René Sánchez Galindo ¡Pero ni Kafka!

¡Pero ni Kafka!

René Sánchez Galindo

8 de mayo de 2007

(Con todo y anexo-borrador de ong´s)

El caso de los presos políticos en México está en sus peores épocas. Atenco, Oaxaca, Yucatán, San Luis Potosí, entre muchos otros casos. Y los de la Convención Nacional Democrática y el gobierno Legítimo, pues sígamosle buscando alternativas a la resistencia.

Es un lugar común decir que México es un país Kafkiano. Debo confesarles que el Proceso, la obra de Franz Kafka la leí apenas hace 3 años precisamente porque andaba adentrándome en procedimientos, pero de naturaleza paralmentaria. En la universidad leí Metamorfósis que consideró una joya de la realidad de la naturaleza humana.

En fin, distinto a lo que la mayoría comenta sobre México y lo Kafkiano de sus procesos legales, a mi me pareció que lo verdaderamente relevante que un abogado europeo de finales del XIX y principios del XX venido ha grandioso literato, no era lo tortuoso, aberrante y absolutamente injusto, por no decir inhumano, de los procesos legales, sino la personalidad civil, ciudadana, de Joseph K.

En efecto, K. se cuestiona y custiona a las autoridades, al gremio de los abogados, a las vícitmas, a las partes en los juicios, en general a la ciudadanía y a toda la sociedad por estas circunstancias. Tal vez sea mi formación o deformación la que me hace observar esto como lo más relevante. O a lo mejor ha sido el compartir durante 4 años y medio la lucha de grupos sociales por ser reconocidos, regularizados, atendidos y respetados ante las leyes mexicanas.

Por ello, pienso que si tenemos procedimientso kafkianos, no basta con sólo señalarlo, ni creo que la única respuesta se hacerles frente de frente (what ever that means o lo que ello signifique), sino lo que propongo es que lo cuestionemos, quien pregunta no se quivoca, o pienso (dudo, pregunto), luego existo.

Cuando unos grupos ciudadanos del DF, Puebla, estado de Méxcio, me platicaron que planeaban hacer algo parecido a lo que estamos trabajando en temas locales del municipio de Puebla, realmente me congratulé.

Estas organizaciones planean, entre otras acciones, formular preguntas diversas a las autoridades federales y estatales, por la inaudita condena de primera instancia de 67 años a los líderes del Frente de los Pueblos en defensa de la Tierra de Atenco. Así es ¡67 años!, ¡pero, ni Kafka lo escribiría e estos tiempos!

Desde ahora advierto y decreto, por qué no, que no les ira, no les puede ir, porque son muchos como a Joseph K. le fue.

Se dirigirían a la segretaría de gobernación, a la de seguridad pública, a la reforma agraria, a al procuraduría agraria, a la CNDH, a la PGR, a la policía federal (PFP, integrada fundamentalmente por militares) , al Poder Judical, entre otras autoridades del régimen federal actual. Además a las autoridades estatales a la secretaría de gobierno, a la procuraduría estatal (PGJEM), al poder judicial estatal, entre otras.

Según me dijeron pedirán la información aunque se considere reservada; pero me explicaron que también la pedirán especificando toda aquella que no esté reservada, así como toda aquella que esté un procedimiento legal ya concluido y que se relacione aunque sea por casos similares, además requerirán información que circula entre las autoridades como informes y que por lo tanto están obligados a proporcionar.

La idea, dicen, es solicitar respuestas, solicitar documentos, promover los recursos en caso de que la consideren reservada, pero sobre todo, de una vez solictar la información relativa que las autoridades no puede reservar.

Les vi cara de Joseph K. pero organizado, pero multiplicado por muchas organizaciones, por millones de personas. Un K. a la mexicana, o sea muy Kbrn.

No con muchas ganas, pero me facilitaron un borrador, que a pesar de los avances tecnológicos tuve que copiar tecleándole, por eso me retresé en esta entrega.

Ahí les va:

“Se solicita la siguiente información que se haya generado durante los sexenios federales de Vicente Fox y el actual régimen; así como de los sexenios de los gobernadores Montiel y Peña Nieto del Estado de México:

“Cúantas condenas similares

“Cuántas condenas firmes y definitivas por secuestro equiparado por 67 años y seis meses ha conseguido la PGJEM, del Poder Judicial; cuántas entre 65 y 70 años

“Cuántas en primera instancia

“Cuántas ha logrado superar la condena en segunda instancia

“Cuántas condenas ha perdido la PGJEM en elsegunda instancia o en Amparo, o en algún otro recurso o medio de defensa que la ley contmeple

“Cuántas condenas firmes y definitivas ha obtenido la PGJEM del poder judicial, por hechos en los que ha sido apoyada por fuerzas federales como la PFP

“Declaraciones de policías

“En cuántos casos de estos han rendido testimonios oficiales de la PFP y

“Conforme a los convenios de colaboración entre la Federación y el Estado México relativos a la seguridad pública y/o conforme a la Ley de la Policía federal Preventiva, al percartarse la PFP de la probable comisión de delitos estatales, ¿los denuncia ante autoridades estatales?

“En cuántos y en qué casos lo ha hecho

“¿En estos casos las autoridades federales han rendido declaración?

“En qué casos se ha encontrado con la probable comisión de delitos federales

“Cuántos de estos casos se han denunciado a autoridades federales

“Cuántos y qué casos de estos ha denunciado la PGR ante autoridades estatales

“Cuántos y qué casos de estos la PGR ha sido notificada que el Poder Judicial turna y/o hace del conocimiento de autoridades estatales por tener implicaciones de fuero común

“Casos y declaraciones de delitos contra funcionarios del Estado de México

“Cuántos casos ha tramitado la PGJEM en los que la víctima del delito hayan sido servidores públicos del gobierno estatal o de los municipales en funciones

“En cuántos de ellos han declarado los funcionarios

“En cuántos de ellos han señalado a los probables responsables

“En cuántos han obtenido sentencias favorables a las víctimas

“En cuántos han obtenido sentencias condenatorias de 67 años

“En cúantos han obtenido sentencias condenatorias contra personas no denunciadas por las víctimas

“En cuántos se han desisitido las víctimas

“Las negociaciones políticas

“Cuántos y qué documentos sobre mecanismos de negociación, distención, acercamiento, revisión de leyes y de reglamentos, atención de solicitudes y gestión ante dependencias y entidades, realizó la Secretaría de Gobierno del Estado de México, en uso de sus facultades y obligaciones legales, sobre el conflicto de San Salvador Atenco que derivó en una sentencia de primera instacia por secuestro equiparado en contra de 3 atenquenses

“Cuántos y qué documentos realizo la Secretaría de Gobernación Federal en relacón con el mismo conflicto y la misma pregunta para la Secretaría de la Reforma Agraria y para la Procuraduría Agraria

“Cuál es la evaluación de las contralorías internas, o de las auditorías legislativas, o cualquier otro mecanismo sobre el ejercicio de estas facultades

“Qué trámites o gestiones se iniciaron para reformar reglamentos, leyes o actos administrativos relativos al conflicto

“Cuántos culminaron con resoluciones legislativas o administrativas definitivas

“Cuántos alcanzaron un acuerdo con las partes en conflicto

“Condenas a un año

“Cuántas condenas condenatorias de primera instancia ha obtenido la PGJEM justo a un año de las detenciones

“Cuántas por secuestro equiparado

“Cuántas por hechos relacionados con conflictos sociales

“Cuántas en las que las víctimas son servidores públicos del gobierno estatal o de los municipios

“Responsabilidades de los servidores públicos por corrupción

“En cuántos casos se ha detectado colusión de servidores públicos de dependencias entidades y poderes estatales y federales para dictar sentencias condenatorias por consigna

“Cuántos responsables como servidores públicos estatales sentenciados

“Cuántos responsables como servidores públicos federales sentenciados

“Responsabilidades por abusos de poder

“Qué trámite han dado las autoridades estatales y federales a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

“Qué trámite y respuesta han dado a las solicitudes y denncias penales, administrativas y simples mediante oficios, de organizaciones civiles, respecto a los abusos de poder de las fuerzas policiácas federales y estatales

“Qué actos administrativos y acuerdos, incluyendo todo tipo de oficios dirigidos a otras autoridades federales o estatales, tomaron la Secrertaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal Preventiva para incursionar en San Salvador Atenco y en la carretera a Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006”

René Sánchez Galindo

ranazapatera@yahoo.com

Riña con granaderos deja cinco heridos

Por la tarde, la Profepa clausuró temporalmente la empresa Ecotérmica de Oriente

Efraín Núñez Calderón

Alrededor de cinco lesionados dejó el enfrentamiento entre 200 granaderos de la Policía Estatal y 300 pobladores de Santa Ana Xalmimilulco, quienes intentaron bloquear la autopista México-Puebla exigiendo el cierre de la empresa Ecotérmica de Oriente, a la que acusan de provocar cáncer, lesiones en la piel y daños en las vías respiratorias.

Por la tarde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente la empresa Ecotérmica para abrir una investigación al respecto.

A primera hora de ayer, los habitantes de esta comunidad ubicada en la zona de Huejotzingo, se trasladaron a la altura del kilómetro 99 de la autopista México-Puebla, sobre la lateral de dicha vialidad, con la intención de bloquearla.

De inmediato arribó al lugar un contingente de granaderos fuertemente armados con toletes, escudos, gas lacrimógeno y pistolas con balas de salva, e impidieron la estrategia de los quejosos. Durante horas el lugar se mantuvo en una tensa calma.

Sin embargo, cerca de la una de la tarde, un señor de avanzada edad fue violentamente agredido por los uniformados. Los golpes propinados le dejaron la cara llena de sangre. El ataque provocó la molestia de los pobladores, quienes respondieron lanzando piedras, botellas y cuanto objeto encontraron a su paso en contra de los granaderos. Mientras tanto un helicóptero de la Policía Estatal volaba en círculos para valorar la zona.

Incluso, hubo quienes lanzaron bicicletas hacia el contingente de uniformados, los cuales intentaron aplacar la refriega lanzando gas lacrimógeno. Tras 10 minutos de ataques, la población retrocedió por la irritación de los ojos y al tener dificultad para respirar.

Media hora después, el pueblo de Xalmimilulco se reagrupo para confrontarse con los uniformados. Esta vez los enfrentamientos fueron más leves, sin registrarse lesionados. Alrededor de las tres de la tarde, se registró un nuevo zafarrancho que duró unos minutos.

Al finalizar el último altercado, el saldo fue de al menos 5 lesionados, tres habitantes de Xalmimilulco y dos uniformados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenciones. Los pobladores decidieron buscar refugio en la plaza pública, sin embargo, los granaderos se mantienen desde ayer en la comunidad.

De nueva cuenta a pesar de la presencia de operadores y negociadores de la Secretaría de Gobernación estatal, no se pudo evitar la violencia en dicha comunidad, a tan sólo un día de los enfrentamientos entre pobladores de Coyomeapan y granaderos a las afueras de Casa Aguayo.

La exigencia principal de los pobladores de Xalmimilulco es la clausura de la empresa Ecotérmica de Oriente, a la cual responsabilizan de la propagación de enfermedades como el cáncer, lesiones en la piel y padecimientos de las vías respiratorias, lo anterior por los desechos tóxicos que la firma tira al ambiente.

Según los inconformes, llevan mucho tiempo pidiendo la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin embargo, hasta ayer no habían tenido alguna respuesta.

“Ni una sola coma”, la orden de Televisa"

jenaro villamil México, D.F., 8 de mayo (apro).- No le cambien “ni una sola coma”, fue la orden explícita, clara y contundente que el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, le puso como condición a Josefina Vázquez Mota, entonces coordinadora de la campaña de Felipe Calderón, el 22 de marzo de 2006, una semana antes de que se aprobara la polémica ley que lleva el nombre de la principal empresa que la impulsó.

Gracias a esa orden, el bloque de senadores del PAN –que mayoritariamente apoyaban a su correligionario Javier Corral, firme opositor a la ley-- se fracturó. El “jefe” Diego Fernández de Cevallos, junto con Emilio Gamboa Patrón, Enrique Jackson, Héctor Larios y Héctor Osuna, presionaron en sus respectivas bancadas para lograr la mágica cifra de 81 votos a favor de una iniciativa a la que no le cambiaron “ni una sola coma”.

La misma orden le llegó a los legisladores del PRI. La negociación inicial de la ley, en octubre de 2005, fue precisamente con Carlos Flores Rico, entonces encargado de comunicación de la campaña de Roberto Madrazo, candidato presidencial del PRI. Gracias a esa negociación, la Ley Televisa pasó sigilosamente en la Cámara de Diputados, el 1 de diciembre de 2005, en plena etapa de las negociaciones de los famosos “paquetes publicitarios” de los candidatos presidenciales para las elecciones del año próximo. El resultado de esa negociación fue la iniciativa que presentó el diputado Miguel Lucero Palma, quien sólo prestó su nombre para que pasara sin problemas una iniciativa que, en términos estrictos, constituye una contrarreforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Las presiones hacia el PRD no fueron tan visibles, pero fue un hecho que el entonces coordinador de la fracción de ese partido en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez avaló y defendió al principio la Ley Televisa argumentando que acababa con la “discrecionalidad” en el otorgamiento de concesiones. Dos semanas después, el PRD, ante la presión de la opinión pública, se retractó, y sólo una semana antes de que la iniciativa se aprobara en el Senado, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sugirió que se pospusiera la votación hasta después de los comicios del 2 de julio. Los 15 senadores del PRD, coordinados entonces por Jesús Ortega, votaron en contra de la ley. Fue la única fracción que no dividió su voto. Y así les fue.

Un año después, esta pequeña síntesis de la orden principal y de las presiones recibidas por los legisladores para aprobar una ley que concentra aún más el poder de las televisoras y va en contra de la necesidad de democratizar los medios electrónicos y las telecomunicaciones, es necesario recordarla por dos razones principales:

1.- En primer lugar, el proyecto de resolución del ministro Sergio Aguirre Anguiano revela que los principales senadores que se opusieron a la ley tenían razón al argumentar que esa contrarreforma haría prevalecer el imperio del dinero y la mercantilización por encima de las necesidades de derecho a la información, de pluralidad y calidad de los contenidos televisivos y de la necesidad de que el espectro radioeléctrico –un bien público de la nación-- no sea considerado patrimonio de quienes han embrutecido a la población, con contenidos de pésima calidad y han hecho un jugoso negocio con la pantalla.

El proyecto de resolución cita en sus partes medulares a quienes, durante la histórica sesión del 30 de marzo de 2006, se opusieron a la ley, y rompieron con la orden de que no se le cambiara “una sola coma”. Entre ellos, están el propio Javier Corral; el exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett; la exgobernadora yucateca y exdirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, y el excandidato a gobernador de Tabasco, César Raúl Ojeda.

No se necesita ser un experto ni perderse en la terminología técnica para entender que México vive una enorme concentración de poder mediático y que los contenidos de la televisión comercial no sólo están afectando los niveles de educación en el país, sino que han hecho un jugoso negocio con las contiendas electorales, sin que exista autoridad reguladora que los controle, que abra el sector a la competencia y que permita a las opciones alternativas –la radio independiente, la radio comunitaria y la televisión pública-- tener las mismas oportunidades para dar servicios alternativos.

Ese es el meollo del problema. Esta es la discusión que vuelve a abrirse con la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia.

2.- La segunda razón fundamental es el debate paralelo que se ha abierto, a raíz del reconocimiento explícito de Santiago Creel, de que la Ley Televisa fue el resultado de una imposición y no de una negociación. La imposición, ha subrayado, fue clara: se hizo a partir de la adicción que tienen los partidos y los candidatos a la pantalla televisiva para poder competir electoralmente.

Evidentemente, al exsecretario de Gobernación foxista y exprecandidato presidencial se le pueden criticar muchas cosas. Entre ellas, el hecho de que, durante sus cinco años al frente de Bucareli, no hizo nada para frenar el inmenso poder mediático, económico y político que adquirieron Televisa y TV Azteca. Sin embargo, su declaración tiene el mérito de que rectifica y pone contra la pared a quienes, durante todo este debate intenso, negaron una y otra vez que la Ley Televisa fuera resultado de una orden del consorcio dirigido por Emilio Azcárraga Jean.

Por eso resulta patético ver ahora a Emilio Gamboa Patrón –el famoso legislador de la conversación con Kamel Nacif-- decir que él nunca recibió presión alguna. ¡Por supuesto! El fue, entre otros, el responsable de la llamada “Operación Torniquete” que se aplicó durante los días previos a la aprobación de la ley en el Senado para convencer a los senadores críticos del PRI y del PAN.

Esa “Operación Torniquete” fue revelada por el periódico El Universal que ahora, sorpresivamente, ha abandonado su línea crítica hacia una ley que durante todo este periodo crítico. ¿Será que su sociedad con TV Azteca en el canal Proyecto 40 es más importante que la congruencia de su línea editorial?

Otros que participaron en la operación de presión están ahora al frente de las coordinaciones y de las cámaras: Héctor Larios pasó de ser el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, a la Cámara de Diputados. Jorge Zermeño Infante, uno de los más aguerridos contra los críticos panistas a la Ley Televisa, preside ahora la Cámara de Diputados y aparece en las portadas de la revista Caras –propiedad de Televisa-- para promover su figura y su matrimonio con miras a la gubernatura en Coahuila. El actual presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, no puede excusarse. Fue expresidente de la Cámara de Diputados y votó a favor de la Ley Televisa.

La historia tiene sus puntos de quiebre. Hoy vuelve a revivir ese debate, gracias a un proyecto de resolución que considera anticonstitucionales elementos centrales de aquella ley. Lo importante no es lavarse la cara o tratar de engañar a todos los mexicanos diciendo que no recibieron ninguna presión. Lo sustancial es democratizar los medios electrónicos y mejorar sus contenidos. Lo necesario es que la convergencia tecnológica en telecomunicaciones no puede convertirse en otro gran fraude a la nación para favorecer a monopolios.

Confirma Ahumada complot político contra López Obrador
gloria leticia díaz México, D.F., 8 de mayo (apro).- Después de tres años en prisión, zanjados ya los cinco procesos penales que pesaban sobre él y desde la comodidad de su casa, el empresario Carlos Ahumada Kurtz negó estar arrepentido por haber difundido los ‘videoescándalos’ en 2004 y confirmó, por el contrario, que su intención fue evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales del año anterior.

En entrevista con su amigo, el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, apenas cuatro horas después de haber abandonado las instalaciones de la Procuraduría capitalina --la única que concedió en el día--, Ahumada Kurtz narró, entre lágrimas, los incidentes ocurridos desde la víspera de su liberación y su inesperada recaptura, traslado y larga estancia en la agencia 50 del Ministerio Público.

Al final de la entrevista, Gómez Leyva le preguntó al empresario si pensaba lo mismo que en julio de 2004, cuando lo entrevistó en la reclusorio Norte, sobre si se había equivocado al difundir los videos.

En dicha entrevista, publicada por el diario Milenio en tres entregas, el empresario confesó que el operativo había sido “un error”.

A tres años de distancia, fuera de las rejas, Ahumada cambió de opinión. Esto fue lo que le dijo ahora a Gómez Leyva:

“Fue un granito de arena que se sumó a lo que finalmente tuvo su desenlace final el año pasado, de lo que finalmente ocurrió en julio del año pasado”.

Previamente, el empresario había dicho que no sentía odio contra nadie, que lo único que sentía era dolor por “no haber estado con mis hijos y con Ceci (Cecilia Gurza, su esposa) más de tres años”.

Añadió: “Sí hubo momentos de frustración y de odio, pero ahorita no puedo sentir algo así, estoy muy contento y feliz, estamos como muéganos”.

Ahumada confirmó lo que horas antes había dicho al salir de la agencia 50 del MP, de que no pensaba por el momento abandonar el país.

Y es que al salir de las instalaciones de la PGJDF, poco después del mediodía, rodeado de representantes de los medios, el empresario se comprometió a dar una conferencia de prensa en próximos días para dar detalles de su estancia en la cárcel, donde fue recluido el 28 de abril de 2004.

Relevo de juez

Ahumada recibió su boleta de liberación del juez 12 de lo penal, Alberto Ruvalcaba Ramírez pasadas las 22:00 del lunes 7 de mayo, luego de ser absuelto del cargo de fraude genérico en agravio del Gobierno del Distrito Federal (GDF), “ante la falta de comprobación del delito de tal injusto, al no acreditarse la forma de intervención” del empresario, así como de Luis Rey Ángeles Carrillo, Juan Carlos Hernández Tavira, Carlos Álvarez Cardoso y María Martha Delgado Arroyo.

Según la boleta de liberación leída por Ahumada, el caso se inició en el juzgado primero de lo penal, bajo el número de partida 59/2004, y “que por excusa se revisó en este juzgado (el 12) con el número de partida 38/2007”.

El retraso en la ejecución de la orden de absolución dio lugar a que la esposa del empresario solicitara la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ente que inició una investigación por una presunta “retención ilegal” por parte de autoridades del reclusorio Norte.

De acuerdo con un boletín del ombudsman local, éste solicitó a la Procuraduría capitalina “información para conocer la situación jurídica de Ahumada Kurtz, y el resultado de la valoración médica para constatar las lesiones, que de acuerdo con el peticionario se le inflingieron durante su detención y traslado a la agencia 50”.

El órgano de derechos humanos destaca que al salir Ahumada del reclusorio, a las 3:20 horas de este martes, “personal de la CDHDF atestiguó el desorden generalizado en medio del cual se ejecutó lo que parecía en ese momento una nueva orden de aprehensión”

Se añade que los visitadores constataron “que quienes se ostentaron como representantes de la PGJDF no mostraron ni exhibieron orden de presentación para trasladar a Ahumada Kurtz a una diligencia judicial”.

Según Ahumada y su esposa, el dictamen médico verificó que por la trifulca en la que se vio envuelto el empresario presentó más de 20 hematomas.

Por su lado, el abogado de Ahumada, Enrique Ostos, calificó de “arbitrariedad” la detención de su defendido, ya que una vez en la 50 agencia, conoció la orden de presentación y localización con fecha del 4 de mayo, y que tenía relación con averiguaciones previas del 2005 que están en trámite.

“Es insólito y casual que ya el día que sale, se da el cumplimiento de la orden de presentación, después de no haber actuado sobre esta averiguación en un tiempo determinado”, alegó Ostos.

Según el abogado, “nunca existieron los argumentos jurídicos que sustenten un auto de formal prisión, y es así que tanto las autoridades federal como las locales, en los cinco procesos que ha sido víctima del 2004 para acá, en todo ha salido libre, ya sea por el otorgamiento de un amparo o por falta de elementos, y en este caso por una sentencia absolutoria”.

Ahumada rindió declaración ante el fiscal de Asuntos Especiales, Rafael Matías, por las averiguaciones previas FAE/DT2/02/05/01, en relación con un documento falso expedido por un notario público, y la indagatoria acumulada FSPI/T2/677/05-05, por el delito de fraude en agravio de la delegación Álvaro Obregón.

Mientras Ahumada enfrentaba la diligencia, el procurador capitalino Rodolfo Félix Cárdenas daba una conferencia, en la que confirmó que una vez desahogados los trámites judiciales, el empresario saldría libre sin riesgo de que se le iniciara otro proceso en su contra ni se aplicara un arraigo.

Explicó que la PGJDF apelaría la sentencia emitida por el juez 12 de lo penal, al considerar como “inusual” la prontitud con que resolvió el caso de Ahumada.

Dijo que la dependencia a su cargo “no tiene por qué dar disculpas a nadie”, y que si hubo fallas en la integración de los expedientes, “es responsabilidad de la anterior administración”.

Chocan guaruras y agentes

El procurador también buscó justificó la violencia con que se condujeron los agentes que llevaron a cabo la orden de presentación, pues “había un grupo que impedía la acción de la justicia”, al referirse a los cuatro guaruras que resguardaban a Ahumada.

Después de ratificar un escrito correspondiente a una averiguación previa del 2005, y de responder un cuestionario como testigo, según dijo Ahumada a Gómez Leyva, el fiscal lo dejó en libertad.

Sobre la liberación de Ahumada, el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard negó se tratara de un “preso político”, y señaló en forma cortante que las instrucciones que tiene el procurador son de actuar “conforme a lo que manda el juez”.

En punto de las 12:12, ocho horas después de haber abandonado el reclusorio Norte, Carlos Ahumada Kurtz salió de la agencia 50 del MP.

Vestido con camisa y pantalón caqui --indumentaria reglamentaria para los reclusos--, pálido y demacrado, sostenido de los brazos por sus abogados, Ahumada Kurtz abandonó las instalaciones de la Procuraduría capitalina rodeado de periodistas.

“Me siento muy bien, no tengo nada que comentar, les prometo que próximamente daré una conferencia de prensa, me siento muy cansado, quiero estar con mi familia. Estoy extenuado, agotado y agradecido de que hayan mantenido el interés en mi caso”, alcanzó a decir a los periodistas.

Con dificultad, a las 12:18, el empresario abordó una camioneta tipo Suburban azul marino, con vidrios polarizados, placas 115TVH del Distrito Federal, acompañado por su esposa.

Por la noche, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, se refirió al caso Ahumada con mayor profundidad que en la mañana.

Entrevistado luego de instalar el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, dijo que la liberación del empresario fue hecha de manera “exprés”, y aclaró que por lo mismo será revisada con lupa, sobre todo por el viraje que dio el proceso con el cambio de juez a principios de año.

"Nosotros siempre debemos tener la sangre fría ante cualquier cosa, incluyendo a ésta. Estoy revisando la sentencia, es una sentencia exprés, hubo un cambio de juez y una serie de cosas que llaman mucho la atención, por lo que no me atrevería a dar un comentario u opinión sin haber estudiado toda la sentencia", dijo.

Al preguntarle su opinión sobre si algunos medios no estaban presentando a Ahumada como víctima o mártir, el funcionario capitalino respondió, tajante: "Por favor, los mártires ya no existen, mártires ya no".

Consignan a quejosos de Coyomeapan

Por los delitos de motín, ataques a vías de comunicación y daño en propiedad ajena

Edmundo Velázquez

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que ya fueron consignados por el Ministerio Público los seis detenidos del municipio de Coyomeapan debido al cierre del bulevar 5 de Mayo como confirmó la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez.

Por daño en propiedad ajena, motín y ataques a las vías generales de comunicación fueron consignados al juzgado penal correspondiente. Estos delitos alcanzan fianza, y el juez encargado del proceso determinará su situación legal.

La funcionaria justificó la represión de Jaime Perea Carrasco, Roberto Altamirano González, Magdaleno Pérez Contreras, Jacobo Porras Osorio, Justino Romero Montalvo y Leocadio Vázquez Sánchez, quienes se manifestaron para exigir una nueva ruta de transporte a su comunidad.

Además, Villeda argumentó que la violencia sufrida por un menor de edad al que golpearon los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fue responsabilidad de los padres de familia al haberlo llevado a la manifestación, y dejarlo participar en el encontronazo con las fuerzas públicas.

La procuradora insistió en que la represión a los quejosos se llevó a cabo “con total apego a la ley”, pues dijo que las autoridades deben intervenir para poner orden en caso de este tipo.

Según detalló la titular de la PGJ, los denunciantes de la averiguación previa número 179/2007/DMS fueron dos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Pérez Aguilar y Genaro Sánchez Sánchez.

La declaración de los funcionarios de Segob dice que los manifestantes, al no tener una respuesta favorable para la creación de al menos 18 paradas de la línea Autobuses Unidos en su población, comenzaron a tomar piedras y palos para agredir a elementos de la Policía Estatal y Municipal.

La versión oficial señala que destruyeron varios escudos de la policía, rompieron vidrios de patrullas, bloquearon el bulevar Héroes del 5 de Mayo, cerraron el tránsito, agredieron a las personas quienes pedían que los dejaran pasar o bien porque ya se dirigían a su trabajo.

De acuerdo a lo señalado por la PGJ, los detenidos aceptaron haber cerrado las calles 14 oriente y 5 de Mayo, también que golpearon a los transeúntes, así como a miembros de la Policía Municipal y Estatal.

“De las investigaciones realizadas en la Agencia del Ministerio Público, se concluye que se encuentran acreditados los delitos de daño en propiedad ajena, de motín y ataques a las vías generales de comunicación”, mencionó Villeda.

Julio Hernández Rosas, propietario de un automóvil Derby —color rojo sin placas— presentó también su declaración contra los manifestantes por los daños al parabrisas del automóvil.

Padres, responsables del menor herido por policías
El día de la manifestación, un niño de ocho años fue golpeado por elementos policiacos durante el desalojo del bulevar 5 de Mayo. Al respecto, la procuradora negó que se investigue de oficio este caso de abuso policiaco, y adjudicó la responsabilidad a los padres de familia:

“También es responsabilidad de los padres que sus hijos no sean expuestos a este tipo de manifestaciones violentas. Creo que aquí también hay que poner en un examen de conciencia por parte de los padres de familia, porque precisamente con el afán de nos ser detenidos usan a menores de edad y eso también es delito”, mencionó la procuradora.

—De haber lesiones en el menor provocadas por elementos policíacos… ¿Deberían seguir una investigación de oficio? —Se le preguntó.
—Primero habría que determinar qué tan irregular estuvo la conducta. No estuve presente, no he visto fotografía o video. Puede presentar la denuncia a través de sus padres, o indicar una queja administrativa, pero no podemos permitir que menores de edad intervengan en este tipo de cosas.

Improcedente la denuncia de los panistas
La procuradora comentó que la denuncia número 180/2007DMS, presentada por el diputado panista Óscar Anguiano y el presidente municipal Gabriel Pérez Hernández, resulta improcedente porque no acreditaron los daños denunciados.

Según explicó la funcionaria estatal, en su declaración los panistas argumentan que fueron golpeados por un elemento de la Policía Judicial, pero no lo pudieron identificar:

“Sólo asumen que son elementos de la Policía Judicial porque iban vestidos de civil y portaban armas”, mencionó la procuradora Villeda, y desmintió a los panistas diciendo que los elementos de la Policía Judicial acudieron sin portar armas para evitar una reacción violenta.

“(Los judiciales) no intervinieron en los hechos, sino que exclusivamente estuvieron pendientes del traslado de los detenidos que al final de cuentas lo hizo la propia Policía Municipal”, mencionó Villeda.

Además, dijo que el examen médico presentado por ambos sólo dio positivo en un dolor al tacto: “Es algo muy subjetivo que cualquier persona puede argumentar para justificar una denuncia improcedente”

Admite Garfias la reunión con Antonio Sánchez

No descarta compartir información privilegiada con el aspirante panista a la alcaldía

Efraín Núñez Calderón

María de los Angeles Garfias López, ex coordinadora del Movimiento Territorial del PAN, no descartó compartir con Antonio Sánchez Díaz de Rivera la información privilegiada de nombres, direcciones y peticiones de gestión de la militancia panista, que adquirió mientras fue funcionaria del blanquiazul.

En entrevista con CAMBIO, la cual tuvo lugar en las oficinas del PAN municipal, Garfias reconoció haberse reunido el lunes pasado, con el aspirante a la alcaldía por el PAN en el VIPS de la avenida Juárez, tal como este diario lo documentó, y a pesar de que Ana María Jiménez Ortiz —secretaria General del PAN municipal— puso en tela de juicio que el encuentro se haya llevado a cabo en el día y hora señalados.

Sin embargo, la militante aclaró que a pesar del encuentro aún no determina si apoyará o no a Antonio Sánchez Díaz de Rivera en su interés por obtener la candidatura, o se apuesta por alguno de los otros dos aspirantes, Ana Teresa Aranda y Paco Fraile.

Manifestó que renunció a su anterior puesto en el PAN municipal el día 30 de abril del presente año, por lo que el encuentro con Sánchez Díaz de Rivera, tuvo lugar cuando ya no era funcionaria del partido. Al respecto, dijo que con el único que ha tenido reuniones privadas es con Toño Sánchez, no obstante, confiesa que ha participado en actos proselitistas de los otros aspirantes:

—Cuando defina a cuál de los aspirantes apoyará, ¿compartirá con este la información privilegiada?
—Es un derecho que yo tengo el apoyar un candidato (…) La forma en la que pueda colaborar con ellos ya se vería. Depende de la petición que me hicieran y de que evaluara si lo apoyaría con el voto o de otra forma. Ya lo evaluaría. (…) A Toño lo conozco desde hace tiempo, compartimos trabajo en organizaciones civiles, tengo años de conocerlo. Más o menos igual conozco a Paco Fraile.

A pesar de ya no formar parte del PAN municipal, Garfias acepta que sigue acudiendo a su anterior oficina para preparar a la persona que quedará en su lugar, por lo que sigue teniendo acceso a la información relacionada con los datos personales de los militantes como nombre, dirección, teléfono, así como de las peticiones de gestión que tanto militantes como particulares piden a este partido:

“Mi trabajo era la organización territorial, teniendo contacto con nombres, direcciones. También tenía contacto con los solicitantes de gestiones. Manejaba datos que sabe cualquier persona en Internet (…) Hasta el momento ninguno de los candidatos me ha convencido, todavía no me cuadran sus propuestas.”

Puede haber mal uso de información privilegiada
Por su parte, Ana María Jiménez Ortiz, secretaria General del PAN municipal reconoció que los ex funcionarios de su partido pueden hacer mal uso de la información privilegiada relacionada con el padrón de militantes, sin embargo, aseguró que esta situación es penada.

La funcionaria partidista aceptó que como ex coordinadora del Movimiento Territorial, María de los Angeles Garfias tenía acceso a los datos generales de los militantes, y que incluso, a pesar de ya no formar parte del Comité Directivo Municipal, Garfias sigue acudiendo a sus anteriores oficinas para preparar a quien quedará en su lugar.

Sin embargo, rechazó que la información que Garfias manejaba era de tipo confidencial y que pudiera salir del Comité, ya que la misma no se puede imprimir, además de tener un acceso controlado a ese tipo de datos.

En su opinión, el encuentro de Toño Sánchez con Garfias no genera suspicacias, ya que en primera instancia, no se ha podido corroborar que realmente sucedió en el día y hora señalados. De igual forma, indicó que no existe alguna violación de estatutos ya que la reunión se llevó a cabo cuando Garfias ya no laboraba en el PAN municipal:

“El escándalo mediático se deriva de que no se cercioran de que la información que presentan sea verídica. El ciudadano Antonio Sánchez no ha solicitado su registro (…) En su calidad de ciudadanos o servidores públicos pueden reunirse con cuanta gente quieran para la circunstancias que ellos decidan (…) yo no tengo la certeza de que esas imágenes sean del día de ayer, de todos modos eso es algo que a mi no me incumbe.”

“Toño Sánchez se mueve con inteligencia”
Para Jiménez Ortiz, Toño Sánchez Díaz de Rivera se está moviendo con inteligencia al convocar a reuniones con la militancia en su rol como diputado, para hacerles saber de su interés por buscar la candidatura a la alcaldía.

En ese sentido, rechazó que se le haya prohibido a Ana Teresa Aranda, asistir a un acto que la presentaba como precandidata. Dijo que la dirigencia municipal le sugirió no asistir debido a que estatutariamente ninguno de los que son nombrados para la candidatura son considerados precandidatos.

Al respecto indicó que también se le hizo la misma invitación a no asistir tanto a Toño Sánchez como a Paco Fraile que también fueron invitados al mismo acto proselitista pero en diferentes días, 25 y 27 de mayo respectivamente:

“Quienes han asesorado a Toño Sánchez le han hecho saber algo real, el todavía no es aspirante. Inteligentemente se está moviendo en su ámbito de diputado. El puede reunirse con quien quiera en calidad de diputado, lo que no se puede es hacer un llamado al voto.”

Asimismo, reveló que su partido se encuentra recabando las pruebas necesarias relacionadas con un acto en el que recientemente Toño Sánchez hizo una invitación al voto. Dijo que de encontrarse culpable se la sanción contra el diputado federal es un extrañamiento publico o privado o en dado caso se le impediría inscribirse al proceso de selección.

Sí hay profesores en Puebla en busca de un amparo contra la ley del ISSSTE: SNTE

Martha Garrido Ortega

Aunque no precisó el número, el secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconoció que en el estado hay muchos profesores que están buscando ampararse contra la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); agregó que existe un descontento generalizado ante las nuevas disposiciones, y que se apoyará a los que decidan tomar la vía legal.

En entrevista, el líder sindical siguió rechazando que el magisterio estatal organice manifestaciones o paros de labores para mostrar su rechazo al nuevo sistema de pensiones y jubilados, sobre todo porque no se tiene conocimiento de que haya afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es disidencia que está convocando a estas movilizaciones.

“Hemos estado revisando cómo se ha comportado el magisterio a nivel estatal; me da gusto que tengamos un magisterio que es maduro, que es responsable. Sí es cierto que hay inconformidades, hemos estado dando información en todos los centros de trabajo y delegaciones, sí es cierto que el ISSSTE tiene la obligación de dar toda la información a los trabajadores porque hay inquietudes en algunas regiones”.

“Hemos estado dando pláticas y es un derecho legítimo si el trabajador se quiere amparar; les hemos dicho que el sindicato a nivel nacional no está avalando el amparo porque parece que no es procedente, pero se está analizando con el departamento jurídico. Eso no quiere decir que no le demos libertad al trabajador, si se quiere ampara lo haga”, puntualizó.

Jorge Rodríguez afirmó que no tienen el número exacto de profesores que quieren ampararse, adelantó que ya elaboran un conteo en el estado. Agregó que se están recibiendo todas las inconformidades del magisterio sobre la ley del ISSSTE para hacerlas llegar al CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y buscar darle respuestas.

Los municipios en los que hay mayor inquietud son Atlixco, Izúcar de Matamoros, Acatzingo y en algunas comunidades en los límites de Puebla con Oaxaca. “A nivel nacional son unos 200 mil los que buscan ampararse, lo importante es averiguar si procede o no”.

El líder de la sección 23 reconoció que la reforma no es la que “quisieran”, pero también consideró que las modificaciones que se realizaron eran necesarias para mejorar la atención médica que recibe el magisterio.

CUITLATLAN

René Marín va por el control total del Cobach

Fermín Alejandro García

En próximos días se elegirá al nuevo dirigente del Sindicato del Colegio de Bachilleres de Puebla, para lo cual se anotaron tres planillas, siendo la de Abner Castelán Camargo la favorita para ganar. La razón de que exista ese pronóstico es que este aspirante es respaldado por René Marín Torres, quien es hermano del gobernador Mario Marín y tiene el proyecto de en breve de controlar todo lo que pasa en el Colegio de Bachilleres (Cobach).

Todo indica que René Marín, quien es coordinador de planteles del colegio, quiere emular los pasos de Alberto Guerrero, quien hasta hace unos años ejercía un férreo cacicazgo en el Cobach, ya que durante una larga temporada controló por igual al sindicato como la dirección –de la que era titular– de esta institución educativa media superior.

De hecho, se sabe que René Marín ya se habría aliado con Alberto Guerrero, quien luego de ser derrotado el año pasado como candidato a diputado federal por Teziutlán quiso regresar a controlar el Cobach, pero solamente hizo el ridículo, ya que nadie lo siguió. Ahora estaría buscando una nueva vía para tener cierto poder en el colegio.

Se dice que el proyecto de René Marín es buscar que gane Abner Castelán, para luego controlar al nuevo dirigente y ejercer el poder desde el sindicato, luego de que ha tenido dificultades para dominar a la dirección, pese a que el maneja un importante contrato de exclusividad con la empresa editorial Bookmar –que oficialmente tiene como representante legal a Ulises Martín Silva–, la cual elabora los libros de texto del Cobach.

El año pasado el director del Cobach era Roberto Fuentes, quien tras entrar con conflictos con Alberto Guerrero, en menor medida, y con René Marín, en mayor medida, fue removido del puesto.

Luego de Roberto Fuentes se nombró a Carlos Barrientos de la Rosa como director del colegio. Este funcionario aunque es complaciente en algunas cosas con Alberto Guerrero y con René Marín, no se deja someter del todo, ya que ejerce su autoridad como lo que es, el funcionario de más alto rango de la institución.

Sin embargo, como no se somete a todos los intereses de René Marín, se sabe que Barrientos es presionado por el secretario de Gobernación, Javier López Zavala, para que no sea duro con el hermano del gobernador.

Algunos creen que tarde o temprano a Carlos Barrientos eso le costará la cabeza.

Mientras eso sucede, René Marín estaría buscando tener influencia en el sindicato y por eso respalda a Abner Castelán, quien era coordinador de un plantel y muchos trabajadores no le ven talento para ser un secretario general independiente.

Otro de los políticos que ha entrado en desgracia en el Cobach es Refugio Rivas, el actual secretario general del sindicato. Este personaje no logró colocarse en el ánimo de René Marín y por esa razón se le está atacando para intentar desacréditar su trabajo.

El mérito que tiene Rivas es que fue quien temporalmente logró quitarle el control del Cobach a Alberto Guerrero, quien estaba acostumbrado a utilizar a este centro educativo como si fuera de su propiedad.

Guerrero ha participado en varias campañas electorales. En cada una siempre ha utilizado como soporte a maestros y alumnos del colegio. Quienes no lo hacían sufrían el terror laboral y eran echados de su trabajo.

La última vez que hizo esto fue el año pasado. Por primera vez él era el candidato. El PRI lo mandó a Teziutlán y hasta allá se conocía su mala fama. Por eso nadie lo respaldo y perdió estrepitosamente. Luego de eso Refugio Rivas encabezó una rebelión contra Guerrero y lo sacó del sindicato.

Ahora el cacique quiere regresar. Es un hombre al que parece no importarle el descrédito.

Sua madrazos a los Xalmilmilulcas

José Castañares

El enfrentamiento se suscitó luego de que los quejosos intentaran cerrar la autopista México–Puebla

Reprimen a pobladores de Santa Ana Xalmimilulco

Josué Mota Corro

Un violento enfrentamiento se suscitó entre más de 500 habitantes de Santa Ana Xalmimilulco –población perteneciente a Huejotzingo– y granaderos de la Policía Estatal, a un costado del kilómetro 99 de la autopista México–Puebla.

Desde hace aproximadamente un mes, los pobladores exigen al gobierno del estado y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la clausura definitiva de la empresa Ecotérmica de Oriente, dedicada al manejo de residuos biológicoinfecciosos, porque aseguran que ha causado daños irreversibles a la salud de comunidad.

La intervención de la fuerza pública, al mando de la administración del gobernador del estado, Mario Marín Torres, es la segunda en menos de 24 horas, pues la víspera, granaderos sometieron con toletes y gases lacrimógenos a labriegos de Coyomeapan, quienes se manifestaron en la sede del Poder Ejecutivo para demandar la ampliación de rutas del transporte público en su municipio

La riña de este martes dejó un saldo de al menos seis lesionados y una persona detenida. El presidente auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, Óscar Juárez Macuitl, dijo que la intención de los manifestantes era bloquear la autopista para “obligar a las autoridades” al retiro de Ecotérmica.

De hecho, en Santa Ana fueron suspendidas las clases con el propósito de que todos los estudiantes asistieran al cierre de la vía; sin embargo, cuando los manifestantes llegaron al lugar, alrededor de las 9 de la mañana, ya se encontraban varios agentes de la Policía Estatal, Seguridad Vial y la Policía Federal Preventiva.

Un empleado de la Secretaría de Gobernación estatal prometió a los manifestantes que llamaría al delegado de la Profepa, Pedro Rubén Rodríguez Torres, para poder darle solución a su demanda a cambio de que no se obstruyera el paso de los automovilistas, pero el funcionario federal nunca llegó. En su lugar arribaron unos 150 granaderos, lo que provocó el enfado de los pobladores.

Hasta ese momento la situación era relativamente tranquila, pero bastaron algunos empujones entre los uniformados y los pobladores para que los primeros arremetieran lanzando a los vecinos piedras, bombas de gas lacrimógeno y luego se les fueron encima a punta de golpes con sus toletes.

Algunas mujeres con sus hijos intentaron refugiarse en detrás de dos camionetas que estaban en el lugar, pero los policías también les lanzaron gases. Una veintena de hombres intentó defenderse con las bicicletas en las que habían llegado; sin embargo, fueron sometidos de modo violento por los uniformados.

Los agricultores retrocedieron unos 100 metros y se mantuvieron tranquilos por 20 minutos, pero después arrojaron piedras a los granaderos, quienes respondieron con más bombas de gas lacrimógeno y regresando las rocas.

De entre los quejosos resultaron al menos seis personas lesionadas y una de edad avanzada detenida. Por parte de los policías sólo un agente sacó una leve herida en el labio. Finalmente, la mayoría de los pobladores decidió retirarse hasta la plaza pública de Santa Ana Xalmimilulco.

Un pequeño grupo de hombres advirtió que mañana regresaría a bloquear la autopista; “¡pero ahora ya no vamos a venir de manera pacifica, vamos a traer machetes y entonces van a ver!”.

Una mujer expresó en entrevista su temor a una represión por parte de las autoridades estatales. “Nosotros sólo queremos que cierra la empresa, porque nos están haciendo daño, no queremos violencia; y ahora una ambulancia se llevó a mi hija porque le hizo daño el gas y necesito darle su medicina porque está mal del corazón, y no sé dónde está”.

En dicho operativo, llamó la atención que el director de Seguridad Pública, José Luis Sobreira, dijo desconocer los detalles de la acción que emprendió la Policía Estatal, argumentando que “venía llegando de México” y apenas estaba conociendo los detalles. Ningún agente se atrevió a revelar el nombre de las personas que estaban a cargo de los agentes.

Varios de los manifestantes señalaron que existen niños y ancianos que presentan problemas en la piel, que según los médicos que los han atendido refieren que se trata de un problema ambiental.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación, que estaba en el operativo policiaco, aseguró que empleado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acababa de colocar sellos de clausura en Ecotérmica de Oriente y que estaba dispuesto a acudir con un grupo de pobladores para que se le entregara la documentación en la que se hace constar el cierre de la empresa.

Hacía la noche se difundió información en el sentido de que el delegado de Profepa habría aplicado una clausura al horno de la empresa; sin embargo, desde finales del mes pasado los pobladores denunciaron que Ecotérmica de Orienteesta estaba trabajando sin los permisos correspondientes.

Rodríguez Torres declaró a varios medios de comunicación que la industria no operará de nuevo hasta que logré comprobar que no emite contaminantes que dañen a la población.

Afirma dirigente de Panistas con la Sociedad
Se acatará la sanción a Sánchez Díaz de Rivera

Rafael Micalco, informó que el diputado federal que aspira a ser candidato a la presidencia municipal de Puebla deberá comparecer ante la Comisión Electoral.

Después de que el panista Genaro Ramírez se deslindara de los actos de campaña que realizó Antonio Sánchez Díaz de Rivera el domingo en el desayuno que organizó la agrupación Panistas con la Sociedad, el dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco, informó que el diputado federal que aspira a ser candidato a la presidencia municipal de Puebla deberá comparecer ante la Comisión Electoral, para que se determine si violó o no la declaratoria de precampañas que prohíbe a los aspirantes asistir a actos públicos.

Tras admitir que en la plática que tuvo con Antonio Sánchez Díaz de Rivera, el diputado mostró su preocupación por cómo han tomado sus contrincantes su asistencia al acto, el dirigente estatal del PAN dio a conocer que deberá comparecer ante la comisión, que sesionará el próximo viernes.

El Comité Directivo Estatal del PAN a través de su representante en la comisión electoral, Jorge Ocejo, quien fungirá como secretario, pedirá al resto de los integrantes que analicen cada uno de los actos en los que han participado los tres aspirantes del PAN a ser el candidato a la presidencia municipal.

Recordó que además de analizar los dos desayunos que ofrecieron grupos panistas este fin de semana para celebrar a las madres, podrían entrarle al estudio de otros eventos como la celebración de cumpleaños de Ana Teresa Aranda Orozco, en la que manifestó su deseo de gobernar Puebla.

Ante la polémica que generó la asistencia de Sánchez Díaz de Rivera al desayuno organizado por Panistas con la Sociedad, su líder Genero Ramírez expresó: “se le pidió a Toño que no hablara de su candidatura, y si hizo esa campaña, es responsabilidad de Toño y aceptaremos cabalmente lo que la comisión decida y la sanción a la que se haga acreedor; la aceptaremos también cabalmente, y también le digo a Ana Tere y Paco que vamos apoyar a quien gane, que seguramente será Toño Sánchez”.

Afirma dirigente de Panistas con la Sociedad
Se acatará la sanción a Sánchez Díaz de Rivera

Rafael Micalco, informó que el diputado federal que aspira a ser candidato a la presidencia municipal de Puebla deberá comparecer ante la Comisión Electoral.

Después de que el panista Genaro Ramírez se deslindara de los actos de campaña que realizó Antonio Sánchez Díaz de Rivera el domingo en el desayuno que organizó la agrupación Panistas con la Sociedad, el dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco, informó que el diputado federal que aspira a ser candidato a la presidencia municipal de Puebla deberá comparecer ante la Comisión Electoral, para que se determine si violó o no la declaratoria de precampañas que prohíbe a los aspirantes asistir a actos públicos.

Tras admitir que en la plática que tuvo con Antonio Sánchez Díaz de Rivera, el diputado mostró su preocupación por cómo han tomado sus contrincantes su asistencia al acto, el dirigente estatal del PAN dio a conocer que deberá comparecer ante la comisión, que sesionará el próximo viernes.

El Comité Directivo Estatal del PAN a través de su representante en la comisión electoral, Jorge Ocejo, quien fungirá como secretario, pedirá al resto de los integrantes que analicen cada uno de los actos en los que han participado los tres aspirantes del PAN a ser el candidato a la presidencia municipal.

Recordó que además de analizar los dos desayunos que ofrecieron grupos panistas este fin de semana para celebrar a las madres, podrían entrarle al estudio de otros eventos como la celebración de cumpleaños de Ana Teresa Aranda Orozco, en la que manifestó su deseo de gobernar Puebla.

Ante la polémica que generó la asistencia de Sánchez Díaz de Rivera al desayuno organizado por Panistas con la Sociedad, su líder Genero Ramírez expresó: “se le pidió a Toño que no hablara de su candidatura, y si hizo esa campaña, es responsabilidad de Toño y aceptaremos cabalmente lo que la comisión decida y la sanción a la que se haga acreedor; la aceptaremos también cabalmente, y también le digo a Ana Tere y Paco que vamos apoyar a quien gane, que seguramente será Toño Sánchez”.

Bátiz se queja de sustitución de juez
"Diego Fernández le pagó servicios"

La liberación marca un día de vergüenza para la justicia, señala el ex procurador.
El ex procurador Bernardo Bátiz calificó de sospechosa la actuación del juez que liberó a Carlos Ahumada y negó que el encarcelamiento del empresario haya sido una venganza derivada de los videoescándalos.

"Sabemos que el gobierno federal y personajes como el ex senador Diego Fernández de Cevallos prometieron ayuda al empresario a cambio de revelar los videos, ahora vemos que cumplieron su ofrecimiento", sostuvo.

Acompañado de la ex titular de la Contraloría del GDF, Bertha Luján, el funcionario dijo que cuando fueron relevados los videos de corrupción que involucraron a perredistas, las averiguaciones previas iban muy avanzadas. "Él los hace públicos para evitar ser consignado y detenido, no es una venganza por los videos, sino a la inversa", aseguró.

"Ahumada sirvió a los intereses del gobierno de Vicente Fox y por eso lo han protegido, porque les sirvió para golpear al Gobierno del Distrito Federal, que estaba teniendo mucho éxito y él se prestó, ayudó y colaboró, por eso salió libre", aseguró Bátiz.

Rechazó que la excarcelación del propietario de Grupo Quart se haya debido a deficiencias de la PGJDF y cuestionó que el juez Manuel Horacio Cavazos López, quien había llevado el proceso, fuera sustituido el 16 de febrero de 2007 por "razones baladíes".

El caso, agregó, recayó en el juez 12 penal, Alberto Rubalcava Ramírez, quien decretó la inmediata y absoluta libertad.

Fue preso por un fraude y no una víctima o preso político como se quiere hacer creer, este día es una fecha vergonzosa para la justicia, concluyó.

Otros indiciados, en espera

••• La excarcelación de Carlos Ahumada abre la posibilidad de que salgan de la cárcel otros ex funcionarios coacusados de fraudes en agravio de las arcas públicas capitalinas. Entre ellos está Octavio Flores Millán, quien fuera jefe delegacional de Gustavo A. Madero, actualmente preso en el Reclusorio Norte. Su defensa, encabezada por Víctor Olea, analiza opciones: insistir en el amparo; aguardar a la sentencia o solicitar un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas. También están Martha Delgado Arroyo, quien fuera subdirectora de Finanzas en Tláhuac (enfrenta cargos por actuar en contubernio con el propietario de Grupo Quart); el ex jefe delegacional en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, aunque ya logró una vez su libertad se le fincó otra acusación por fraude genérico. Luis Salazar Cano, ex director de Recursos Financieros también puede beneficiarse por el curso del caso Ahumada. Contra él un juez penal de la Ciudad de México giró orden de aprehensión. (México • Ignacio Alzaga)

Simpatizantes del Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de
México, se les invita a la presentación del libro "La política social del
Gobierno del Distrito Federal en el periodo 2000-2006" escrito por: Pablo
Yañez.

La presentación la hará la Dra. Raquel Sosa Elízaga quien es la Secretaria
de Educación, Ciencia y Cultura del Gobierno Legítimo de México.

Lo comentarán el Dr. Samuel Tovar, Coordinador del postgrado de Ciencias
Políticas de la Buap , La Maestra Blanca Cordero, Coordinadora de la
Licenciatura de Sociología de la Buap y el Dr. Jesús Rivera de la Rosa.

El Lugar será : Auditorio Jose Maria Morelos y Pavón de la Facultad de
Derecho de la BUAP, este miercoles 9 de Mayo a las 17 Hrs. Entrada Libre.

Asiste y corre la voz, va a estar muy interesante escuchar al autor del
libro a la Dra. raquel Sosa y a los comentaristas invitados.

Este es el lugar donde pensamos iniciar la Banca Legitima en Puebla

Corett, 30 años de engaños y omisiones 350 comerciantes esperan información sobre el destino de un predio expropiado por la Presidencia de la República desde 1989. Desde hace 30 años, más de 350 comerciantes que instalan semanalmente un mercado en un terreno de 16 mil metros cuadrados en la colonia Lomas de San Miguel, han sido engañados por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), dependencia federal que desde inicios de 2006 les ha negado información respecto al destino que dará al predio expropiado por la Presidencia de la República en 1989 para ser entregado a los mercaderes. De hecho, la Corett recibió dinero producto de los pagos de una venta fallida organizada por un particular y que se abortó por ilegal en 1998, pero del dinero no se sabe nada. También de manera irregular, la Corett comercializó una fracción del predio y permitió la construcción de casas y locales comerciales. Las organizaciones Juan Rojas Flores y la Unión Independiente de Comerciantes de Lomas de San Miguel, son las que ocupan actualmente el terreno situado en la colonia referida, a la orilla del camino a la Penitenciaría, es decir en la Calzada Emiliano Zapata a la altura de las calles Atzayácatl, Tenochtitlán y Tláloc. Pedro Ochoa, líder de la Juan Rojas, refirió que además de los problemas para la regularización, mantienen una pugna permanente con la dirigente de la Federación Hermanos Serdán (FHS), Martha Sánchez, que desde 2005 ha intentado junto con sus seguidores internarse en el predio en disputa. Para ello, cada semana los comerciantes guiados por Sánchez se colocan en la acera opuesta al mercado de Lomas de San Miguel, y luego han tratado de ponerse en la banqueta del propio mercado que controlan las organizaciones Juan Rojas y de Comerciantes Independientes, donde se han registrado altercados y ha tenido que intervenir la Policía Municipal. La FHS desde aquella época ha insistido ante el Ayuntamiento de Puebla para que tramite la cesión del predio a su favor, para que luego sea el gobierno municipal el que distribuya los lugares para los comerciantes de los tres grupos, lo que rechazan las dos organizaciones que desde hace 30 años se establecieron ahí. El predio, que antaño era ejidal y hace tres décadas le fue entregado a los comerciantes por medio del Comisariado Ejidal de San Baltazar Campeche, carece de los servicios elementales y debido a la inseguridad jurídica el mercado no ha podido ser edificado, por lo que cada domingo hay puestos improvisados como hace tres décadas. De hecho, según las peticiones de información presentadas por los comerciantes ante la Corett, se ha comprobado que el problema de regularización es complejo, porque tampoco se ha regularizado y escriturado una escuela enfrente del mercado y las calles contiguas. Sin respuestas René Sánchez Galindo, abogado de los comerciantes de Juan Rojas, relató que tras 10 solicitudes de acceso a la información, seis recursos de revisión y dos inconformidades por incumplimiento presentadas ante el IFAI, presentadas desde inicios del año pasado hasta la fecha, la Corett se ha negado a responder acerca del destino que dará al predio y las razones de sus irregularidades. De hecho, el abogado y los comerciantes han erogado cerca de cuatro mil pesos para recibir documentación con la que se ha respondido a las peticiones, y dichos papeles contienen información equivocada, lo que constituye un desacato a las órdenes del IFAI.
	Jorge Machuca

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Opinión

Editorial

Astillero

Julio Hernández López

Un granito de arena

A confesión de videoproductor...

¡Oh, el estado de derecho!

Lydia Cacho: mensajes

Familiares y amigos de la finada Ernestina Ascensión visitaron la Basílica de Guadalupe ayer; a la derecha, su hijo Julio Inés Foto: Francisco Olvera

El propio Carlos Ahumada reconoció ayer ante su periodista favorito que la exhibición de una parte de su colección de videos fue "un granito de arena que se sumó a lo que finalmente ocurrió en julio del año pasado". Un granito de arena (¿o de sal?, ¿o de Sal(inas)?) pensado en función de átomo para programarlo desde el poder con sentido de explosión nuclear contra un adversario electoral condenado al exterminio político. Ahumada se reconoce -entrevistado en confianza- como parte de un engranaje que impidió la victoria de Andrés Manuel López Obrador (¡oh, no: que a nadie se le ocurra usar la palabra complot, proscrita del diccionario nice de la intelectualidad, los académicos y los "comunicadores" sensatos!). Y, a decir verdad, tiene razón el empresario de arena, pues sus servicios videográficos fueron subastados a clientes políticos (Fox, Marta, Salinas, Diego, entre otros) que usaron al patiño Federico Doring para llevar al payaso Brozo las imágenes de actos de corrupción política que supuestamente destrozarían al peje entonces inalcanzablemente enjabonado. Ya en libertad, y formalmente declarado inocente (el crimen paga; los jefes de la mafia nunca dejan abandonados a quienes saben callar o, en el caso, oportunamente hablar), Carlos Ahumada se siente con la satisfacción del deber cumplido, de la misión completada. A confesión de videoproductor, relevo de prueba electoral. La voz autorizada de Ahumada se suma a las de Fox, Espino y Gordillo que con toda tranquilidad han hablado de la manera en que contribuyeron a establecer la falsa diferencia ínfima del 0.56 calderónico.

La liberación de Ahumada produjo de inmediato una oleada mediática de regocijo por el magnífico estado de salud de la legalidad mexicana y de indignación apenas contenida por el hecho de que un inocente (qué inocente ni qué nada: ¡inocentísimo!) hubiese pasado tantos días (mil 131) en la cárcel nomás porque sí. Los juglares electrónicos del estado de derecho se detendrían con especial escrúpulo en los incidentes que rodearon la liberación del hombre de Rosario (no, perdón, no nació en esa ciudad argentina, sino en Córdoba) y su inmediato sometimiento a una comparecencia ante un agente del Ministerio Público para diligenciar otros expedientes delictivos en su contra. Con tan mala suerte esos jueces del micrófono que el tiempo electrónico se les acabó y no pudieron detenerse, por ejemplo, en los detalles escandalosos de la confabulación (¡oh, no, esos términos no existen en el angelical mundo de los cárteles de la política mexicana!) entre los gobiernos federal y veracruzano para darle carpetazo al asunto de la señora Ernestina Ascensión en Zongolica, ni de la escandalosa condena a Ignacio del Valle, ni de la geografía mexicana cambiada por motivos de guerra, en la que Carácuaro fue entendido como la combatida Caracas y Apatzingán como Afganistán (el tecleador lucha contra el diablillo intrigante que le insiste en que la premura y los detalles oscuros de la emisión de la sentencia absolutoria de Ahumada son una maniobra mediática de distracción para que no se atienda adecuadamente la gravedad del golpe militar -el golpeo, pues- dado este lunes al estado de derecho y a las autoridades civiles... no, perdón: a los narcotraficantes michoacanos. Triunfa, como se ve, el angelito que propone respetar las instituciones, confiar en la autonomía y honorabilidad de los jueces y creer en las coincidencias de la vida, así que nada de lo escrito a lo largo de este paréntesis ha sido aprobado por el autor para su publicación. ¡Gulp temeroso de un bazucazo!).

Carlos Ahumada fue sentenciado ayer a 67 años y medio de impunidad (con libre goce de riqueza acumulada) porque sirvió a los propósitos de quienes de diversas maneras conspiraron (¡tache al Niño Astillero por insistir en ese vocabulario malsonante!) contra López Obrador, y seguirá aportando granitos de arena a la causa de quienes hoy lo han liberado jurídicamente y lo quieren beatificar mediáticamente.

Astillas

Una firma especializada en contratación de personal, denominada Corporativo Empresarial, solicita aspirantes a ejecutivos que sean de "tez blanca". Anuncios puestos en Internet (http://jobsearch.occ.com.mx/getjob.asp?jobid=1436328) por el citado corporativo informan que "líder en la industria del juego en Latino América solicita gerente para México" que debe tener, entre otros requisitos: "28 a 40 años de edad, BUENA PRESENTACION, TEZ BLANCA" (mayúsculas en el original). El cargo ofrecido es la gerencia de sistemas, con un sueldo a negociar entre los 35 y 50 mil pesos mensuales y Polanco como zona de trabajo. Los interesados deben hablar a Corporativo Empresarial, con Yenni de Fermín Santamaría, al 5292-5570 de la zona corporativa de Santa Fe, en la ciudad de México... El corresponsal de La Jornada en Zacatecas, Gerardo Flores, informó el pasado domingo del uso del Museo Goytia para un desfile de modas organizado por "el voluntariado" del DIF de aquella entidad que así juntó dinero para pagar los gastos de la presentación de la cantante Lupita D'Alessio en un festival por el Día de las Madres. La gobernadora Amalia Medina estuvo presente en el acto que fue idea de su madre, la señora Conchita Medina. Pero ese uso arbitrario y ofensivo del patrimonio histórico de los zacatecanos no fue único. Un día después del museístico desfile de modas (www.imagenzac.com.mx/ 2007/05/07/nosotros7.htm) se casó Bárbara Romo Fonseca, hermana de Luis Gerardo, el secretario general de Gobierno del estado, y la fiesta del caso se realizó en los jardines del Instituto Zacatecano de Cultura. Ya en otras ocasiones, la Ciudadela del Arte (a unas cuadras del palacio de gobierno) ha sido "prestada" para velorios, comidas privadas, cenas nocturnas a la luz de la luna y actos organizados por la Corona cervecera... Y, mientras Lydia Cacho recuerda en los birlos limados del rin de una llanta atentatoria los ojos concentradamente amenazadores de Jean Succar Kuri en reciente careo, o las palabras violentas de Kamel Nacif en llamadas telefónicas con el góber precioso, o la sonrisa de éste, Mario Marín, ante su aliado presidencial que de vez en cuando lo visita, ¡hasta mañana, en esta columna arenosa!

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Luis Linares Zapata

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Carlos Martínez García

El sendero de la dictadura
Alejandro Nadal

Ley Televisa.................... papá

El proyecto de dictamen de Aguirre mantiene la hegemonía monopólica de televisoras

Ministros de la Corte deberán impugnar más artículos de la llamada ley Televisa

Es insuficiente para que el Estado recupere la soberanía del espacio radioeléctrico

JESUS ARANDA

Los ministros José Ramón Cossío y Sergio Salvador Aguirre durante la sesión de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: María Meléndrez Parada

En el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Televisa no se tocan artículos clave de las leyes federales de Radio y Televisión (LFRT) y de Telecomunicaciones (LFT) que mantienen sin cambio la hegemonía monopólica de las dos principales televisoras del país, situación que generó inquietud dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A pesar de que apenas el pasado viernes los distintos grupos de trabajo de cada uno de los 10 ministros iniciaron el análisis del proyecto de Aguirre Anguiano, hay quienes opinan que los magistrados deberán "suplir la deficiencia de la queja", para que la acción de inconstitucionalidad presentada por el Senado aborde temas trascendentales que ni siquiera fueron impugnados por los legisladores en su controversia con el Ejecutivo federal.

En este sentido, funcionarios judiciales consultados comentaron que el proyecto de Aguirre Anguiano, que plantea la inconstitucionalidad de los artículos 16, 17-G, 28 y 28-A, es insuficiente para que el Estado recupere la soberanía sobre el espacio radioeléctrico, y deja intactas atribuciones discrecionales de la Secretaría de Comunicaciones para la asignación de concesiones.

Lo cierto es que los privilegios de las dos principales televisoras no se ven afectados, porque la invalidez de los artículos señalados no supera cuestiones como el que la legislación no es clara en cuanto al pago de "contraprestaciones" por el uso del espectro radioeléctrico, no se prevé la necesidad de que la Comisión Federal de Competencia intervenga y que, en algunos casos, se elimine la licitación y se supla por una mera solicitud para continuar con una concesión, indicaron.

También comentaron que el documento del ministro es omiso en cuanto a una problemática planteada por especialistas en el tema: que ni la LFRT ni la LFT hacen referencia alguna a la forma como el Estado recuperará los canales "espejo" que le "prestó" a Televisa y a Tv Azteca para que los utilizaran en tanto llevan a cabo la digitalización de todos sus canales.

Entre los artículos que deben ser revisados con lupa por el pleno, añadieron los funcionarios judiciales entrevistados, destaca el 20 de la LFRT, el cual señala que "de considerarlo necesario", la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional con relación a su solicitud de concesión. Lo anterior, sin perjuicio de la demás información que la secretaría considere necesario recabar de otras autoridades o instancias. Cumplidos los requisitos exigidos y considerando la función social de la radiodifusión, se resolverá sobre el otorgamiento del permiso, "cuya duración no excederá de 20 años, renovables por plazos iguales.".

Este artículo no sólo le concede facultades discrecionales a la dependencia, sino que además entrega prácticamente ad perpetuam las concesiones, sin que se exija a los concesionarios mayores requisitos.

Otro artículo fundamental que no fue abordado por el proyecto es el 21 de la LFRT, el cual deja a discreción de la autoridad el pago por concepto de "contraprestaciones" por el uso del espacio radioeléctrico, al señalar que éstas serán las que el concesionario "se hubiere obligado a pagar" como garantía de cumplimiento de obligaciones o por concepto de derechos u obligaciones, mas no dice que "tendrá que pagar".

Para los entrevistados, un punto en el que el pleno de ministros deberá asumir una postura concreta y "suplir la deficiencia de la queja", es decir, que apliquen la facultad que tienen en acciones de inconstitucionalidad para incluir aspectos no previstos en la demanda y que sean claramente contrarios a la Constitución, tiene que ver con el artículo tercero transitorio de la LFRT, que señala: "Las concesiones y permisos otorgados al entrar en vigor esta ley, conservarán su vigencia y se ajustarán a la misma en todo lo no previsto en dichas concesiones y permisos".

Un tema que tampoco fue abordado por el ministro instructor, comentaron, es el relativo a que la ley exige a las entidades que quieran operar sus propias redes de radio y televisión, mayores requisitos que a los particulares, como es el hecho de demostrarle a la autoridad que ya tienen un presupuesto asignado para la operación de las concesiones, lo que coloca a los estados en condiciones de desigualdad con respecto a los empresarios de la comunicación.

Este tipo de cuestiones, concluyeron los funcionarios, al no haber sido impugnadas en su momento por el Senado, pudieran quedar sin cambio, salvo que el pleno de ministros decida "suplir la deficiencia de la queja" y entrar al estudio de las mismas.

Ya no vamos a decir nada.

Van a la basílica por la bendición, dice intérprete

La familia Inés Ascensión calla sobre caso Ernestina

ELIZABETH VELASCO C.

Después de siete horas de dar "vueltas por la ciudad" de México, los cinco hijos de Ernestina Ascensión Rosario y otros familiares de la indígena muerta hace meses en la Sierra de Zongolica llegaron a la Basílica de Guadalupe.

Aunque su arribo estaba previsto para las 11 de la mañana -según anunció ayer el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a Carmen Aristegui, conductora del noticiario Hoy por hoy-, Efraín, intérprete de la familia nahua, soltó: "No querían llegar porque ya no quieren hablar con nadie".

A otro intérprete, después de muchos intentos en dos horas, le dijo: "Ya lo que pasó, pasó, y lo único que queremos es la bendición de Dios. Ya no vamos a decir nada. La intención de estar en la Basílica es con un fin espiritual".

Dos meses atrás los hijos de la indígena, entre ellos Julio Inés Ascensión, denunciaron que su madre había sido violada tumultuariamente por soldados en Tetlalzinga, municipio de Soledad de Atzompa, donde hace 12 años hay presencia militar.

La tarde de ayer, el propio Julio rehuyó hablar; reflejaba temor y nerviosismo. Algunas palabras dijo a intérpretes nahuas enviados por Aristegui, pero prácticamente nada con los reporteros.

"No hablamos el mismo náhuatl, para qué hablamos" -decía Julio a los intérpretes-, y con el mismo argumento, pero en castellano, esquivó a la prensa: "No hablamos el mismo idioma, no nos entendemos". Sus hermanas y demás familiares hicieron mutis total y hasta corrían cuando se les hacía una pregunta.

René Huerta, de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica -destituido de la dirigencia de esa agrupación y desconocido en abril pasado por las comunidades de la sierra por presuntos acuerdos que tuvo con el gobierno federal para, mediante presiones, lograr que la familia Inés Ascensión se desistiera de las acusaciones contra el Ejército-, en todo momento evitó el contacto de los medios de comunicación con Efraín, a quien llamaba continuamente -así conocimos su nombre- cuando algún reportero se acercaba. Menos aún había posibilidad de dialogar con los hijos o los yernos de Ernestina.

Increpado por tres reporteras, Huerta sostuvo que su presencia obedecía a que "soy invitado de la familia (de Ernestina); me tiene confianza, no hago más que ayudarla". Dijo que la familia Inés Ascensión fue apartada de su comunidad desde hace cuatro días por "la zozobra, el temor y el hostigamiento de muchas personas que siempre les preguntan; son compañeros que no tienen prudencia y se sienten agredidos". Además, "los han seguido en algunos vehículos y hubo disparos en una de las casas de ellos; a raíz de eso salen".

De las acusaciones en su contra por las comunidades de Zongolica, dijo: "Es su dicho; esto va más allá de esta situación". No obstante, aceptó tener una "relación de trabajo" con el gobernador de Veracruz.

-Se dijo que el lunes vendría la familia Inés Ascensión a la basílica, ¿por qué no vino?

-Porque se descompuso el carro.

-¿Hoy también?

-No, pues lo tenían que revisar.

-Los familiares de Ernestina se ven asustados, ni siquiera quieren voltear a vernos...

-Es parte de su forma de ser, pero también es por toda la situación que se ha venido; lo que ellos piden es tranquilidad y que los dejen en paz todas las gentes que los están importunando; que no sabemos quienes sean, ni la familia los conoce.

Además de Huerta, en el lugar había personal del área de comunicación social del estado de Veracruz y presuntos periodistas, entre ellos Jorge Díaz Basáñez, quienes seguían a los reporteros cuando se acercaban a los indígenas.

La familia Inés Ascensión -acompañada por 19 menores- ingresó al antiguo y nuevo edificio de la basílica; en el primero, los cinco hermanos rezaron ante la imagen de la Virgen de Guadalupe; en el segundo, participaron en la misa de las 18 horas.

Fueron muchos los intentos por hablar. Incluso llegaron tres intérpretes nahuas y fue hasta después de las 19 horas cuando Julio les dijo en su lengua: "Ya lo que pasó, pasó; lo único a que venimos es a pedir la bendición de Dios; no queremos saber nada del gobierno, porque dijeron e hicieron lo que les conviene. Venimos a pedir la bendición, porque Ernestina se fue con Dios; ya no está con nosotros".

Peña Nieto lo hace por ganar la simpatia de la oligarquia hacia los pinoles

El FPDT llevará el caso a instancias internacionales, como la CIDH

Solicitará el Edomex aumentar las condenas a los dirigentes de Atenco

ISREAL DAVILA , RENE RAMON , SILVIA CHAVEZ

Toluca, Mex., 8 de mayo. Las condenas impuestas a los dirigentes de San Salvador Atenco "son las mínimas que la ley prevé", comentó hoy Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y rechazó que vaya a decretar una ley de amnistía en su favor. En tanto, el procurador de Justicia, Abel Villicaña Estrada, confirmó que se apelará de la sentencia de 67 años y medio, ya que es menor y "no corresponde con la peligrosidad de estas personas".

A su vez, el PRD señaló que la facultad de decretar la amnistía no es del Poder Ejecutivo estatal sino del Legislativo, por lo cual solicitó a Higinio Martínez Miranda, jefe de la bancada perredista en el Congreso local, que promueva entre los demás partidos esa figura jurídica en favor de los involucrados en el caso Atenco. A su vez, Rubén Mendoza Ayala, delegado del PAN en Tlalnepantla, consideró un "exceso" la sentencia dictada contra los tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Villicaña Estrada confirmó que en las próximas horas el Ministerio Público adscrito al juzgado primero de lo penal de Toluca solicitará al juez José Alfredo Blas Hernández que aplique, al menos, la media de la sanción que señala el Código Penal mexiquense, es decir, 45 años por secuestro, lo que significaría que Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo fueran sentenciados a 90 años de prisión por estar acusados de dos raptos.

De acuerdo con el artículo 259 del Código Penal del estado, será equiparado a secuestrador al que detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle un daño, sea a aquélla o a terceros, para obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza; en tal caso se impondrán de 30 a 60 años de prisión. La media de ambas es 45 años.

Cuestionado por los nulos resultados de las investigaciones sobre los homicidios
de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea Hernández, quienes fallecieron durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo en Atenco, presuntamente a manos de uniformados, el procurador señaló que "le pedimos a la gente de Atenco que coopere. Ellos tienen información que no han proporcionado a la procuraduría y por eso estamos en déficit; cuando se acerquen a nosotros y nos informen, o bien, permitan que los elementos de la ministerial obtengan la información, en ese momento avanzaremos", señaló.

Afirmó que la procuraduría sigue analizando las armas de la Agencia de Seguridad Estatal para determinar si alguna se accionó para quitar la vida a los dos jóvenes.

Acerca de la sentencia contra los tres dirigentes, Peña Nieto afirmó: "yo no impongo las sanciones, pregúntenle al Poder Judicial".

-La opinión pública lo responsabiliza a usted de la sentencia.

-Perdónenme, pero el Ejecutivo no puede asumir en una persona todos los poderes; somos respetuosos de quien tiene la atribución de interponer la sanción y en términos de esto es el Poder Judicial quien aplicó la sentencia. Las sanciones impuestas están descritas en Código Penal y las que se aplicaron incluso son las mínimas que la ley prevé.

Reiteró su negativa a otorgar la amnistía a los líderes de Atenco y a los procesados por los hechos del 3 y 4 de mayo. "Imagínense que tuviera que hacer esto para cada delito, para quien comete una sanción (sic), el que tuviéramos que llevarlo a consideración del Ejecutivo, damos el espacio y las atribuciones a cada poder del estado para que actúe en términos de lo que la ley prevé.

-Entonces, ¿ni perdón ni amnistía?

-En este momento no.

Durante una gira por Nezahualcóyotl, Ricardo Moreno Bastida, dirigente estatal del PRD, aseguró que mañana martes solicitará al jefe de la bancada perredista, Higinio Martínez, que promueva en el Congreso local esa figura jurídica en favor de los involucrados en el caso Atenco.

El recurso, explicó, incluye a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, dirigentes del FPDT, quienes la madrugada del sábado fueron sentenciados a 67 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro equiparado.

Explicó que esa medida beneficiaría tanto a los policías que están bajo proceso penal por su participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, como a los demás integrantes del FPDT, ya sea a
los encarcelados o a quienes enfrentan proceso penal en libertad.

* La sentencia, injusta

* Marchan el 12 de mayo

JAVIER SALINES CESAREO CORRESPONSALES

San Salvador Atenco, Mex., 8 de mayo. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco anunció que recurrirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la sentencia "injusta e ilegal" dictada a los dirigentes Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo.

"Vamos a recurrir a instancias internacionales para denunciar que en nuestro país las leyes no son respetadas y pueden ser manipuladas al antojo del gobierno para hacer culpable al inocente y disfrazar sus crímenes de aplicación del estado de derecho", sostuvo María Antonia Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle.

En conferencia de prensa, el FPDT anunció su plan de acción para responder al fallo del juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, quien dictó una condena de 67 años y seis meses de prisión a los líderes del movimiento.

Informó que además de continuar con los plantones en el penal de Molino de las Flores, en Texcoco, y en el centro de Atenco, el sábado 12 de mayo se realizará una marcha del Angel de la Independencia a Los Pinos, en el Distrito Federal, que comenzará a las 10 horas.

"Con esta sentencia, el gobierno nos deja más claro que su objetivo sigue siendo la venganza y el castigo contra nuestro pueblo por echar abajo su aeropuerto hace seis años. Hoy más que nunca el gobierno demuestra su rostro de impunidad e injusticia y sus manos llenas de sangre del pueblo, demuestra que puede manipular sus leyes a su antojo", dijo Trinidad Ramírez.

El costo es alto, pero no nos han derrotado

En la conferencia de prensa participaron, además de los integrantes del FPDT; Andrés Benhumea, padre de Alexis Benhumea, estudiante muerto en la represión de hace un año en Atenco, y Rosanely Gochicoa, madre de Héctor Galindo, uno de los tres dirigentes sentenciados.

Andrés Benhumea indicó que el Estado mexicano tiene miedo y preocupación, y la sentencia dictada a los tres dirigentes "demuestra la crisis profunda en que el Estado mexicano ha entrado", dijo.

Sostuvo que Alexis no tenía duda de la lucha del FPDT, y ahora ellos, desde el 4 de mayo de 2006, cuando murió su hijo, apoyan la lucha. "Hemos pagado costos muy grandes, pero no nos han derrotado", manifestó.

Por su parte, Rosanely Gochicoa señaló que si las autoridades consideraron que la sentencia de 67 años los iba a intimidar, "se equivocaron, pues causó el efecto contrario".

El dirigente del FPDT, Heriberto Salas, informó que el movimiento atenquense se integrará al organismo nacional contra la represión, que se conformará en los próximos meses.

Los atenquenses convocaron a todas las organizaciones sociales a luchar por la libertad de sus compañeros presos, el desistimiento de las órdenes de aprehensión y el castigo a los culpables de la represión del 3 y 4 de mayo de 2006

Desspues de la sentencia a los de Atenco menos

No aprobará el PRD iniciativas del Ejecutivo

ANDREA BECERRIL

Mientras los legisladores del PAN insistieron ayer en la urgencia de aprobar las reformas de Felipe Calderón en materia de seguridad pública y justicia, la fracción del PRD reiteró que no avalarán "un proyecto autoritario" que vulnera garantías constitucionales, y menos después de la sentencia dictada contra los dirigentes del movimiento social de Atenco.

"Si alguna duda quedaba de la intención de torcer la ley para reprimir a disidentes y luchadores sociales, con la decisión de equiparar a Ignacio del Valle y otros dos ejidatarios de Atenco como miembros del crimen organizado, es claro cuál es la estrategia del señor Calderón", dijo el senador perredista Tomás Torres.

Entrevistado después de una reunión del grupo de trabajo que dictamina las iniciativas presidenciales y otras en materia de justicia que quedaron pendientes en el periodo ordinario que concluyó el 30 de abril, Torres dijo que de ninguna forma se puede permitir que con el pretexto de combatir al narcotráfico, la violencia y la inseguridad pública se modifiquen preceptos de la Carta Magna que protegen los derechos fundamentales de los mexicanos.

Durante la reunión de senadores de las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, Seguridad Pública y Gobernación, el PRD refutó argumentos "infundados", como el que sostiene que "no hay ley en México para combatir el crimen organizado y que la propuesta de Calderón es la mejor". Torres precisó que esos argumentos son para cobijar la ineficacia, la incapacidad, porque "la lucha contra el narcotráfico requiere de un plan integral y no sólo reformar las leyes".

Las dos iniciativas de Calderón "son muy cortas y ponen en el centro retroceder en el tema de las garantías individuales, con propuestas como aplicar espionaje telefónico, cateos y arraigos sin que medie orden judicial, sólo con la decisión del Ministerio Público". Además, agregó, acotan la competencia de los congresos locales y, por ende, de la justicia local.

La discusión continuará la próxima semana, pero "el PRD no va a cambiar su postura". Dijo que a su bancada le preocupa también la entrada en vigor de las reformas en materia de terrorismo, aprobadas por el Senado y que Calderón aún no promulga, porque existe la clara intención de criminalizar la protesta social.

No obstante, aclaró que existe el compromiso de PRI y PAN de modificar esa ley, pero podrán hacerlo hasta que se promulgue o en caso que Calderón decida vetarla. Consideró que lo último es "poco probable", después de la condena a más de 67 años de prisión que se dictó contra Ignacio del Valle y otros dirigentes del Frente de Defensa de la Tenencia de la Tierra.

"No ha pasado ni un mes de que el PRD se opuso a la aprobación de la reforma que equipara a luchadores sociales con terroristas, cuando viene esa sentencia contra la gente de Atenco, que da muestra de la arbitrariedad, del uso de la justicia con fines políticos", aseveró.

El senador Torres se preguntó si en la retención de personas de que se acusa a Del Valle iba de por medio pedir recompensa o algo a cambio. "¡No!, es la interpretación de un juez puesto a disposición del Poder Ejecutivo". Por eso, insistió, el PRD no avalará más reformas autoritarias.