Crímenes de la policía en Oaxaca
Quedaron en evidencia detenciones arbitrarias y procesos irregulares, afirman abogados
Reconoce Ulises Ruiz que entre los encarcelados hay gente inocente
Observadores de diversos países realizarán un trabajo de investigación sobre las violaciones
Oaxaca, Oax. 10 de diciembre. Alrededor del 80 por ciento de los 214 detenidos el pasado 25 de noviembre en el operativo encabezado por la Policía Federal Preventiva (PFP) no tiene ningún vínculo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y al menos a ocho de ellos les fue dictado auto de formal prisión, pese a que sus nombres no estaban en el parte oficial de la PFP.
El gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, admitió que hay gente honesta presa, que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos ocurridos el día referido.
Esta situación, advirtieron abogados de los presos y defensores de derechos humanos, constituye una flagrante privación ilegal de la libertad que pone en evidencia las detenciones arbitrarias y los procesos jurídicos irregulares, tanto de instancias estatales como federales.
De cada caso se desprenden testimonios que revelan el terror que están viviendo los inculpados y sus familias. Hasta el momento han sido liberados, tras pagar una fianza de 108 mil pesos, sólo tres personas, quienes demostraron fehacientemente que no eran los responsables de "hechos vandálicos" registrados aquel día tras una marcha pacífica, sino observadores acreditados de derechos humanos.
Ante el cúmulo de denuncias sobre violaciones a las garantías individuales, observadores civiles de derechos humanos, originarios de diversos países europeos (España, Francia y Alemania, entre otros), realizarán la próxima semana una visita de trabajo preliminar a esta entidad.
"El objetivo central de diversos activistas es visitar México a partir del 16 de diciembre para organizar una misión amplia, que iniciaría a partir del 7 de enero próximo su trabajo de investigación sobre la presunta violación de derechos humanos", informó Yéssica Sánchez, coordinadora de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, así como la legisladora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.
Promete el gobernador traslado de presos
En un comunicado, el gobernador Ruiz Ortiz indicó que realizará gestiones ante la Federación para el traslado a Oaxaca de los presos que se encuentran en el penal de San José del Rincón, Nayarit.
De acuerdo con el boletín, el priísta recibió a un grupo de familiares de los detenidos, a quienes les pidió "paciencia y no politizar esta lamentable situación".
"Yo les ofrezco dijo Ruiz, según el comunicado una disculpa por todo lo que estamos pasando, y asumo mi responsabilidad en lo que me corresponde. Les pido paciencia, que comprendan que este conflicto en que nos encontrábamos envolvió a gente honesta, que no tiene responsabilidad; para éstos, voy a hacer todos los trámites que sean necesarios para que de inmediato sean puestos en libertad", indicó.
Ruiz Ortiz, quien este domingo se hallaba en la ciudad de México, según informó un integrante de su equipo cercano, prometió que a partir de este lunes se instalarán mesas de trabajo en la capital del estado para revisar los expedientes y liberar a quienes no tengan nada que ver con el problema. Advirtió, sin embargo, que no se van "a soltar a quienes tienen responsabilidad en los hechos vandálicos registrados. De ninguna manera se trata de torcer la ley, pero tampoco se trata de tener gente honesta e inocente detenida" admitió.
La Procuraduría General de Justicia del estado abrió una investigación contra la PFP por el homicidio del enfermero del Seguro Social Jorge Alberto López Bernal, muerto el 29 de octubre pasado por el impacto de un cilindro de gas lacrimógeno, durante un enfrentamiento entre las fuerzas federales y seguidores de la APPO.
Además, ha iniciado averiguaciones previas contra las mismas fuerzas federales por agresiones a ciudadanos e incluso a periodistas en los hechos del 25 de noviembre pasado, informó a la prensa la titular de la dependencia, Rosa Lizbeth Caña Cadeza.
"Nosotros no vemos ni colores ni filiación, ni el cargo o autoridad que tenga alguien. Hay señalamientos que nos han formulado organismos gubernamentales y no gubernamentales, y vamos a proceder conforme a derecho", aseguró.
En la detención masiva del 25 de noviembre y algunas otras posteriores (como la de Flavio Sosa Villavicencio, uno de los dirigentes de la APPO) hay al menos un centenar de transeúntes que no tienen participación en este movimiento popular que exige la renuncia del gobernador.
