EDITORIAL
LA PROCURADURÍA CALLA EN EL CASO DEL CURA PEDERASTA
Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ayer no pudieron confirmar o desmentir dicha información, lo cual resulta extraño y contribuye a fortalecer la hipótesis de que el cura Nicolás Aguilar ha recibido protección oficial que impide un castigo en su contra por los casos de pederastia que presuntamente cometió contra niños de la región de Tehuacán.
El año pasado la PGJ insistió en que no existía un proceso penal abierto contra el clérigo, y por ende, una orden de aprehensión, pero además ofreció una serie de versiones incongruentes sobre la búsqueda del religioso que realizaban agentes de la Policía Judicial, pero ahora, con el otorgamiento de un amparo, queda evidenciado que la Procuraduría General de Justicia ha mentido sobre la situación jurídica de este sacerdote.
Lo más importante es preguntarse a qué se debe este comportamiento favorable a Nicolás Aguilar. Todo apunta a que existe un contubernio entre autoridades civiles y el alto clero católico para no proceder en aquellos casos de violación de la ley que sean de interés de algún prelado de dicho culto religioso.
Por esa razón, es necesario insistir en que se investigue qué papel jugó el cardenal y ex obispo de Tehuacán, Norberto Rivera Carrera, en la protección y solapamiento del comportamiento del cura Nicolás Aguilar.
