martes, julio 10, 2007

René Sánchez Galindo

Vivienda: ¿negocio financiero vs derecho social?

René Sánchez Galindo

9 de julio de 2007

Debate: libre mercado o política social. Por un lado, ir al futuro, dicen quienes detentan el poder, es abrirse al mundo y desprenderse de, lo que ellos llaman, “políticas demagógicas”. En cambio, hay quienes simplemente no pueden concebir el abandono de las políticas sociales como una forma de alcanzar el bienestar de la población, y por ello son opositores y detractores del neoliberalismo.

Y en medio de ello millones de personas ahora saben que en vez de acudir a un líder sindical para pedirle un favor; ahora deben ir a una sucursal bancaria o un establecimiento “comercial” a pedir que lo atiendan; a pesar de que la respuesta que reciben es un gesto de desprecio (“estás feo”), disfrazado de un servicio comercial: “en qué puedo servirle”.

Pareciera que no hay cambio. Es igual de indignante y abusivo el tener que depender de un líder corporativo que someterse a un maltrato comercial. Pero si revisamos los bolsillos nos encontramos con que estamos peor. Sí, peor. Hoy los bancos extranjeros aprovechan las “ventajas” de este país y obtienen ingresos incomparables con el resto del mundo. Sólo den un vistazo a la página de Internet de city group (banamex). Y ello sólo pega en un lugar: en el bolsillo de la gente.

Hay quienes defienden al “libre mercado” y plantean que está es la forma de alcanzar más y mejores condiciones. Y así presumen que con la política económica actual ha sido posible otorgar el mayor número de créditos a la vivienda en la historia. Pero no dicen el monto de metros cuadrados por vivienda, lo cual reduciría esta actitud triunfalista; no dicen que la necesidad de casa habitación está muy lejos de ser cumplida, lo cual acaba con el triunfo; y no rinden cuentas sobre los recursos de la gente que manejan, lo que convierte este supuesto triunfo en una derrota social.

Vamos por partes: libre mercado no significa que grandes monopolios u oligopolios controlen la economía. La televisión, la radio, la banca, la telefonía, la industria turística, la bolsa de valores y en general la economía está controlada por muy pocas manos. Eso no es libertad, al contrario es un régimen económico que constriñe a quienes pretendan incursionar activamente en él.

Segundo. La política de vivienda no está sentada en los organismos financieros, ni en las constructoras privadas, ni en el libre mercado. Está basada en las instituciones públicas (Infonavit, Fovissste, Fonhapo, Conavi, SHF) a pesar de que todas ellas pretendas actuar como banca privada. Es más, el fundamento esencial de la política de vivienda reside en los recursos que administran estas instancias de gobierno y que están legalmente destinadas para las personas beneficiarias.

Pretender actuar dentro de un esquema de libre mercado manejando recursos públicos (por su origen fiscal y por su destino social) es una mentira. No es libre. Se trata de recursos a los que acceden por ley, recursos que sin ningún riesgo de libre mercado van a a administrar, recursos que manejan y ofertan con reglas de libre mercado para los beneficiarios. Dicho en cristiano: “hágase el libre mercado en los bueyes de mi compadre”.

Y así se crea en los 90 el esquema de las Sofoles, sociedades financieras de objeto limitado. Conocidas como “mi casita” o “metrofinanciera”, su finalidad es atender la demanda de crédito que no cubren los bancos tradicionales de otorgar créditos más accesibles, aunque ello no parece llevarse a la práctica.

A finales de 2005 las Sofoles que se enfocan a los créditos a la vivienda (hipotecarios) representaban más de la mitad del activo total de sofoles y más del 40% de la cartera total de la sofoles y cerca del 60% de la cartera de crédito. Igualmente el capital de las Sofoles está en manos de inversionistas extranjeros en alrededor de 50%.

Las Sofoles hipotecarias suelen trabajar con los organismos públicos a través de programas de créditos como los de Fovissste. Reciben recursos destinados al gasto público mediante la celebración de contratos “cuasi” privados por los que pretenden liberar (ilegalmente) de cualquier responsabilidad al Infonavit o al Fovissste; obligando, en caso de incumplimientos, a litigar a los derechohabientes cual si fueran empresas mercantiles con la clara dificultad que los trabajadores tiene para ello.

Por ejemplo, el Infonavit, en unos temas de manera legal pero en otros de manera ilegal, no rinde cuentas a nadie: su contralor interno es nombrado por ellos mismos y no por la Secretaría de la Función Pública; no se somete al Ifai ni a la Auditoría Superior de la Federación; y cuando litiga un amparo promovido en su contra afirma que no forma parte de la Administración Pública, ni del Gobierno ni del Estado Mexicano. Así pretende desembarazarse de su responsabilidad política, social y hasta legal.

El Infonavit y el Fovissste han publicado en sus páginas de Internet información para conocer la posibilidad de acceder a créditos y el estado que guardan, pero son bastante opacos sobre su relación con las Sofoles.

Por si ello fuera poco, el caso de los cobros extras por comisiones, seguros y gastos de notario encarecen los créditos. Es preciso que se establezca una norma similar a la Ley del Infonavit para que no se generen estos gastos y facultar a la Condusef u otro organismo para prestar alguno de estos servicios públicos de manera gratuita. Y cuando las Sofoles trabajen con recursos públicos que administran Infonavit o Fovissste, se aplique la ley para no generar este tipo de costos extra.

El crédito barato y suficiente a la vivienda digna y decorosa, hoy más que nunca se ve, ilegalmente, exclusivamente como un tema financiero más que un derecho constitucional y de previsión social.

René Sánchez Galindo

ranazapatera@gmail.com

Mensaje de sta semana