jueves, mayo 10, 2007

Columnistas

Duelo de Espadas
Edmundo Dantés

condemontec@hotmail.com


Opacidad y rapiña (Segunda parte)
Como se enfatizó en el texto anterior, diversos investigadores en tiempos recientes han analizado el tema de los abusivos salarios de los funcionarios mexicanos, quienes en la mayoría de las ocasiones no intentan siquiera justificar lo oneroso de sus sueldos, sino que los consideran como una especie de botín de guerra, mientras los ciudadanos ven con coraje e indignación que en cada elección no se vota por quien administrará los recursos de la comunidad, sino por el nuevo grupo de depredadores del erario público.
En este sentido, el “calzonzin poblano”, Humberto Aguilar Viveros, no hizo más que reproducir el saqueo que de manera “normal” históricamente hacen los funcionarios públicos contra el dinero del pueblo. Es claro que el atentado del “calzonzin” local tiene el agravante de que se comete contra la dependencia que, supuestamente, realiza el trabajo “noble” de la administración, lo que quiere decir que Aguilar Viveros lucra con los más necesitados.
Lamentablemente, la rapiña contra el erario público es común en los diferentes niveles de gobierno, sin importar el partido que se encuentre en el poder, pese a que durante décadas se pensó que una administración no emanada del PRI se comportaría de manera diferente, pero las gestiones de Vicente Fox, Luis Paredes o Rosario Robles demostraron que los colores no importan a la hora del hurto.
En diciembre del 2002, Laura Carrillo Anaya y Juan Pablo Guerrero Amparán, investigadores del CIDE, presentaron un estudio que comprueba “que el nivel actual de los sueldos de la alta función pública en México es muy alto en comparación nacional e internacional.
Los niveles de secretario de estado, subsecretario y director general, están mejor pagados que sus equivalentes en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y el Reino Unido. El estudio también toma en cuenta las prestaciones y muestra que en ello también los altos funcionarios mexicanos tienen ventajas en perspectiva internacional”.
Esta investigación del Centro de Investigación y Docencia Económica muestra que “para saber si ese nivel de salarios se justifica, los ciudadanos tendrían que contar con indicadores confiables sobre el desempeño y productividad de los altos funcionarios, así como información sobre los resultados de sus políticas.
Lo anterior supondría mecanismos de evaluación en un contexto de transparencia de la gestión pública que todavía no existe. No obstante, la percepción general suele ser que esas remuneraciones de primer mundo no han garantizado a la sociedad mexicana un gobierno que provea de bienes y servicios públicos de primera calidad”.
Este trabajo evidencia que “en la actualidad la alta función pública federal mexicana es posiblemente de las mejores pagadas del mundo y tiene sueldos muy elevados en el ámbito nacional. La desproporción sólo se modera cuando se comparan los ingresos agregados del sueldo más las pensiones; en otras palabras, el ingreso de un mando superior mexicano se vuelve equivalente al de su homólogo en un país desarrollado cuando se adicionan los ingresos después del retiro de ambos, es decir, al equipararse el ingreso total a lo largo de la vida.
Incluso entonces el ingreso del mexicano es muy alto y claramente superior si supone más de tres o cuatro años de permanencia El estudio revisa algunas hipótesis para explicar lo anterior: la política de combate a la corrupción, el alto costo de la vida en la ciudad de México, la competencia con el sector privado por recursos humanos altamente capacitados, pero ninguna de las anteriores explicaciones parece ser por sí sola concluyente”.
Carrillo Anaya y Guerrero Amparán llegaron a la conclusión de que los sobresueldos oficiales se deben a varios factores, como la incertidumbre laboral de la alta función pública, que ha obligado al gobierno a pagar un premio que compense el riesgo latente del despedido; la falta de mecanismos efectivos que midan el desempeño del aparato burocrático y lo obliguen a rendir cuentas, porque no hay indicadores que demuestren que los sueldos que paga la sociedad mexicana se justifican ante los bienes y servicios que recibe a cambio. Finalmente, el tercer factor es la polarización estructural de la distribución del ingreso en el país.
Lo que es un hecho es que, “con la excepción del presidente de los Estados Unidos de América, el primer mandatario mexicano tiene un ingreso superior al de varios jefes de gobierno: recibe del erario público más del doble que el presidente de Brasil y casi seis veces más que su contraparte chilena. A partir del nivel de secretario de estado, México queda en primer lugar de los países considerados”, algunos desarrollados, como Francia Alemania, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, entre otros, según la investigación citada.
Por ello, no tuvo importancia alguna el anuncio hecho por Felipe Calderón Hinojosa a finales del año pasado en cadena nacional, respecto a una ínfima reducción salarial para los funcionarios federales de primer nivel, ya que una disminución del 10 por ciento a sus sueldos es como quitarle un pelo al gato y la medida solamente tuvo objetivos mediáticos-propagandísticos.

Sin control en estados y municipios

Tampoco en las entidades y municipios hay límites o controles sobre los sueldos de los funcionarios. En octubre del año pasado, Reforma publicó una investigación en que dejó claro que varios gobernadores priístas, panistas y perredistas ganan más que sus homólogos norteamericanos, pese a que el PIB de las entidades mexicanas es mucho menor que el de las americanas.
El reportaje de Reforma es elocuente: “Los mandatarios de 19 estados mexicanos ganan salarios superiores a los ingresos promedio de los 50 Gobernadores de Estados Unidos, de 101 mil 420 dólares anuales. El mejor pagado es el mandatario (panista) de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, con 259 mil 715 dólares anuales en promedio, lo que lo coloca, incluso, con un sueldo superior al del Presidente Vicente Fox o a los pagos recibidos por sus homólogos de Nueva York, Washington, Texas y California, por ejemplo.
Además, el gobernador aguascalentense percibe 145 mil 967 dólares al año por un concepto denominado “riesgo laboral”, adicional a su sueldo, el cual asciende a 113 mil 748 dólares anuales.
Otros gobernadores que tienen ingresos superiores a los 161 mil dólares anuales son Eugenio Hernández, de Tamaulipas; Enrique Peña Nieto, del Estado de México; Francisco Garrido Patrón, de Querétaro; Zeferino Torreblanca, de Guerrero; Eugenio Elorduy, de Baja California; y Juan Manuel Oliva, de Guanajuato.
Analistas coinciden en que los sueldos de los Ejecutivos locales son muy altos y carecen de congruencia con los niveles de desarrollo de varias regiones de México que tienen altos niveles de pobreza”.
También en los ayuntamientos se vive una situación similar, como lo dio a conocer en febrero del año pasado el diario La Prensa de San Diego, mediante una nota informativa en que comparó los salarios de los ediles mexicanos y norteamericanos de la zona fronteriza y ¡oh sorpresa! encontró que – en ese tiempo - Jorge Hank Rohn y compañía superan en mucho a los americanos.
Este contexto refleja claramente que la contradicción que sufre México al tener funcionarios y/o representantes populares ricos, mientras el país y la mayoría de estados y municipios son pobres no es un problema menor ni coyuntural, sino estructural e histórico.
Y lo peor es que - pese a que en este momento los partidos nacionales hablan pomposamente de la “Reforma del Estado” - nadie ha propuesto legislar y establecer controles, para que en el corto o mediano plazo los salarios de los funcionarios y legisladores se basen en sus responsabilidades, en sus resultados en el ejercicio de gobierno a favor de la ciudadanía y estén limitados por la situación socioeconómica de cada entidad y municipio.

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