisela, para expresar su duelo por el asesinato.
Las mujeres le rindieron un homenaje y colocaron su nombre en un nuevo clavo que agregaron al monumento en memoria de las más de 300 mujeres asesinadas en Chihuahua desde 1993.
En Ciudad Juárez, organizaciones de la sociedad civil se declararon en alerta roja, porque existe amenaza para otras activistas defensoras de los derechos humanos y de las mujeres.
Francisca Galván, de la organización Defensora de los Derechos Humanos Paso del Norte, dijo que el asesinato de Marisela fue un crimen de Estado, y rechazó la línea de investigación que sigue la Fiscalía General de Justicia del estado de que el asesino sería Barraza Bocanegra. Exigió que capturen a sus asesinos, material e intelectual.
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¿Una crisis a punto de entrar en crisis?
El caso Fernández de Cevallos huele a tragedia, no a farsa. Su desenlace, el que sea, no traerá nada bueno, pronosticó el Desfiladero del 21 de mayo pasado. Ese desenlace no se ha producido todavía, pero lo que podría estar a punto de ponerse en marcha cuando el poderoso miembro de la mafia salinista reaparezca –si en efecto reaparece– es una oleada represiva contra los movimientos populares que luchan por el cambio de régimen, en el contexto de la total destrucción del estado de derecho que el gobierno espurio ha impuesto a sangre y fuego para perpetuarse en el poder.
Mientras el jueves en la capital de Chihuahua era asesinada de un tiro en la cabeza una mujer que delante del palacio de gobierno exigía desde hace dos años cárcel para el asesino de su hija, en Monterrey caían tres civiles más durante el enésimo tiroteo de 2010 en la vía pública. Ayer, mientras 140 reos se fugaban de una cárcel de Nuevo Laredo, un coche bomba estalló frente a una oficina policiaca en Nuevo León.
En forma simultánea, la Policía Federal (PF), la Marina y el Ejército mantienen un clima de terror en Michoacán, en la personalísima guerra de Felipe Calderón contra el cártel de La Familia; una extraña combinación de prepotencia e impotencia, que no persigue sino derrocar al gobierno de Leonel Godoy para entronizar a la hermana del hombrecito de Los Pinos.
Testigos relataron a esta columna que el viernes de la semana pasada, en las calles de Apatzingán, agentes de la Policía Federal disparaban contra blancos móviles, mientras padres y madres de familia sacaban a sus niños de las escuelas sin que nadie los protegiera. Por fortuna, el gobierno
federal (o lo que sea) tuvo la elegancia de decir que se trató de una operación quirúrgica
.
La verdad es otra. El asalto a Apatzingán fue pésimamente planeado y peor ejecutado por Genaro García Luna, quien mandó a sus tropas al matadero. Estas rodearon a uno de los capos de La Familia y cuando empezaron a atacarlo descubrieron que, detrás del débil cerco trazado por el secretario de Seguridad Pública federal, había una fuerza muy superior en número de hombres y poder de fuego, por lo que la PF debió pedir auxilio a la Marina y al Ejército.
Durante la refriega murieron un bebé de ocho meses, una jovencita de 17 años y decenas –o probablemente hasta un centenar– de personas más. Como ocurre a diario en todas las ciudades de Tamaulipas, en Michoacán por primera vez fue imposible contar el número exacto de víctimas. De allí que muevan a risa los 30 mil 196 decesos
–me encanta ese 196
, diría Robert Fisk– declarados el jueves por la PGR como saldo de la guerra de Felipe Calderón contra el pueblo, so pretexto del narcotráfico.
Si consideramos que García Luna es ingeniero mecánico de profesión, no estratega militar ni mucho menos, podremos garantizar que desastres como el de Apatzingán, que afectó también a Morelia y a una docena de municipios colindantes, irán en aumento y cobrarán cada vez más vidas. En un gobierno con un mínimo de profesionalismo y seriedad, todos los miembros civiles del llamado gabinete de seguridad
, en particular el secretario de Gobernación, José Francisco Blake; el procurador, Arturo Chávez Chávez, y, por supuesto, García Luna, jamás habrían ocupado esos delicados cargos públicos.
Pero el de Calderón no es profesional y dista mucho de ser un gobierno: es un instrumento al servicio de los intereses más perversos y persigue un objetivo supremo: llevar el caos al límite, sacarle todo el provecho que pueda y justificar, incluso solicitando una intervención militar extranjera.
