“La jueza del escándalo” arremete vs la Corte
Envía cartas al ministro Ramón Cossío y al ombudsman José Luis Soberanes
Zeus Munive Rivera
“La jueza del escándalo”, Rosa Celia Pérez González —quien dictó la orden de aprehensión contra Lydia Cacho Ribeiro—, acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) de convertirse en un “Tribunal Constitucional de la Inquisición”, en una carta enviada al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, cuya copia obra en poder de Cambio.
Además, en la misiva —enviada el pasado 5 de marzo— censura a la CNDH porque en el escándalo Marín-Cacho la ha dejado en la “total orfandad, ha sido parcial y desigual”.
La juez quinto de lo penal señala en su texto que la Corte la reduce de ser humano a un mero objeto de averiguamiento. Asimismo, ella se dice perseguida por parte del Estado, ya que no pertenece a “los negros intereses políticos” del Gobierno federal.
“En esa fiscalía se me investiga por afirmaciones expuestas por miembros del PRD, a las que se adhirió, como si de un capítulo de sus novelas se tratara, ‛la señora de la península’ (Lydia Cacho) con imaginación preñada por el dolo”.
“Los propósitos de la atracción resultan particulares y concretos, en la medida que, delitos graves, constatables (…) no han sido tomados para su investigación (por cierto, alguna solicitada por usted) por esa fiscalía, aún con identidad de las calidades de los sujetos pasivos.
“En esa oficina, y dentro de la averiguación previa 02/FEPADE/06 que se me sigue, los fiscales, obedeciendo a una cierta sistematización, me han transformado también en objeto de puro averiguamiento y exhibición”, argumentó.
“La jueza del escándalo” dice que sus familiares y amigos la consuelan al decirle que la investigación que le persigue es un asunto político, y ella les responde: “con el amargo en los labios. ¡Qué diablos me importa a mí lo político! Si mi formación ha sido de pie junto al frondoso árbol del Derecho”.
Rosa Celia Pérez considera que la lucha enfrentada contra el Poder Judicial de la Federación es desigual, y desde su perspectiva es preferible que la hagan víctima de injusticias, apunta.
A Lydia Cacho la señala como un caballo de Troya al ser idealizada, y un instrumento del Poder Federal “con fines de control político, en un maridaje: ideología dominante-mass media, que le ha sido fructífero. Ellos siguen pergeñando el Poder, y ella ha sido elevada a cumbres que su pluma jamás le dio”.
Por otro lado, señala que las garantías judiciales en la investigación que sigue la Corte son inexistentes.
La carta contra la Suprema Corte
La jueza también envió una carta al ministro de la Corte, José Ramón Cossío Díaz. En ella, se queja porque la investigación que sigue la SCNJ por el escándalo Lydia Cacho viola sus garantías individuales.
En la misiva señala que no hay medios de defensa, ni ha contado con la efectiva protección legal para los derechos que en teoría debe otorgar el Estado mexicano.
“No hay igualdad, porque en el expediente 2/2006 del ejercicio de la facultad de indagatoria del artículo 97 Constitucional, para investigar una presunta violación de garantías de mi contraparte, la Suprema Corte, sus Comisionados y auxiliares han atropellado mis garantías dentro de los artículos 1, 5, 8, 14, 16 Y 17 constitucionales. No observadas lleva a la negación de mi condición de humanidad de la que son inherentes, y me reduce a existir como un puro objeto de averiguamiento; a deambular como espectro de lo que antes fui para mis semejantes.
“Basta ver para acreditar la ruptura de mi derecho a la igualdad, el matiz del discurso en las resoluciones emitidas en el expediente 2/2006, ejemplificado con las frases ‛es muy extraño que’, ‛parece sospechoso’, que no denotan certidumbre sino subjetividad, utilizadas para descalificar mi actuación, en oposición al lenguaje usado al referirse a la contraparte. Todo eso sin contar las acciones materiales de averiguamiento, desplegadas con impunidad”.
Además, la jueza asegura que ha sido perseguida y vigilada desde abril del año pasado.
“Con independencia de lo anterior, durante la segunda quincena del mes de abril, constaté que personas no identificadas me vigilaban, lo que me orilló a presentar una denuncia; aunado a la gran probabilidad de monitoreo de mis comunicaciones privadas, telefónicas, postales y electrónicas, me sitúa en una situación de indefensión, ante la pérdida de mis libertades”.
