Lydia Cacho a un año de su detención
A un año de su detención, Cacho cuestiona la lentitud de la PGR
Martín Hernández Alcántara
A un año de la detención y encarcelamiento a manos de autoridades de Puebla, la periodista Lydia Cacho Ribeiro cuestionó la lentitud que ha tenido la Procuraduría General de la República en las indagatorias sobre las violaciones a sus garantías individuales, pese a que ella ha entregado pruebas fehacientes de la culpabilidad de varios actores con influyente peso político y económico, como el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
La autora de Los demonios del Edén. El poder que protege la pornografía infantil, dijo: “A pesar de todo, Mario Marín ha superado sus propios niveles de corrupción; no olvidemos la utilización de recursos públicos para defenderse ante la Suprema Corte y ante la Procuraduría General, medrando con los recursos de los poblanos, pero eso lo veremos en unos meses, porque saldrá en la cuenta pública y lo veremos en el Congreso del estado”.
Al pedirle un balance de lo ocurrido del 16 de diciembre de 2005 a la fecha, la también defensora de los derechos humanos dijo:
“Estoy cansada, un poco triste en estos días, haciendo un recuento de los daños, que son muchos. También un recuento de logros. Hemos podido tener un termómetro muy claro de los niveles de corrupción, de impunidad que viven los que participaron en mi detención y mi tortura. Es cuestionable la lentitud de la PGR”.
A decir de la informadora, hasta ahora los únicos beneficiarios con su vejación y el escándalo posterior que desató una crisis política en Puebla –porque quedó develada la confabulación en su contra por parte de Mario Marín y Kamel Nacif, protector del pederasta confeso Jean Succar Kuri– han sido el PAN y la iniciativa privada, pues el mandatario poblano tuvo que cederles poder a cambio de mantenerse en el cargo.
A Cacho se le recordó que, como candidato y presidente electo, el panista Felipe Calderón prometió combatir la corrupción. Se le inquirió entonces si tenía confianza en que cumpla su palabra, a lo que respondió: “No espero que el presidente tenga preferencias con una simple ciudadana como yo; sólo espero que tenga respeto por la sociedad poblana, a la que le prometió investigar a Marín y sancionarlo por el daño que había hecho”.
No hay afectación: Villeda
El primer aniversario de la detención arbitraria de Lydia Cacho en Cancún por parte de elementos de la Policía Judicial de Puebla pasó casi desapercibido para la mayoría de los ciudadanos y activistas que en los primeros meses posteriores a su aprehensión y encierro en el Centro de Readaptación Social de Puebla participaron activamente no sólo en su defensa, sino en la exigencia de que el gobernador Mario Marín Torres fuera depuesto del cargo.
El 16 de diciembre de 2006, pocos militantes del Frente Cívico Poblano (FCP) se presentaron en la PGJ para manifestar su repudio a la institución y su titular, Blanca Laura Villeda Martínez, quien en todo momento ha dicho que su actuación contra la periodista ha sido estrictamente apegada a derecho, pero no ha dejado pasar la oportunidad de atacarla.
Desde el jueves por la noche y hasta el sábado por la mañana los servicios de inteligencia gubernamentales buscaban afanosamente una manifestación, un mitin o una marcha organizada por los activistas poblanos para recordar el abuso cometido contra la periodista, pero sólo encontraron el apersonamiento de algunos miembros del FCP en la procuraduría.
Un despacho de la agencia de noticias del gobierno de la República, Notimex, publicado el 15 de febrero, dio cuenta de que “la procuradora comentó que la sociedad nota el trabajo de todos los integrantes de la dependencia, pese a lo que algunas personas digan, incluso la propia escritora del libro Los demonios del Edén”.
“El trabajo lo ha visto la sociedad; esperamos que la Suprema Corte resuelva pronto; la gente ha visto el cambio de actitud en los agentes del MP y la desarticulación de bandas”, comentó.
“Dijo que es necesaria una pronta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la periodista, para terminar con las especulaciones.
“Villeda Martínez dijo que las investigaciones de la SCJN y la PGR no afectan la imagen de la PGJ, debido a que la gente ha notado que hay más órdenes de aprehensión cumplidas”.
El portal de Comunicación e Información de la Mujer, que ha seguido paso a paso el caso de Cacho, publicó el pasado viernes:
“En febrero de este año la feminista Cacho Ribeiro interpuso una demanda penal ante la Procuraduría General de la República y su fiscalía especial para delitos violentos contra mujeres que preside Alicia Elena Pérez Duarte, y otra ante la fiscalía especial para periodistas, contra el gobernador Mario Marín; Blanca Laura Villeda, procuradora estatal; la juez de Puebla y los judiciales que la aprehendieron, por tráfico de influencias, abuso de autoridad y diferentes formas de tortura.
“Cacho explicó que debido a la lentitud de los ministerios públicos de la fiscalía para periodistas se dio tiempo para que ‘la red criminal y de poder poblana’ intimidara a los testigos de la fiscalía, es más, dijo que ha perdido testigos de Puebla porque tardaron meses para interrogarlos y fueron amenazados con perder el trabajo, incluso su carrera, si testificaban.
“Cacho insistió en que el góber precioso y su gente se han dado a la tarea de eliminar pruebas a partir de que obtuvo su expediente en la fiscalía y en donde ella describe y detalla los lugares en que permaneció en su detención y con ello demuestren que ‘estoy loca y que soy mentirosa”.
Para Lydia Cacho, éste es “un ejemplo extraordinario de la capacidad de corrupción y de abuso de poder, pero además del descaro brutal como lo hacen”.
Testigos falsos, eliminación de pruebas, intimidación de testigos han permeado el caso en este año en el que Cacho Ribeiro esperaba tener logros, pero está convencida de que ganará la batalla, aunque requiera más tiempo.
En cuanto a la SCJN, Cacho dijo que los ministros han declarado que hay elementos indiciarios suficientes para considerar que Mario Marín cometió tráfico de influencias, pero aclara: “Hay que entender que la SCJN no es el juez de mi caso; ellos son el juez a una solicitud del Congreso sobre violación a los derechos humanos en la que está implicada una red de pornografía y abuso sexual”.