Saldos del 2010
Termina el año con la Suprema Corte de Justicia de la Nación incompleta (le falta un ministro), con el Instituto del Fraude Electoral cercenado (el Congreso no logró nombrar a tres de sus nueve consejeros), con el Modelo Hidalgo de Salud Mental –que creó Virgina González Torres para impulsar la reforma siquiátrica en todos los manicomios del país– condenado a extinguirse por falta de presupuesto (en 2011 ejercerá la mitad del que tuvo en 2010), pero también con el escenario del Palacio de Bellas Artes en peligro de hundirse debido al sobrepeso de la concha acústica, con el techo del Museo Nacional de Arte perforado de goteras que filtran la lluvia a las piezas del acervo y con una intervención militar estadunidense en puerta.
El pasado lunes, las autoridades del condado Imperial, en California, aplazaron una vez más la votación para decidir si autorizan o rechazan la construcción de una base de adiestramiento de paramilitares a 120 kilómetros de las ciudades de San Diego y Tijuana. A las protestas de los vecinos de la comunidad de Ocotillo –donde un mercenario y ex agente de la CIA pretende instalar su universidad para asesinos– se han sumado las de los quechan, oriundos de esa región semidesértica.
Encabezados por Preston J. Arrow-Weed, aseguran que en caso de aprobar la base de Ocotillo, las autoridades violarían la ley porque en el sitio donde pretenden erigirla hay numerosas tumbas y rocas sagradas que no pueden ser destruidas por desarrolladores que no conocen la historia de este país y no les importa
. Pese al rechazo creciente y a los artículos publicados por Los Angeles Times y otros diarios contra el proyecto, los vecinos sospechan que pasado mañana éste obtendrá el visto bueno.
Desafío a Ebrard
Pero la desaparición del estado de derecho no se limita a las entidades del norte, del centro y del sur donde la gobernabilidad ya no existe. En el Distrito Federal la corrupción de algunas jefaturas delegacionales auspicia igualmente el caos. En Tlalpan, como los lectores asiduos de esta columna ya saben, los vecinos se organizaron para detener la construcción de una gasolinera incrustada en un conjunto habitacional. Demandaron al propietario del negocio, el magnate Jorge Talavera, y lograron que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ordenara la demolición de la obra.
Ésta se habría llevado a cabo 30 días después si nadie hubiera presentado una apelación. Para asombro de tirios y troyanos, quien la interpuso fue el delegado perredista Higinio Chávez, cuyo antecesor otorgó ilegalmente los permisos de construcción, no me atrevo a imaginar por qué. Pues bien, pese a la maniobra de Chávez, el TCA ratificó su sentencia. Y entonces, pasándosela por el arco del triufo, Talavera reanudó el equipamiento de su negocio. He aquí un claro desafío a Ebrard. Si no procede contra el empresario y el delegado, a pesar del cambio climático, Tlalpan vivirá una Navidad caliente.
En las próximas horas, o en los próximos días, veremos tal vez el desenlace del caso Fernández de Cevallos. Si los ahora ex misteriosos desaparecedores
son consecuentes con sus palabras, la crisis que vivimos hace más de 30 años, una vez más, entrará en crisis. Por lo pronto, feliz realidad y próximo Año Nuevo.
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La Navidad es también motivo de una enorme campaña comercial, las campanas tintinean por doquier buscando orientar el consumo, los restaurantes se llenan, los comerciantes grandes y pequeños tienen su mejor época, van tras los aguinaldos, los ahorros acumulados en cajas o en tandas y presionan para que se ejerzan todo tipo de créditos, sembrando la idea de que las deudas se podrán cubrir fácilmente en el futuro. En estos días los proveedores de servicios toman ventaja de las ansias de celebrar incrementando sus costos, transporte y alojamiento incluidos. Los gobernantes no se quedan atrás, adornan plazas y avenidas y preparan declaraciones apropiadas para la temporada mediante inserciones o anuncios pagados en los que aparecen en familia dando mensajes de paz y prosperidad.