En el grupo de más de 200 presos (la Limeddh calcula que fueron 214) se encuentran simpatizantes de la APPO, quienes en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales participaron en la marcha; tal es el caso de integrantes del magisterio oaxaqueño y estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Sin embargo, decenas de presos son simplemente amas de casa, trabajadores de los sectores público o privado que se se hallaban en las inmediaciones del centro histórico de esta capital al momento del operativo federal e incluso en zonas periféricas
Todos enfrentan delitos del fuero común y al menos 141 de ellos fueron trasladados al Cefereso número cuatro, ubicado en Nayarit, acusados de rebelión, sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y daños por incendio.
Gilberto Hernández, integrante del equipo jurídico de la APPO, dejó en claro que "los detenidos deberían estar aquí, pero como en la época de Porfirio Díaz, los presos son enviados a cárceles lejanas a su lugar de origen para que no puedan ser visitados por sus familiares y se dificulte su defensa".
De manera simultánea, auxilian a los detenidos y sus familiares medio centenar de abogados pertenecientes a ocho despachos, quienes, convocados por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, brindan su asesoría de manera gratuita.
Casiano Luis Mejía, uno de los litigantes, señaló que han enfrentado múltiples dificultades para llevar a cabo su labor, desde recabar copias del expediente donde se instruye proceso a 54 detenidos en la causa 88/2006, del juzgado mixto en primera instancia en Mihuatlán, así como de 93 más cuyo expediente es el 652/2006, del juzgado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Todos ellos están presos en el penal federal El Rincón, en Nayarit.
La primera conclusión del abogado es que "no hay evidencias contundentes de la presunta responsabilidad de los detenidos, y los autos de formal prisión dictados carecen de un fondo jurídico sustentable".
La estrategia de defensa tiene como eje principal obtener tres amparos: por la detención ilegal, el traslado ilegal y la tortura. Hasta el momento, agregó, no han recibido notificación alguna sobre fianzas para la eventual liberación.
"Un buen número de los detenidos no participó siquiera en la marcha (de la APPO). Más de cien eran transeúntes, como el pintor Dionisio Martínez, cuya área de trabajo es la Plaza Santo Domingo", indicó.
"Mi mamá sólo es ama de casa"
Ante la dilación en los trámites, la desesperación invade a los familiares de los detenidos, lo mismo de luchadores sociales que de peatones, cuya desventura fue "estar en el lugar y en el momento equivocados".
Las historias de abusos en contra de ciudadanos comunes se repiten, como el caso de Guadalupe Orea, un ama de casa de 40 años. Ella salió a la parada del camión a esperar a su hijo, estudiante del tecnológico de esta capital, cuando un grupo de policías federales la "levantaron" junto con su hijo, Gonzalo Santiago.
"A mi mamá la acusan de delincuencia organizada y vandalismo, ¡pero nunca ha participado en una marcha! Esto es una pesadilla", expresó una de las hijas de Guadalupe Orea, quien no ha podido viajar a Nayarit para verla porque carece de recursos.
De otros, también encerrados desde el 25 de noviembre, se describen la tortura física y sicológica de la que fueron o son víctimas. Como se ha difundido, el calvario de los familiares no sólo es para llegar a Tepic, sino para ingresar al Cefereso.
"Tardamos semana y media para ver a mi hermano Reynaldo Contreras, un arquitecto que iba a una reunión con la proveedora (de material de construcción). Por fin, tras muchas revisiones con cámaras y rayos X, pude platicar 15 minutos con él, a través de un vidrio. Me encontré con que tiene huellas de golpizas y camina con dificultad", relata Rosa María.
También, muy lejos de participar en movimiento sociales, Vladimir Márquez, ayudante de arquitecto, fue detenido tras una reunión con sus amigos.
"Era el día de su cumpleaños, fue con unos amigos y se tomó unas cervezas y pensó que por eso lo agarraron, por andar en estado inconveniente."
Ahora Vladimir está en el penal de Nayarit y su madre, al borde del llano, relata la forma en que lo halló: "él presenta muchos golpes, las dos cejas rotas, heridas en la cabeza, una rodilla herida a punto de infectarse. En el rato breve que me dejaron verlo, alcanzó a platicarme que los golpearon, les pusieron la bota sobre la cabeza.
"Me dijo que cuando estaban en el helicóptero (en el traslado a un penal estatal), los federales los amenazaban: 'qué te parece si aquí te quedas'... Mamá, yo creí que me habían llevado por (haber tomado) las cervezas, me comentó".
