Nosotros sólo sabemos reprimir: SEGOB
Desea la excarcelación de reclusos, pero advierte que no intervendrá en ese asunto
Recomienda la SG a dirigentes de la APPO conseguir amparos para evitar detenciones
Acuerdan ambas partes especie de tregua; el diálogo se reanudará en enero
La Secretaría de Gobernación (SG) manifestó su "deseo" para que los detenidos en el operativo federal del 25 de noviembre pasado sean liberados en los próximos días. Sin embargo, advirtió que no puede intervenir directamente en este asunto porque violentaría la autonomía del estado de Oaxaca, en cuyos juzgados está la decisión de liberar a unas 70 personas que siguen presas.
Por ello según fuentes vinculadas a la atención al conflicto en aquella entidad la dependencia recomendó a dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) obtener el mayor número de amparos posibles para evitar nuevas detenciones.
No obstante, varios de los ahora presos llevaban consigo, al momento de sus aprehensiones, sendos amparos, mismos que fueron ignorados por los agentes ministeriales y federales.
En el encuentro realizado ayer, el equipo encabezado Francisco Ramírez Acuña, titular de la SG, no se comprometió a nada con los dirigentes de la APPO, aunque la comisión de este movimiento popular manifestó su confianza de que los detenidos salgan, incluso para esta Navidad.
La dependencia sólo pedirá al gobierno de Ulises Ruiz un "análisis puntual del expediente de cada detenido"; en los próximos días habrá una suerte de tregua entre la APPO y el gobierno federal, a fin de parar las detenciones por lo menos hasta el ocho de enero de 2007, fecha del próximo encuentro.
"El subsecretario de Gobernación (Abraham González) garantizó, no únicamente para la comisión de negociación o para el consejo, sino para todos los ciudadanos que participan en la APPO, no ser detenidos, es una garantía de la secretaría", dijo Jesús López, vocero de la comisión negociadora de oaxaqueños.
Hasta enero se volverán a discutir las peticiones de la APPO que incluye la cancelación de órdenes de aprehensión, salida definitiva de las fuerzas federales que permanecen en Oaxaca y definir el proceso que pudiera derivar en la caída del gobernador Ulises Ruiz.
Yésica Sánchez, presidenta de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), sección Oaxaca, dijo que la liberación de las 60 personas hasta el momento, obedece a las "mesas de negociación" entre el movimiento popular y la SG, y no a otras causas.
Recientemente instancias del gobierno de Oaxaca y la dirigencia magisterial que encabeza Enrique Rueda se asumieron como los promotores del retorno de los detenidos, así como la liberación de varios de ellos.
De los 141 detenidos el 25 de noviembre pasado, hasta el momento han recuperado su libertad 60 personas (según la Limeddh); las últimas 16, la madrugada de ayer.
Sánchez aseguró que se gestiona en Bucareli la liberación del resto, quienes ya fueron trasladados a reclusorios de Oaxaca, después de casi un mes de permanecer en el penal federal de Nayarit.
No obstante, funcionarios de Gobernación insistieron en que la salida de todos los detenidos es atribución exclusiva del Poder Judicial estatal. "No podemos trasgredir la autonomía de las entidades", señalaron.
Además de los presos en Nayarit, hay más recluidos en Ixcotel, Miahuatlán, Tlacolula, Etla y Cosolapa, en Oaxaca; otros, como Flavio Sosa, uno de los dirigentes de este movimiento popular, y su hermano Erick, permanecen en cárceles de máxima seguridad.
La comisión negociadora de la APPO y otros grupos civiles propondrán a los funcionarios federales la revisión de violaciones a derechos humanos en la entidad; el retiro "total" de la PFP; garantía de seguridad para el trabajo de defensores de derechos humanos y que se brinden todas las facilidades para las misiones internacionales de observación en Oaxaca.
En ese tono concluyó la reunión entre el subsecretario de Gobierno de la SG, Abraham González Uyeda, y la comisión oaxaqueña. Hasta el momento no han firmado ninguna minuta y mucho menos algún acuerdo general.
En una posible minuta se incluiría el impulso a la reforma del estado para Oaxaca, en la cual coinciden ambas partes. La APPO también insiste en la destitución de funcionarios e incluso promover condiciones para la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, principal demanda del movimiento popular desde junio pasado.
También se analiza la forma en que un mando civil se haga cargo de las policías estatal y municipal. Este punto sí fue uno de los compromisos de la administración foxista, hecho público por el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal.
El nuevo titular de la SG afirma que se requiere un estudio puntual del artículo 115 constitucional, relativo a la autonomía de estados y municipios.
APPO, única comisión negociadora
La comisión de los oaxaqueños fue integrada ayer por siete dirigentes: Jesús López, Erangelio Mendoza, Yésica Sánchez, Zenén Bravo, Juan Sosa, Joel Gómez y Patricia Jiménez. El diálogo tuvo la intermediación del obispo emérito Samuel Ruiz y Dolores González, de Serapaz.
Jesús López, vocero de la asamblea en la mesa de diálogo con Gobernación, dijo que han aceptado esta comisión como la única instancia para un eventual acuerdo.
En ese sentido, el movimiento desconoció la iniciativa de reforma del estado promovida por Ulises Ruiz, aunque sí acepta crear un "espacio alternativo" para discutir este tema, en coordinación con la SG.
Mientras tanto, continuarán las movilizaciones de la APPO, con base en las garantías constitucionales, a través de marchas y "campamentos móviles" en diversas zonas de la capital oaxaqueña.
Por la noche, la dirigencia del movimiento convocó a intelectuales, artistas y escritores a que integren una comisión de intermediación, además de sumarse a una mesa de diálogo pública y abierta.
En un comunicado, llamó a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos del mundo para que visiten los penales de la entidad y constaten la situación en que se encuentran los detenidos.
