Gudiño Pelayo, el ministro más severo en las sospechas contra funcionarios poblanos

Martín Hernández Alcántara y Josué Mota

José de Jesús Gudiño Pelayo, quien ayer fue designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como ministro instructor para la nueva investigación a la que serán sometidos el gobernador Mario Marín Torres y otros servidores públicos de Puebla, es definido por algunos abogados como un hombre de derecha ortodoxa, severo en sus juicios y que congenia con la visión del actual y próximo gobierno de la República.
A Gudiño Pelayo se le recuerda en Puebla porque en 1996 –cuando el priista Manuel Bartlett Díaz era gobernador– se opuso rotundamente a que el gobierno estatal recibiera un crédito para realizar un proyecto metropolitano de dotación de agua, lo cual fue interpretado por la administración bartlettista como un apoyo a la causa de los ayuntamientos panistas que rechazaban la obra.
Más recientemente, en plena contienda electoral, Gudiño Pelayo planteó el 24 de febrero de este año, que dejaran de difundirse todos los anuncios de programas sociales en los que aparecía el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, así como los que no contaban con las leyendas que le advirtieran a los televidentes que dichos mensajes no tienen fines partidistas o electorales.
El 15 de agosto de 2005, en una discusión sobre la procedencia o no de la controversia que interpuso el gobernador de Morelos, el panista Sergio Estrada Cajigal, por la solicitud de juicio político que había en su contra, Gudiño Pelayo reiteró su postura en el sentido de que los juicios políticos en las entidades deben ser resueltos por los estados y no por la Corte.
Sospechas severas
En la sesión del pasado lunes, José de Jesús Gudiño Pelayo fue el ministro que emitió los razonamientos más contundentes contra el resolutivo que exoneraba a Marín, y quien prácticamente marcó la pauta al resto de los opositores.
Argumentó que las grabaciones de Nacif con el gobernador y otros actores de la conjura, publicadas el 14 de febrero del presente año, no deben ser consideradas como pruebas, pero sí tuvieron que haber fundado líneas de investigación para saber si Mario Marín y Guillermo Pacheco, entre otros, utilizaron el poder del Estado para reprimir a Cacho. Esas hipótesis de indagación, abundó, no fueron ejecutadas por Fonseca y Vázquez, quienes dejaron fuera de toda sospecha al titular del Ejecutivo y a los demás involucrados.
Asimismo, acusó un comportamiento “sumamente extraño” de la juez Quinto de lo Penal en Puebla, Rosa Celia Pérez González –quien giró la orden de aprehensión contra Cacho y le dictó auto de formal prisión–; reprobó el comportamiento de la procuradora general de justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, y reveló que Guillermo Pacheco se entrevistó con los abogados de Nacif.
“Causa también extrañeza una entrevista sostenida entre los abogados del empresario víctima del delito y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que primero fue negada y luego reconocida por él mismo, así como conversaciones telefónicas vía celular y telefonía ordinaria entre el juzgado o la juez y el secretario adjunto del presidente del Tribunal Superior de Justicia (Enrique Ruiz Delgadillo)”, expresó.
“Debo iniciar por manifestar que no comparto la apreciación de la comisión, no tanto porque niegue que los hechos son graves violaciones de garantías individuales, sino porque creo que la información que consta en el informe en comentario no es siquiera completa o suficiente para estar en aptitud de admitir juicio de valor alguno acerca de ello; procedo a explicarme en lo sucesivo:
“El comportamiento de la juez de la causa; resulta extraño, incluso, me atrevería a decir que muy extraño, especialmente en cuanto cómo se condujo respecto a su competencia, cómo se anticipó; la juez se declaró en una primera ocasión incompetente, luego sin más y mediando una nueva consignación de la misma averiguación previa, ante ella misma acepta la competencia, y eventualmente formula a petición de la inculpada, después de haber librado la orden de aprehensión, de que ésta se había complementado para sacar el asunto de la jurisdicción del estado de Puebla”.
Añadió: “Más extraño aun me resulta que entre la primera ocasión en que el juez se declare incompetente y su posterior decisión de considerarse competente, media una entrevista entre el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los abogados del empresario víctima, en la que se trató el punto precisamente de la competencia de la juez para conocer del asunto, entrevista en la que el presidente se comprometió a ver el asunto, hecho que, según el informe, fue admitido por él; parecería difícil pensar que son meras casualidades”.
En opinión de Gudiño Pelayo, la comisión a la que le fue rechazado el informe “tendría que haberse enfocado en tratar de esclarecer si el gobernador del estado de Puebla tuvo o no alguna injerencia en estos hechos, ya sea interviniendo en las acciones de la Procuraduría de Justicia, de las autoridades carcelarias o en la actuación del juez que conoció del asunto, amén de otro; en su caso, esta ingerencia se haya dado. Se tendría que haber procurado esclarecer si hubo alguna relación, comunicación o instrucción del gobernador o la procuraduría, y los jueces, o magistrados acerca de ese asunto; en fin, se tendría que haber establecido si hubo o no el concierto entre actores políticos, y funcionarios, que algunos indicios arrojaban, no hay nada en el informe, que se pueda decir que se investigó la conducta del gobernador, su reputación, su probidad, sus nexos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con la Procuraduría de Justicia, o con el empresario Nacif, incluso el gobernador fue excluido –a mi juicio– indebidamente de la investigación, pues expresamente se señala: ‘en relación con la presunta intervención del gobernador del estado de Puebla, al contar únicamente con la supuesta conversación telefónica entre éste y el empresario José Kamel Nacif Borge, no es posible determinar su participación, pues, como señaló al principio de este informe a consideración de esta comisión, dicha prueba es ilícita, por lo que no fue motivo de esta investigación”.
Sobre la validez de las grabaciones telefónicas de Kamel Nacif con Mario Marín Torres, Gudiño Pelayo ha dicho:
“No se trata de asignarle valor probatorio alguno a algo que todo indica fue arrancado contra derecho, como tampoco se trata de averiguar si el audio era auténtico, si había sido editado, etcétera; pero sí en cambio, se debieron, a partir de ahí, haber formulado hipótesis específicas, trazado líneas de investigación que en el curso de la averiguación tendrían que haberse ido superando, desvirtuando, esclareciendo o probando con la información que los investigadores debían acopiar y valorar”.
El ahora ministro instructor considera que no indagar sobre la relación entre el gobernador y el apostador es un “error de trascendencia grave, pues llevó a la comisión (anterior) a no trazar línea de investigación, y, por ende, a no informar nada en lo que se atañe a la probable intervención del gobernador de Puebla en todo esto. A él se le descartó equivocadamente de toda participación; respecto de él no se establecieron o negaron nexos con la actuación de la Procuraduría o la Procuraduría con el presidente del Tribunal Superior; y esto es grave, porque necesariamente arroja una visión segmentada y por ello irreal de lo que hubo detrás del caso de la periodista”.
Añadió que se debería investigar, por ejemplo: “la forma fuera de lo ordinario del proceder de la Procuraduría de Justicia en el trámite que le dieron a la denuncia y todas las demás mencionadas ... se debió haber tratado de establecer si esa extraordinariedad acusaba la intromisión o instrucción directa o indirecta del gobernador respecto a la procuradora de justicia, o a la juez y no simplemente haberlos dado por supuesto, lo grave del caso estaba no en las cosas que se hubieran hecho de manera distinta a otros casos análogos, sino en que parecía que para ellos sucediera haber intervenido en concierto altos funcionarios del Estado”.
Gudiño Pelayo hizo el pasado lunes una recriminación directa a la conducta de la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez:
“El informe (desechado ayer) no nos dice nada acerca de quién movió lo hilos, o si los hilos se movieron solos, si los operadores, la juez y los agentes del Ministerio Público actuaron por sí mismos o bajo la batuta de quién o si quien llevó a batuta fue uno, o si fueron dos o varios en concierto. En fin, no se aprecia se haya indagado qué participación pudo haber tenido el gobernador en los hechos y ésa es a mi juicio una deficiencia importante de la investigación; tampoco se aprecia que éste haya investigado la probable ingerencia directa en los sucesos de la procuradora de justicia por iniciativa propia, o por acuerdo o instrucciones del gobernador. Además tengo presente que cuando estalló el escándalo en los medios, la manera en que la señora procuradora se condujo dejó mucho que desear, sus declaraciones a los medios eran contradictorias, excusantes y llamaban poderosamente la atención que siendo la responsable de emprender investigaciones por probables delitos, de antemano descartaba toda posibilidad que ella, al propio gobernador estuviera involucrado”.

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