El seguro anti-popular
No cumplió con sus metas de afiliación, dice la Auditoría Superior
Seguro Popular, otro fracaso de Vicente Fox
Usó estructura médica de IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex y privada
El Seguro Popular, utilizado en 2006 por Vicente Fox con fines electorales, es un programa que no cumplió -ni lo hará- con sus metas de afiliación, porque no consideró en sus proyecciones el incremento poblacional y utilizó la estructura médica de los institutos Mexicano del Segurto Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de las fuerzas armadas y de Petróleos Mexicanos (Pemex), e inclusive recurrió a clínicas privadas para otorgar consultas, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el informe de la Cuenta Pública 2005, la auditoría determinó que aun el gobierno de Felipe Calderón no podrá cumplir con el compromiso de otorgar, en 2010, una cobertura total a la población que no tiene acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud.
Además, determinó que las partidas presupuestales del gobierno federal al Seguro Popular no serán suficientes para cubrir la demanda y que, de mantenerse el ritmo actual y la incorporación de padecimientos de alto costo, para el año 2025 tendrá un déficit de 430 mil 458 millones de pesos.
Como parte de las conclusiones de la auditoría de eficacia en la cobertura del seguro, el órgano superior de fiscalización refirió que, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa) en el gobierno foxista, para 2010 el número de familias incorporadas a ese sistema de seguridad médica ascendería a 11 millones 986 mil 227, es decir, 94.7 por ciento de las 12 millones 649 mil 905 familias de la población objetivo del seguro, ''lo que significa que 663 mil 678 núcleos familiares no tendrán acceso a las prestaciones y servicios del sistema, en infracción del artículo octavo transitorio, primer párrafo'', de la Ley General de Salud.
La auditoría, además, estimó a partir de los alcances definidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, respecto de otorgar la cobertura total a la población a la que se dirigió el citado programa, que la administración foxista ''realizó una proyección lineal (de los objetivos), sin considerar el incremento poblacional''.
Y añadió: ''Las familias que constituyen la población objetivo se incorporarán después de 2010 al programa y, para entonces, considerando el crecimiento de la población, se calcula que las familias beneficiadas ascenderán a 14 millones 39 mil 620, lo cual significa que 2 millones 53 mil 393 no tendrán acceso a las prestaciones y servicios del sistema". Asimismo, parte de la controversia entre los diputados y el gobierno de Fox, respecto del programa, se sustentó en la crítica de que no se invirtieron recursos en infraestructura médica, hecho que se comprueba en las conclusiones de la ASF.
Al desglosar las unidades médicas en que se prestaron los servicios a los afiliados, el órgano fiscalizador determinó que de los 20 mil 568 establecimientos en el padrón, 3 mil 82 se integraron por unidades privadas y 17 mil 486 por clínicas u hospitales de la infraestructura ya existente.
De ese total, 10 mil 647 unidades médicas correspondieron a los servicios estatales de salud; 3 mil 610 al programa IMSS-Oportunidades; mil 345 al IMSS; mil 226 al ISSSTE; 366 a la Secretaría de la Defensa Nacional; 232 a la Secretaría de Marina y 60 a Pemex.
También, la auditoría superior realizó una evaluación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular de Salud, y concluyó que para el periodo 2005-2025, los ingresos captados serán insuficientes para garantizar la atención de padecimientos de altos costos en la población beneficiada.
Y es que para determinar si entre 2005 y 2010 se podría garantizar la prestación del seguro se analizaron los estudios actuariales sobre costos y desviaciones de la siniestralidad esperada para el programa, así como sus pasivos.
De dicha revisión, la ASF precisó que para 2010 los ingresos totales que se captarán por las aportaciones de los gobiernos federal y estatal, así como de las cuotas de atención, ascenderían a 142 millones 98 mil pesos, cuando las previsiones del costo del servicio son de 226 millones 10 mil, cifra a la que se llegó con base en el costo de los padecimientos incluidos en el Catálogo de Servicios Especiales (Cases).
''En consecuencia, en el periodo 2005-2010 los costos del Seguro Popular crecerán 52 por ciento en promedio anual, al pasar de 27 millones 877 mil pesos a 226 millones 10 mil. Al relacionar tanto ingresos como gastos estimados, se observó que para el periodo se registrará un déficit de 11 millones 560 mil pesos, que aumentará a 83 millones 912 mil, y no serán suficientes para cubrir el costo de atención del Cases'', indica la auditoría.
La ASF recomendó a Calderón ''elabore un estudio para identificar fuentes alternas de financiamiento que garanticen la prestación efectiva, oportuna, de calidad y sin desembolso al momento de la utilización de los servicios a la población afiliada al sistema, que los demanda para mejorar y restaurar su salud"
