¿Impunidad para Marín y Bours?
(Por: Álvaro Cepeda Neri) La Suprema Corte atrajo la investigación contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, por violaciones a los derechos individuales de Lydia Cacho, cuando los poderes Judicial y Ejecutivo de la entidad fueron puestos a favor del empresario Kamel Nacif y en contra de la periodista, porque ésta, en ejercicio de la libertad de prensa, se atrevió a informar sobre una red de pederastas encabezada por el también empresario Jean Succar Kuri, apresado en Estados Unidos, ya extraditado y encarcelado en México por esos cargos.
La Suprema Corte , a pesar de que por lo urgente del caso se comprometió a una rápida respuesta, nada ha hecho. Y el que las resoluciones sean de “manera pronta, completa e imparcial” quedó suspendido.
1ro de agosto de 2007
Lydia Cacho es objeto de amenazas, incluso dentro de las audiencias judiciales. En una de ellas Succar Kuri, acusado de abuso sexual de niños, a voz en cuello le gritó: “¡voy a acabar contigo!” La PGR se mantiene a la expectativa de lo que diga la Corte, para que las denuncias permanezcan inactivas en los expedientes. Y ambas hacen como si investigaran y procesaran la constante aportación de pruebas de la periodista. Pero a pesar de que su vida está amenazada, por razones de Estado para encubrir a Mario Marín, ninguna da la menor respuesta.
Sin freno y por encima de las leyes que fijan límites a los gobernadores, éstos andan sueltos abusando del poder caciquil en sus entidades y al encontrar en las libertades de prensa un obstáculo a sus ambiciones dictatoriales. Por todos los medios (desapariciones, agresiones y homicidios) persiguen a los periodistas para que la información y la crítica dejen de cumplir con su deber democrático-republicano de poner a los protagonistas de cara ante la opinión pública. Los ministros de la Corte posponen las resoluciones y la PGR almacena las denuncias a través de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas. Y las dos hacen caso omiso de las denuncias de Lydia Cacho contra Mario Marín, que escondido tras Felipe Calderón, a la PGR le parece intocable.
Parecido caso es el del cacique sonorense Eduardo Robinson-Bours, también parapetado en el calderonismo, para evadir las denuncias hechas ante esa PGR, cuyos ministerios públicos están adoctrinados en alargar las comparecencias –no del acusado, y menos cuando se trata de un funcionario– y exigen pruebas y más pruebas para cansar y hacer desistir al denunciante.
Los trogloditas Mario Marín y Robinson-Bours gozan de impunidad desde la Suprema Corte, la PGR y la protección política del calderonismo, pisoteando la constitucionalidad de sus entidades, y hacen lo mismo con nuestra ley fundamental, pues si con el foxismo hubo luz verde para atacar a los periodistas, el calderonismo continúa la feroz embestida.
En Sonora van más de cuatro periodistas asesinados e incontables embestidas, mientras permite que la narcopolítica y el narcotráfico, constituidos en el Cártel de Sonora, atenten contra periódicos, como las granadas lanzadas contra el diario Cambio-Sonora.
Y como denuncia Lydia Cacho (La Jornada: 9/V/07 y el noticiero de Carmen Aristegui): Mario Marín y Jean Succar Kuri insisten en quitarla de en medio porque los exhibió en su asociación delictuosa. Los derechos humanos ya no son un límite al poder despótico de los (des)gobernadores. Y pasan por encima de los derechos de libertad de prensa. Los titulares de los poderes públicos se han coludido para derogar esos postulados constitucionales.
Fecha de publicación: Julio 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 83
