¿Y eso?

Calderón no tiene un proyecto para ayudar a los migrantes: Tejeda Ortega

Josué Mota

La Fraternidad de Mexicanos Migrantes en la Unión Americana y Canadá ofreció ayer una rueda de prensa en donde aseguró que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no tiene un proyecto que realmente se proponga disminuir los niveles de migración ni para disminuir el costo del envío de remesas .
El Consejero Jurídico de esta organización, Miguel Ángel Tejeda Ortega, dijo que han intentado tener una audiencia con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para proponerle que las remesas que llegan al país “sean invertidas como fuentes generadoras de de empleo”, y de esta manera se reduzcan los indicies de migración.
Tejeda Ortega apuntó que también enviaron la propuesta al Congreso de la Unión “para reconocer personalidad jurídica y coadyuvancia a las agrupaciones de mexicanos” en Estados Unidos.
Exhortó a los diputados federales y locales para que “den pronto un dictamen a la propuesta”, ya que ésta representa un beneficio de todos los mexicanos que han tenido que cambiar su lugar de residencia.
Además, criticó el periodo de gobierno del ex presidente, Vicente Fox, “ya que se alentó la migración de más de 7 millones de mexicanos”, y dijo que la creación del Instituto de los Mexicanos en el exterior es simplemente “un elefante blanco”.
Resaltó que el panorama con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es aun peor que en el sexenio de Vicente Fox, ya que actualmente “no hay un proyecto claro y definido para proteger los intereses de nuestros connacionales en el exterior y sobretodo en Estados Unidos”.
Dijeron que de las 100 acciones del programa de gobierno de Calderón Hinojosa, sólo existen dos puntos referidos a disminuir el costo de envío de remesas y un supuesto fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, sin explicar en qué consisten precisamente.

El gobierno de Mario Marín se inconforma por la segunda comisión de la SCJN

Martín Hernández Alcántara

Como “inconstitucional” calificó el consejero jurídico del gobierno estatal, Ricardo Velázquez Cruz, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una segunda comisión especial para investigar las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en las cuales están implicados el gobernador Mario Marín Torres y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, entre otros.

En una entrevista, el funcionario reveló este miércoles que la semana anterior envió al máximo tribunal del país un documento manifestando su inconformidad bajo el alegato de que no hay una ley secundaria que faculte a los ministros para instituir más de una comisión a fin indagar los asuntos que el pleno de la SCJN considere pertinentes.

“La Constitución no dice que tendrá que nombrarse otra comisión, y después otra y luego otra”, expresó el asesor legal, quien opinó que la segunda etapa de las pesquisas sobre el caso debió haberse llevado a cabo por la primera comisión; es decir, por la que integraban los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín.

Velázquez Cruz dijo que esta semana los funcionarios del gobierno que encabeza el priista Mario Marín Torres esperaban el arribo de la nueva comisión especial, pero que hasta este miércoles no había llegado a Puebla.

Mañana jueves habrá una sesión del pleno de la Corte, abundó el consejero, y en ella participará el ministro Juan Silva Meza, responsable directo de la nueva comisión, por lo que es posible que el organismo inicie sus trabajos el viernes 2 de marzo o hasta el miércoles 6 del mismo mes.

“Nosotros hemos hablado con algunos integrantes (de la comisión), hemos ofertado (sic) nuestra disponibilidad e interés para que esto se resuelva de la manera más rápida. Hemos manifestado nuestras solicitudes, que es prácticamente que nos encontremos para que podamos de una vez ya entregarle documentos a la comisión” (sic), explicó Velázquez.

Segunda inconformidad

No es la primera vez que Velázquez Cruz manifiesta su inconformidad con la investigación que realiza la Corte. El 17 de noviembre de 2006 tramitó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de Mario Marín Torres, aduciendo que el mandatario está en “estado de indefensión” porque la legislación mexicana no le provee recursos de defensa ante las indagatorias de la SCJN; sin embargo, en su queja –publicada en el diario local El Sol de Puebla, el 13 de febrero del presente año– Velázquez Cruz no dice que Marín es el gobernador del estado de Puebla, sino un ciudadano común y corriente. De hecho, el consejero jurídico se ostenta como representante legal de la supuesta organización gubernamental “Centro Mundial de los Derechos Fundamentales de las Personas”, la cual es inexistente.

Pese a todo, Velázquez puso como domicilio para recibir comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las oficinas que le han sido conferidas en su calidad de consejero jurídico del Poder Ejecutivo local, con dirección en 4 Norte, número 4 despacho 20.

El 19 de abril del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la solicitud que le hizo el Senado de la República para investigar al gobernador Mario Marín Torres y a otros funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla, que tomaron parte en la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro a mediados de diciembre de 2005.

La comisión especial presentó los resultados de su investigación al pleno del máximo tribunal del país el 19 de septiembre de 2006, pero siete de los 10 ministros rechazaron el proyecto presentado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien prácticamente exoneraba al mandatario estatal y ni siquiera tomó en cuenta las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el llamado góber precioso y el apostador Kamel Nacif Borge, publicadas por La Jornada el 14 de febrero del mismo año, en las cuales se escucha a ambos afinando detalles sobre el encierro de la informadora.

Fue así que se creó una nueva comisión, liderada por el ministro Juan Silva Meza, quien es auxiliado en las investigaciones por los magistrados Emma Meza Fonseca, Eduardo Sergio Alvarado y Anastasio Enrique Escobar Ángeles, la cual tiene la encomienda de considerar las grabaciones no como un elemento de prueba, pero sí como un indicio a partir del cual se debe indagar, en primer término, si Mario Marín sometió al Poder Judicial poblano para encarcelar a Cacho y, de comprobarse lo anterior, si la intención del mandatario fue hacer escarmentar a la periodista por descubrir una sofisticada red de pederastia y pornografía infantil.

Trascendió que la semana pasada la comisión especial de la Corte entrevistó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, quien ha aceptado que en los días del encierro de Lydia Cacho Ribeiro dialogó con Arsenio Farrell, abogado de Kamel Nacif, sobre el juicio que éste entabló contra ella por el delito de difamación; sin embargo, el titular del Poder Judicial local ha asegurado en todo momento que jamás comprometió apoyos para la causa del empresario, quien es identificado como protector del violador de niños confeso Jean Thouma Hannah Succar Kuri.

Encuentran expediente “extraviado” de Marín

La Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer dio a conocer, en un despacho de su agencia informativa, que el expediente de juicio político contra Mario Marín Torres, supuestamente extraviado en el Congreso de la Unión, ya apareció, pero en un formato de fotocopias.

La encargada de dar a conocer la recuperación del legajo fue la ex diputada federal del PRD, Rosa María Avilés Nájera, integrante del Frente Cívico Nacional por la Defensa del Estado de Derecho.