Ricardo Montiel
Pemex, la mea culpa
El diagnóstico Situación de Pemex presentado por la secretaria de Energía y el director de Pemex tiene una virtud y un vicio. La virtud es que desnuda el desastre en que las últimas administraciones federales han sumido a la paraestatal y termina por dar la razón a quienes plantean un modelo de gestión distinto al esquema privatizador. El vicio, a su vez, es el mismo que presentan todos los diagnósticos alarmistas y catastrofistas elaborados desde y para el poder: buscando hacer conciencia sobre un problema, terminan por crear una reacción política contraria. Es el síndrome de la caperucita roja precoz, que de tanto anunciar en falso la llegada del lobo feroz, nadie le creyó cuando realmente éste llegó.
Más que un diagnóstico, el documento del gobierno es una mea culpa sobre la gestión petrolera de al menos los dos últimos gobiernos del PAN. Desnuda —de manera inmisericorde— el abandono, la ineficacia y el despilfarro en que se ha mantenido a la paraestatal en los últimos años.
Se reconoce que Pemex pasó de ser la sexta empresa petrolera mundial en el año 2000, al lugar 11 en el año 2007. En siete años retrocedió cinco lugares. De la misma manera, señala que la producción cayó en los últimos tres años y que por esta causa el país dejó de recibir ingresos por 10 mil millones de pesos al año. Las reservas probadas de hidrocarburos tendrán un periodo de vida de 8 años al ritmo de explotación actual y en el corto plazo estaremos importando 50% de las gasolinas que consume el país. Con ello, el déficit de la balanza de pagos crecerá.
El diagnóstico se presenta en el contexto del debate energético y pretende convencer de la urgente necesidad de impulsar una reforma. Sin embargo, en su afán por llamar la atención sobre el tema y lanzar un tiro al aire, el gobierno termina por darse un disparo en el pie.
No cuestionamos por ahora las cifras, los datos ni la información técnica, sino la utilización de ellas para impactar a los actores políticos y a la opinión pública. Con base en esta aclaración, comentaremos ahora la intencionalidad del diagnóstico gubernamental.
Diagnóstico irresponsable. Reconocer oficialmente el retroceso de Pemex en el ranking mundial sin deslindar responsabilidades y responsables oficiales, es una irresponsabilidad mayúscula. ¿Quiénes fueron los presidentes de la república, los secretarios de Energía y los directores de Pemex durante este periodo que, de acuerdo con la ley orgánica de la administración pública y de la normatividad de la propia empresa, son los responsables de su conducción y dirección? ¿No hay responsabilidades de esta debacle administrativa o acaso también es producto del cambio climático?
Diagnóstico parcial. No hay diagnóstico sin pronóstico. Además de mantener en el limbo a los responsables, el documento hace mutis sobre las opciones técnicas y administrativas para salir de la situación crítica detectada. No lo hace, por la sencilla razón de que el gobierno sólo tiene oídos y ojos para el dogma privatizador. No está dispuesto a atender opciones o proyectos alternativos, como los de hacer eficiente la paraestatal sin modificar el régimen de propiedad pública.
Por todo ello, el diagnóstico presentado es un bumerán contra la pasada y la actual administración. Termina por dar la razón a quienes demandamos no sólo un diagnóstico, sino una investigación, una auditoría y un deslinde de responsabilidades sobre la crisis de gestión en las empresas públicas del sector energético. Por ejemplo, la ASF acaba de dar a conocer la incursión irregular de Pemex en paraísos fiscales, fuera de toda normatividad, para beneficiar a la empresa española Repsol. La misma que fue beneficiada con una licitación directa sin precedente, por 16 mil millones de dólares, para comprar gas natural importado de Perú. En ambas operaciones participaron el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y su subordinado, Juan Camilo Mouriño. El asunto de Repsol es tan delicado que puede compararse con el escándalo Enrongate que estalló al inicio del gobierno del presidente George W. Bush hace casi 8 años, donde hubo apoyos económicos electorales a cambio de protección e influencias gubernamentales.
El diagnóstico de Pemex y las observaciones de la ASF lejos de concluir con el debate energético, lo alientan. Lejos de representar un punto de partida para legislar, son una razón más para que el Congreso abra una investigación. Antes de discutir una iniciativa de reforma que permita la exploración privada o mixta en el Golfo de México, lo que se necesita es una comisión legislativa que explore en las aguas profundas de la corrupción, el contratismo y el quebranto de Pemex.
