viernes, marzo 09, 2007

Mucha delincuancia en la BUAP, (de cuello blanco)

TENDAJÓN MIXTO

Acerca de la BUAP

Jaime Ornelas Delgado

Surge un cuerpo parapoliciaco en CU.

1. Con motivo de la situación que vive actualmente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que las autoridades han pretendido culpar a los jubilados de la supuesta “crisis financiera” de la institución, algún funcionario aseguró que la universidad está cerca de la “quiebra técnica”; sin embargo, si de verdad existe ese problema con el que se quiere justificar los descuentos a los salarios y las pensiones, resulta difícil explicar las razones por las cuales se formó un cuerpo policiaco integrado por 24 agentes dotados con seis patrullas y seis cuatrimotores con los que se hacen rondines en Ciudad Universitaria. ¿Será que la delincuencia en la universidad alcanzó niveles de tal magnitud que se requiere ese despliegue enorme de fuerza parapoliciaca? ¿O será ésta una fuerza disuasiva? Y entonces lo que tendríamos que preguntar ¿disuadir a quién o a quiénes y de qué? ¿Se puede justificar esta especie de régimen carcelario en una institución de educación superior?

Además, los universitarios tendrían que estar enterados, primero de la magnitud del problema que se pretende resolver y después del montó mensual y anual que implica conservar ese cuerpo represivo, porque no basta con que el gobierno del estado, como se dijo, obsequie tres patrullas, el problema es el costo de mantener este cuerpo, pues los recursos destinados a su sostenimiento finalmente salen del presupuesto universitario, cuya prioridad debería ser la docencia, la investigación y la extensión, que son, no hay que olvidarlo, las funciones sustantivas de la universidad.

Algo más sobre las jubilaciones

Cuando se pretende solucionar algún problema, lo primero es buscar alternativas de solución viables, luego se deben analizar todas las opciones, y si la solución involucra a otros distintos de quién deberá tomar la decisión, se discute con ellos empezando con la presentación completa de todas las opciones posibles hasta condensar una, la que permite solucionar el problema a largo plazo y afecta en menor medida los intereses de todos los involucrados. Así de sencilla, y a la vez de compleja, resulta ser la democracia.

Por no haber seguido este procedimiento, los universitarios de la BUAP se negaron a aceptar la única opción que les presentó la rectoría: afectar derechos laborales. Antes se debió hacer un análisis de, por ejemplo, los gastos innecesarios en que pudiera estar incurriendo la institución (por ejemplo, ¿qué tan onerosos resultan los promocionales o los convenios publicitarios con distintos medios?), o hacer una minuciosa revisión de la nómina y saber si en la de “superación académica” cobra alguna funcionaria o funcionario del gobierno estatal o del ayuntamiento; o si en Extensión Universitaria hay algún subjefe que cobra sin trabajar. No sé si los haya, pero se debió hacer una revisión exhaustiva y decir que la nómina estaba depurada y era confiable; también se debió analizar si las farmacias tienen algún sentido (cuando la universidad no tiene librerías); o si los sorteos justifican el esfuerzo institucional que distrae mucho personal en esa tarea. En fin, son muchas cosas que se deberían revisar y luego decidir teniendo en cuenta que se trata de una universidad pública y no de una empresa con fines de lucro.

Sin embargo, a pesar de no contarse con la información necesaria sobre otras alternativas, se impuso la única que presentó la institución, con la traidora complicidad de los líderes de los sindicatos charros. Y no es que la necesidad de encontrar soluciones genere malestar entre los universitarios, sino que molestan los procedimientos seguidos para imponer la proveniente de una de las partes.

La privatización de las carreteras, nuevo fraude a la nación

En 1997, cuando Ernesto Zedillo inició el rescate carretero, los diputados panistas propusieron la suspensión inmediata de esa acción, “pues implica, aseguraron entonces, una millonaria erogación en beneficio de un pequeño grupo de empresarios”. 10 años después, el gobierno panista de Felipe Calderón reconoce que la autopista del Sol, que va de Cuernavaca a Acapulco, estuvo mal hecha por las empresas privadas a las que se les concesionó su construcción y funcionamiento, por lo que el gobierno federal decidió invertir mil 200 millones de pesos, monto similar al que se disputan arduamente todas las universidades públicas del país para aplicarlos al régimen de jubilación y pensiones de sus trabajadores. El caso es que ese gasto en la autopista del Sol debió correr a cargo de “ese pequeño grupo de empresarios” que la hicieron y que se la pasa defraudando al fisco y al pueblo de México,

Y no es todo. Cuando en 1997 se produjo “el rescate carretero”, costó al gobierno 30 mil millones de pesos, más 28 mil millones por concepto de indemnizaciones a los concesionarios, en total 58 mil millones, y a pesar de que esa deuda se ha pagado puntualmente, en 2006 el adeudo con las empresas privadas beneficiadas con el rescate suma en números redondos 170 mil millones de pesos. Esta es también, como la del IPAB, una deuda económica y moralmente impagable.

Y eso no es todo, pues a pesar de la amarga experiencia de la privatización de las carreteras y su posterior rescate en 1997 y de la enorme deuda que corre a cargo del erario debido a la incompetencia de las empresas privadas, el gobierno de Felipe Calderón pretende ahora reprivatizar las carreteras, en cuya restauración se invirtieron 160 mil millones de pesos para que ahora ya saneadas sean entregadas al capital privado. Este es, sencillamente, un nuevo fraude a la nación que cumple el viejo sueño conservador: hacer negocios privados con recursos públicos, o de otra manera dicho, privatizar las ganancias y socializar los costos. ¿Hasta cuándo?

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