Investigará la SCJN si Mario Marín tuvo la intención de proteger a una red de pederastas

Martín Hernández Alcántara y Josué Mota

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el día de ayer ampliar la investigación que realiza a partir de una solicitud del Congreso de la Unión para determinar, en primer término, si el gobernador Mario Marín Torres ordenó violar las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro, y de confirmarse dicha hipótesis, si el mandatario habría tenido la intención de castigar a la autora de Los demonios del Edén por haber puesto al descubierto una red de pederastas protegidos por el poder.
La periodista Lydia Cacho, de quien el ministro Juan Silva Meza dice que el máximo tribunal tiene la obligación de investigar si hubo participación del gobierno en la violación de sus garantías individuales / Foto: Rafael García Otero / Archivo de La Jornada de Oriente
La decisión fue tomada después de que siete de los 10 ministros que ayer integraron el pleno consideraron insuficientes las investigaciones realizadas sobre el caso por los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, porque no incluyeron en las pesquisas al mandatario estatal; al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido; a la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez, y a otros actores involucrados.
En el centro del debate de ayer y de la extensión de las indagatorias también yace la pertinencia del artículo 16 constitucional –referente a las garantías de privacidad– frente a la libertad de expresión en asuntos que pueden suponer un grave daño a la sociedad, como sería la violación de niños y niñas.
El pleno designó a José de Jesús Gudiño Pelayo como ministro instructor para hacer el proyecto de ampliación de pesquisas, puesto que él fue quien aportó los argumentos más contundentes para impulsar investigaciones más profundas sobre el caso. En las próximas horas se conocerán los nombres de los magistrados que se encargarán de la segunda parte de las indagatorias.
De hecho, sobre la libertad de expresión y las garantías al periodismo de investigación, el ministro manifestó que en la orientación de las investigaciones ordenadas por la Corte: “... concurren las dos defensas, la defensa de una periodista que se siente perseguida en cuanto a sus garantías individuales por el sólo hecho de manifestar, de buscar de hacer periodismo de investigación y, por otro lado, la defensa de la autonomía y de la independencia judicial”.
Los que pidieron más
Gudiño Pelayo también argumentó sobre la validez de las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Mario Marín y el apostador Kamel Nacif Borge que publicó La Jornada el 14 de febrero de este año y que develaron la conjura contra Lydia Cacho Ribeiro:
“Es difícil encontrar huellas materiales de tráfico de influencias; además (los magistrados Fonseca y Vázquez ) no fueron a revisar expedientes, sino a cuestionar hechos. Hay que investigar qué motivó los expedientes.
“La grabación tiene efectos materiales, da pistas a investigar”.
Pidió, además, no confundir los efectos jurídicos con los hechos materiales: “Imaginen que hay una grabación donde dos personas se ponen de acuerdo para cometer un delito, y por ser ilícito, se ignora, ¡no puede ser! Falta una investigación sobre hechos, no sobre expedientes”.
En la presunción de que pudo haber una sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo en Puebla, el ministro instructor dijo que se debe defender la autonomía y la independencia de los tribunales de los estados”.
Por su parte, el ministro Juan Silva Meza expresó que la SCJN tiene una atribución sui generis en este caso. Ratificó que la investigación no está agotada, y dijo que aunque el máximo tribunal no dictará sentencia, tiene la responsabilidad de investigar si hubo participación del gobierno en la violación de las garantías individuales de la autora de Los demonios del Edén. El poder que protege la pornografía infantil.
“Sólo tenemos una fuerza, la fuerza moral. Por eso debemos dar una explicación amplia que justifique nuestra participación. Debemos investigar el por qué. La grabación no tiene valor probatorio, pero produce efectos, y por eso debe ser considerada. La existencia fáctica de la conversación nos lleva a ampliar la investigación”.
Para finalizar, Silva se pronunció porque los magistrados Meza y Vázquez sigan investigando.
El ministro Sergio Valls Hernández recordó que “averiguar es inquirir la verdad hasta encontrarla”, y añadió que, en el caso del gobernador Mario Plutarco Marín Torres no se investigó nada, pues las indagatorias se concentraron en la Procuraduría General de Justicia, “y todos sabemos que los procuradores de Justicia, más en los estados, dependen de los gobernadores”.
Por su parte, el ministro Juan Díaz Romero expresó que la investigación debe develar el modus operandi del gobierno del estado en este caso. Añadió que la anterior comisión debió investigar la actuación de la procuradora. “El informe es incompleto, pero en lo esencial está correcto”, aseveró, recalcando que las grabaciones no deberían ser tomadas en cuenta.
Agregó que se puede suponer “que lo que emprende el ánimo vengativo del empresario y auspicia la supuesta componenda con el gobernador es la expresión literaria proveniente de una periodista, y que las conductas denunciadas en tal obra se vinculan con la revelación de redes de pederastas.
Genaro David Góngora Pimentel resaltó que en la aprehensión de Lydia Cacho Ribeiro por parte de elementos de la Policía Judicial “no se siguió el procedimiento normal en el caso: la orden de captura se presentó en la oficina de la captura”, además de que los abogados de Kamel Nacif se entrevistaron con Guillermo Pacheco Pulido, y la procuradora recibió llamadas del secretario del presidente del tribunal (Enrique Ruiz Delgadillo). “Esto solamente se puede explicar por la participación de algunos funcionarios encargados de la procuración de justicia, ¿colaboración o concertación?”, cuestionó.
“Estamos frente a presunciones muy fuertes; no es común que haya una comunicación por escrito del titular del Ejecutivo a los inferiores. Todo esto son presunciones suficientes para que consideremos que hubo participación del gobierno del estado de Puebla para satisfacer componendas para actuar de manera parcial para afectar a Lydia Cacho”, aseveró.
Los que estaban satisfechos
En franca contradicción con los ministros arriba citados, Salvador Aguirre Anguiano expresó que “el reporte de los magistrados comisionados habla de irregularidades procesales, pero no detecta alguna participación del gobierno del estado. El gobernador no aparece vinculado en concertación alguna”.
En una lógica similar, Guillermo Ortiz Mayagoitia coincidió en que no hay acción concertada para perjudicar a la periodista: “El proyecto determinó que no existieron violaciones graves a las garantías individuales de Lydia Cacho, y su detención no fue parte de una acción concertada”.
No hubo, pues, de acuerdo con el resultado de la investigación presentada por los magistrados Emma Meza y Óscar Vázquez, preferencia, sigilo u alguna otra irregularidad para el cumplimiento de la querella que presentó José Kamel Nacif.
Margarita Luna Ramos indicó que: “El informe presentado por los magistrados Emma Meza y Óscar Vázquez es completo; sin embargo, no hay oposición para que se profundice en el mismo, siempre y cuando se deseche como línea de investigación la conversación entre el empresario y el gobernador, pues se obtuvo de forma ilícita”.
Resultados
La votación final quedó de la siguiente manera:
Por la ampliación de las investigaciones a Mario Marín se pronunciaron José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Armando Valls Hernández y Juan N. Silva Meza.
Por cerrar las indagatorias estuvieron Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón.
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