El boletin de prensa, dado a conocer ayer domingo 27 de enero de 2007; gracias.

A la opinión pública

A los medios de comunicación

El jueves 25 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el sentido de la ampliación de las investigaciones que el máximo tribunal del país realizará. A diferencia de la estrategia mediática emprendida por el gobierno del estado, los ministros han claramente orientado su decisión al esclarecimiento de las circunstancias que rodearon a la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

El acuerdo adoptado por la Corte se inscribe en la dirección que la sociedad demandó desde un principio, a saber, además de la posible violación a los derechos fundamentales de la periodista, resultado de una arbitraria e ilegal detención, resultado de la eventual colusión de servidores públicos de los poderes ejecutivo y judicial del estado de Puebla, los ciudadanos hemos reiterado nuestro interés porque se esclarezca si estas conductas de los servidores públicos, por sí mismas graves, tenían como propósito proteger a algunos de los implicados en las redes de prostitución infantil y de pederastia encabezadas por Succar Kuri, detenido en los Estados Unidos y extraditado a nuestro país para ser juzgado por estos delitos.

En reiteradas ocasiones el gobernador Mario Marín afirmó que la grabación dada a conocer el 14 de febrero del 2006, en el que el empresario Kamel Nacif habría conversado con él y otras personas, habrían sido trucadas e incluso su eventual utilización para incriminarlo sería judicialmente imposible. La Corte, en su resolución del pasado 25 de enero ha dejado claro que dichas conversaciones pueden y deben ser utilizadas como elementos indiciarios de eventuales conductas ilícitas por lo que los distintos actores relacionados con estas conversaciones deberán ahora asumir su responsabilidad y enfrentar las indagatorias que se deriven de dichas conversaciones.

Las acciones que los ciudadanos hemos realizado desde que conocimos de la detención de Lydia se inscribe en un firme compromiso por erradicar los abusos de poder de gobernantes, por erradicar las prácticas en las que se utilizan a las instituciones del Estado en beneficio propio y de los intereses grupales que representan, reiteramos que seguiremos pugnando por que se haga justicia en este caso y por la plena vigencia del estado de derecho. Por esta razón continuaremos demandando que las investigaciones y sus resultados lleguen hasta sus últimas consecuencias, sobre todo si el delito es cometido por un servidor Público, o si éste pretende encubrir a cualquier otro que lo hubiese cometido, o utilizar su poder para someter a quien lo denuncia o lo hace público, particularmente tratándose de delitos en contra de menores de edad.

Nos hemos conducido con prudencia, hemos esperado con paciencia durante meses la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer el sentido y alcances de su determinación, no debe confundirse esta actitud, quien crea que los poblanos recibimos esta resolución de la Corte con indiferencia y olvido se equivoca totalmente.

Invitamos a todos los ciudadanos y organizaciones a mantenerse alertas al desarrollo de las investigaciones que realice la Corte.

H. PUEBLA A 28 DE ENERO DE 2007

FRENTE CÍVICO NACIONAL POR LA RESTAURACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO