Consecuencias de un gobierno impuesto
Jaime Ornelas Delgado
Defensor del libre comercio en momentos en que los pueblos de nuestra región lo han repudiado por su incapacidad para resolver problemas como el crecimiento, el empleo, la pobreza o la equidad, Calderón es portavoz del modelo neoliberal que nos ata al pasado y rechaza las nacionalizaciones sin reconocer que son sectores como el energético en manos del Estado, y no la inversión transnacional, los únicos que pueden dar viabilidad a la soberanía de naciones como la nuestra, secularmente sometidas a la dominación de los intereses del capital cuyos dueños están siempre más atentos a lograr la máxima ganancia que a procurar el bienestar de la población.
En los 100 días de su gobierno, dada su incapacidad para lograr la legitimidad que le negaron los ciudadanos en las urnas, a Calderón le ha sido insuficiente el manto protector de las fuerzas armadas, cuya presencia ha sido creciente en la escena nacional, y ha recurrido al amparo del gobierno del país más poderoso de la tierra, con el cual coincide ideológica y políticamente por lo menos mientras permanezca Bush.
Las acciones de Calderón, que han procurado más efectos mediáticos que reales, han consistido en un hasta ahora frustrado combate al narcotráfico mediante la imposición de la militarización de amplias zonas del país donde; sin embargo, las ejecuciones siguen a la orden del día. A cambio, la población ha resentido el aumento de la carestía que en unos días anuló el aumento del salario; asimismo, se ha propuesto la privatización de las carreteras cuyo rescate representó un costo de 193 mil millones de pesos para el gobierno federal (es decir, cubierto con nuestros impuestos) en los últimos nueve años.
Otros datos no sólo irritan, sino que también alarman por su magnitud y trascendencia, como es el caso de la deuda interna que en sólo un mes, el primero del gobierno de Calderón, se incrementó en 187 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, Pemex fue entregada a sus enemigos, a esos que se proponen quebrarla para justificar su privatización, y que han emprendido lo que JalifeRame llama la “privatización cucaracha” por qué no la hacen a la luz del sol; la educación pública fue concesionada a Elba Esther Gordillo, quien impuso en la subsecretaría de Educación Básica a su yerno, al mismo tiempo Calderón dejó en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación que dirige de manera vitalicia la miss Gordillo, la formulación de la parte referida al sector educativo en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual hace augurar la liquidación final de la educación pública, incluyendo la universitaria ya que a las universidades estatales se le redujo nuevamente el subsidio federal.
Respecto a la distribución del ingreso, nada se hace por modificar su iniquidad, y Carlos Slim sigue enriqueciéndose sin pausa y de prisa al grado que su fortuna personal representa ya el 7 por ciento del Producto Interno Bruto; en cambio, más de la mitad de la población sigue viviendo condiciones de pobreza y pobreza extrema. El ingreso de Slim en 2006 alcanzó la cifra de 19 mil millones de dólares, con los que se podría pagar el salario mínimo anual de 11.5 millones de mexicanos. De la misma manera, mientras millones de mexicanos no saben si podrán comerán hoy, en enero se pagaron 3 mil millones de dólares por la importación de bienes de consumo suntuario, monto que rebasó en 41 por ciento los ingresos obtenidos por la exportación de petróleo en ese mismo mes.
En fin, el de Calderón, como era previsible, está resultando tal como lo fue el de Fox: un gobierno que hace muchas promesas pero carece de logros, aunque si paga facturas a quienes lo ayudaron a cometer el más grande fraude electoral que registra la historia moderna de México. Los poseedores de esas facturas, que ahora están pasando a cobrar a las cajas del gobierno federal, son monopolios como Televisa y TvAzteca, que han impedido la autorización para el funcionamiento de una tercera cadena nacional de televisión, al tiempo que Televisa se adueña de los juegos de azar y hasta se le otorgó la concesión de operar una lotería privada.
El gobierno de Calderón sólo ha dado buenos resultados sólo para sus cómplices, mientras los ciudadanos se preparan para ofrecer nuevas y más duras batallas.
Dada la complejidad del problema que involucra a la CTM a nivel nacional cuyo agremiados ostentan la titularidad del Contrato Colectivo el problema tuvo que ser dirimido en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y aunque no ha sido resuelto las negociaciones avanzan, informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Competitividad (STC), José Antonio López Malo.
Por lo pronto y aunque la vialidad quedó desbloqueada, se espera que el día de hoy, las partes en conflicto se presenten nuevamente en la JLCA para continuar con las negociaciones.
De acuerdo con la agencia de noticias “El representante del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Puebla, dijo que la demanda principal es la contratación de trabajadores no sólo para la ampliación de esa vialidad, sino para otras obras a cargo del gobierno del estado”.
Situación que fue confirmada por el funcionario estatal: “lo que buscan es la participación en los acarreos de material argumentando que no hay participación de gente de la región como se tiene convenido con la dirigencia estatal de la CTM. Y aunque se trata de un conflicto de carácter federal hemos intervenido. Por lo pronto, se les dejó en claro que la empresa también cuenta con camiones de transporte propios, lo que limita la participación de agentes externos”.
La ampliación de esa carretera consiste en convertirla en una vialidad de cuatro carriles, debido a que por ahí circula transporte público que comunica a esta capital con municipios circunvecinos.
