Puebla, entre las ocho entidades con peor calidad en administración de justicia: ITAM y Moody’s

Ernesto Aroche Aguilar

La fuerte influencia del gobernador del estado, Mario Marín Torres, en las decisiones del sistema judicial poblano y el bajo nivel profesional de los juzgadores colocaron a Puebla entre las ocho entidades con la más baja calidad en la administración de justicia mercantil, de acuerdo con un estudio realizado en conjunto entre el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la empresa consultora internacional Moody’s y el despacho Gaxiola, Moraila y Asociados, SC.

La situación fue reconocida como tangible por el dirigente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), Luis Mora Velasco, quien señaló que el caso de la encarcelación de la periodista Lydia Cacho es paradigmático. Sobre el particular sostuvo que en Puebla a pesar de las declaraciones y aseveraciones de los actores políticos la ciudadanía aún espera una respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se esclarezcan esos hechos.

En una línea muy parecida se pronunció el presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan José Rodríguez Posada, al señalar que en el estado hace falta certeza jurídica y un cumplimiento de la ley sin distingos, cosa que no sucede hasta el momento.

En el análisis “Ejecución de contratos mercantiles e hipoteca. Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucional local” y que fue concluido en diciembre de 2006, se presenta “el nivel de eficiencia de las instituciones públicas locales involucradas en la administración de justicia”.

De acuerdo con el documento Puebla recibió una calificación EC4, junto con Chihuahua, Baja California Sur, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, en una escalada de valores, en donde EC1 es la más sólida y EC5 la más débil; en este último escalafón sólo se ubicó a Veracruz.

La mala percepción que se tiene del trabajo del sistema jurídicojudicial, al menos en materia mercantil, parte principalmente de dos elementos el bajo nivel profesional de los juzgadores y “un problema serio en la imparcialidad de los juzgadores, principalmente por la influencia que sobre éstos ejerce el Ejecutivo local”.

“Asimismo, se aprecia necesario atender otros rubros como son: el mejorar la carrera judicial, aumentar el número de juzgados, capacitar a notificadores y efectuar una reforma a la legislación procesal civil local, que coadyuve al desarrollo eficiente de todos los procesos.

“También se presentan problemas en el rubro de duración de los procedimientos, principalmente en los juicios que se tramitan en la vía ejecutiva mercantil e hipotecaria.

Las cosas parecen mejorar un poco en la etapa de ejecución de las sentencias, aunque existen reportes de dilaciones procesales por la presencia constante de simulación de juicios laborales y la utilización de criterios discrecionales por parte de los juzgadores”.

Un sistema judicial reprobado

La percepción de la ciudadanía es que existe una relación cercana y “malsana” entre el poder judicial y el poder ejecutivo, reconoce en entrevista Mora Velasco, “es real y tangible aunque no sabría hasta que punto”.

Por ello señala que la administración de justicia en Puebla “es un talón de Aquiles que viene arrastrándose desde décadas y la modernización física de Ciudad Judicial no ha logrado que esto avance. Tenemos que llegar a un sistema de arbitraje para dirimir diferencias y a los juicios orales”.

La situación que se observa dentro y fuera del estado no es nueva. Las críticas al bajo desempeño del sistema judicial y a la fuerte ingerencia del Poder Ejecutivo en las resoluciones ha sido una constante en los análisis de competitividad en los que ha participado en el estado, lo mismo en el que realiza año con año el Banco Mundial –Doing Business–, como en el que fue dado a conocer por el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) “Preparando a las entidades federativas para la competitividad: 10 Mejores prácticas”.

De acuerdo con el Doing business de 2006, en donde se analizó a 12 estados de la República y al Distrito Federal, Puebla se ubicó en el fondo de la tabla en el rubro “Cumplimiento de contratos”, en donde se analiza el tiempo, el costo y la facilidad para hacer cumplir con las obligaciones legales.

En ese documento se observa que hasta julio de 2005 se requerían aproximadamente 365 días para hacer cumplir un contrato mercantil, desde la presentación de la demanda hasta ejecución de la sentencia.

Para mediados de 2006, el sistema judicial poblano mantuvo integro su índice de complejidad en los procedimientos: justo en el fondo de la tabla; pero el tiempo para lograr el cumplimiento de un contrato aumentó de manera excesiva hasta alcanzar los 445 días para resolver todo el proceso.

Desde la perspectiva del Imco, el asunto no varía; de los 10 parámetros con que se midió la competitividad en su último reporte, es justo el componente “Sistema de derecho confiable y objetivo” en donde se colocó en su peor posición, el lugar 28. Durante la presentación del documento el presidente del organismo Roberto Newell explicó que ese componente “mide la capacidad que tiene un estado para resolver conflictos entre empresas y particulares en temas de negocios y la calidad de la seguridad y administración de justicia que se ofrece a todos los ciudadanos”.

Por su parte, Francisco Fernández Castillo y Garcés, director de Imco, indicó que el estado enfrenta una excesiva dilación en los procedimientos judiciales, aunado a la ineficiencia en la aplicación de las leyes. Pero además, apuntó que en la materia existen prácticas de corrupción en el sistema judicial, así como los la ausencia de seguridad jurídica y física que enfrentan los ciudadanos.