Nerviosismo por los presos de la UCI

La Jornada de Oriente
Fermín Alejandro García
La intervención de algunas ONG –entre ellas, al parecer, el Comité Eureka de Rosario Ibarra de Piedra– y del Comité Ejecutivo Nacional del PRD a favor de los 21 miembros de la Unión Campesina Independiente (UCI) que están detenidos en el penal de San Miguel ha generado cierto nerviosismo en algunas esferas del gobierno del estado y del Poder Judicial, lo cual motivó que ayer se ordenara a uno de los juzgados en que se han ventilado litigios contra estos indígenas a que entregara el expediente completo para que se analice si son correctas las sentencias contra dichos reclusos.
Se sabe que algunas organizaciones no gubernamentales están preparando un desplegado que podría ser firmado por Rosario Ibarra, en el que se expondría una serie de supuestas inconsistencias en el proceso judicial que se ha seguido contra tres de estos presos, entre ellos Bartolomé Melchi Santiago, presidente del comité de presos políticos de la UCI.
Lo que buscarían es demostrar que si se hubieran tomado en cuenta esas inconsistencias tal vez no hubiera procedido la sentencia de 27 años de cárcel que recibió Melchi por ser el presunto homicida de Máximo de la Cruz, un líder de Antorcha Campesina en el municipio de Huitzilan de Serán.
También se ha conocido que Carlos Navarrete, el coordinador del grupo del PRD en el Senado, está dispuesto a analizar e irse a fondo en el caso de los presos de la UCI.
Esos dos factores son lo que habrían generado cierta inquietud en el gobierno y el Poder Judicial, pues si se encuentran irregularidades en los procesos se podrían estar abriendo nuevos frentes de conflictos con el PRD a nivel nacional y con ONG de derechos humanos.
Se cree que la posibilidad de revisar el expediente obedecería a dos posibles escenarios:
Uno, que en el gobierno se tengan elementos para responder a los posibles cuestionamientos que se podrían generar sobre las acusaciones que el Ministerio Público hizo contra los miembros de la UCI, sobre todo en el caso de Máximo de la Cruz.
Dos, que si se descubre que sí hay elementos para demostrar la posible inocencia de estas personas se pudiera abrir la posibilidad de que los integrantes de la UCI pudieran salir de la cárcel.
Aunque este segundo escenario se antoja difícil. El dirigente de una ONG comentó a este tecleador que en una ocasión intentó tratar el asunto de los presos de la UCI en una plática con el secretario de Gobernación, Javier López Zavala, pero éste, tajante, le habría respondido:
“Ese tema no está a discusión ni a negociación”.
Dicen que se va Toriz
Ayer, de nueva cuenta, en algunos círculos del ayuntamiento de Puebla, de manera informal, funcionarios y algunos regidores dijeron que se acerca la posible remoción de Arturo Toriz Morales, el director de Tránsito, luego de las muchas acusaciones que han surgido contra este funcionario, algunas de las cuales se expusieron en este espacio.
¿Será cierto? Hace siete meses se dijo lo mismo, y el caso es que este servidor público sigue como si nada. Hasta no ver, no creer.