Sin embargo, existe otra cara de la Navidad angustiante y desesperada. Se trata del 61 por ciento de los trabajadores ocupados que no reciben prestaciones laborales de ley, como el aguinaldo; entre ellos se encuentran los que están sujetos a contratos de honorarios, los que trabajan en micronegocios y la mayoría de los obreros de la construcción, jornaleros agrícolas, los trabajadores a domicilio y los que laboran en el sector informal o en los servicios, vendedores ambulantes, propineros y eventuales. Peor aún, los desempleados. El fin de año se convierte en un motivo adicional de frustración al no contar con los medios elementales para celebrar y responder a las peticiones de sus hijos que reclaman compartir los mismos obsequios que otros niños.
La Navidad se aprovecha en numerosos centros de trabajo para despedir empleados y evitar el pago de vacaciones y aguinaldos, también para terminar contratos temporales y tomar ventaja del ambiente de consumo; así, las historias se repiten. Algunas empresas lo tienen muy bien explorado, es el caso de Sandak, perteneciente a la trasnacional Bata, de capital checoslovaco-canadiense, que decidió despedir masivamente a sus trabajadores al cerrar abrupta e ilegalmente su planta en Calpulalpan, Tlaxcala, para elaborar el producto en las maquiladoras, también controladas por ellos, y obligarlos a laborar abaratando la mano de obra y precarizando al extremo sus condiciones de trabajo y vida. Esta empresa, productora de zapatos con olor a chicle para atraer la preferencia de los niños, confía en que las necesidades navideñas hagan su labor y obliguen a los trabajadores a recibir ilegales finiquitos y renunciar a su defensa colectiva.
Los gobiernos, tanto en el ámbito estatal como local, reproducen estas prácticas laborales vejatorias, terminando en estas fechas con los contratos de honorarios diseñados al margen de la ley para omitir el pago de la seguridad social y de prestaciones a miles de trabajadores. Con esto reducen el costo de la mano de obra en más de 40 por ciento, aprovechándose de la indefensión, producto también de la complicidad sindical. Estos trabajadores no saben aún si el próximo año les será renovado su contrato, o si engrosarán las filas de los desempleados, por lo que la Navidad se convierte en una amarga experiencia.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos suele agregar amargura a estos tiempos al otorgar incrementos inferiores al poder adquisitivo perdido. Este año se anuncia ya un aumento de dos pesos diarios al salario como regalo navideño
. Las cifras hablan por sí mismas: 14 de cada 100 trabajadores en el país ganan hasta un salario mínimo diario, alrededor de 57 pesos; 24 de cada 100 ganan entre uno y dos salarios, aproximadamente 114 pesos; y 28 de cada 100, entre dos y tres salarios, hasta 170 pesos. Así, 66 de cada 100 trabajadores mexicanos no contarán con los recursos elementales para cubrir sus deudas y dejar algo para la cena navideña o para atender las peticiones de juguetes y regalos de los niños.
Algunos tendrán el apoyo de los que trabajan en Estados Unidos y envían parte de sus recursos para atender la necesidad de sus familias. Su aporte no es menor: el año anterior teníamos 11 millones de connacionales en ese país, lo que convierte a México en el campeón mundial de la migración, de ahí que una importante fuente de nuestras divisas provenga de compatriotas.
La situación de violencia e inseguridad que aqueja a importantes territorios en nuestro país ensombrece las fiestas decembrinas. Treinta mil muertos en los últimos cuatro años, más de 20 personas diarias fallecidas por estas causas, son cifras aterradoras que mantienen a miles de personas en un clima de temor y miedo. Ciudades fronterizas como Juárez, que fueron en otro momento espacios para encontrar trabajo y lograr mejores ingresos mediante actividades comerciales, están siendo desalojadas, los negocios cierran sus puertas y las familias con recursos suficientes cambian su domicilio al otro lado de la frontera, buscando la seguridad que no encuentran en su patria.
A pesar de todo, la esperanza sigue siendo la luz, el presente y el futuro a lo largo y ancho de la República. Es la esperanza que se nutre con la organización que hombres y mujeres diariamente construyen en el país, denunciando las injusticias, luchando por mejoras salariales, defendiendo sus fuentes de trabajo, protestando por la violencia e impunidad existentes, presentando propuestas para mejorar las políticas gubernamentales y las leyes.
Es el pueblo organizado el que mantiene la esperanza de un país y un mundo mejores, el que da vida a los mejores deseos para esta Navidad y el Año Nuevo.
Ahumada
