"Puras calumnias" de estos campesinos
Ejidatarios de Tonantzintla demandan a Marín ante la PGR por falsificación de documentos
Martín Hernández Alcántara
Unos 350 campesinos oriundos de Santa María Tonantzintla cerraron este martes al mediodía la lateral de la avenida Reforma, en la ciudad de México, justo frente a la sede de la Procuraduría Federal de la República (PGR). Los labriegos acudieron a interponer una denuncia penal contra el gobernador Mario Marín y el ex presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla Mario Montero, a quienes acusan de haber falsificado documentos en la década pasada con el fin de despojarlos de 200 hectáreas de terreno, con el pretexto de que serían usadas para fines públicos, aunque al final fueron para la construcción de la exclusiva zona residencial La Vista Country Club.
Utilizando cinco camiones y desplegando mantas cuyas leyendas exigían a la institución del titular del Ejecutivo local, los agricultores dijeron contar con un peritaje en el cual se confirma que Marín Torres, en su calidad de secretario de Gobernación, dio por válida una asamblea ilegal de ejidatarios mediante la cual las autoridades locales les lograron arrebatar los terrenos.
Montero Serrano validó dicha transacción ilícita dando fe pública, aprovechándose de su investidura de fedatario, manifestó Mario Enrique Cuautle Arroyo, uno de los líderes del movimiento de inconformes.
Cuautle Arroyo explicó que con el peritaje de la PGR se puede tramitar una solicitud de desafuero contra Mario Marín Torres en el Congreso de la Unión, instancia a la que los campesinos acudirán en los próximos días.
El dirigente mencionó que decidieron manifestarse en la capital del país debido a que el Congreso del estado de Puebla y la Procuraduría Federal de Justicia de la entidad han hecho caso omiso de sus denuncias por estar bajo el control del llamado góber precioso.
En las mantas que los inconformes mostraron a conductores de automóviles y transeúntes capitalinos se podían leer leyendas como las siguientes:
“Mario Marín aquí estamos los viejitos y los pobres de Puebla y tú los robaste”. Esta sentencia hacía clara alusión al discurso que el gobernador pronunció en los días posteriores al descubrimiento de la conjura contra la periodista Lydia Cacho, cuando el gobernador advirtió a sus enemigos que no “despertaran a la Puebla revolucionaria”, “que no provocaran a sus viejitos y viejecitas”. Otra manta rezaba: “Puebla, cuna de la corrupción”, “desafuero contra el góber precioso”. Y otra más demandaba: “Señor presidente Felipe Calderón, los ejidatarios de Puebla le pedimos que cumpla la ley”.
Mario Enrique Cuautle Arroyo señaló que del despojo de las 200 hectáreas, perpetrado en 1994, resultaron afectados 140 integrantes del núcleo ejidal de Tonantzintla.
Es importante mencionar que en lo que va del año estos ejidatarios se han manifestado en diversas ocasiones, lo mismo en Casa Aguayo que cerrando en cuatro ocasiones distintas la carretera federal a Atlixco para exigir atención a su reclamo por parte de las autoridades; incluso en una ocasión el secretario de Gobernación, Javier López Zavala se presentó en uno de los bloqueos para dialogar con los inconformes.
De hecho, el 8 de agosto del años pasado los ejidatarios acusaron a López Zavala de amenazarlos de muerte si no desistían de exigir al gobierno la devolución de sus terrenos, motivo por el cual interpusieron las denuncias correspondientes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no los ha ayudado, dijeron.
En esa ocasión aseguraron que el problema más grave es que son muchos los poblanos que “ingenuamente” continúan comprando terrenos en el exclusivo residencial La Vista Country Club, así como propiedades en los fraccionamientos habitacionales aledaños, cuando ellos, afirmaron, son los legítimos dueños de esos terrenos, “y tenemos las escrituras que nos otorgó el gobierno federal para comprobarlo”.
En total son 100 ejidatarios propietarios de 200 hectáreas de terrenos que actualmente conforman lo que es la zona de Angelópolis y son ocupados por instalaciones del Tec de Monterrey, el club de golf La Vista, por centros comerciales, hoteles, las oficinas de Ciudad Judicial, escuelas y por una infinidad de fraccionamientos que son tipo residencial.
El despojo, argumentan, ocurrió mientras la mayor parte de ellos estaba trabajando ilegalmente en EU. Por medio de familiares fueron avisados de los planes del entonces gobernador Manuel Bartlett de crear la reserva territorial Atlixcáyotl, lo cual significó la expropiación de sus terrenos bajo el pretexto de “utilidad pública”, y señalaron al notario Mario Montero Serrano de avalar ese fraude, motivo por el cual también está denunciado.
En una rueda de prensa comentaron que algunos de ellos tardaron más de 10 años en regresar al país, y cuando lo hicieron pudieron observar con gran indignación que sus antiguas parcelas ahora estaban convertidas en fraccionamientos particulares, comercios y escuelas.
Denunciaron al gobierno del estado, interpusieron un recurso de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los juzgados federales de 10 distritos del estado, pero ahora el problema se ha agudizado más, después de que ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos –a la que han acudido en más de 12 ocasiones– dijeron, ha querido intervenir para investigar los casos de intimidación, amenazas de muerte y persecución por parte de López Zavala y sus empleados de la Secretaría de Gobernación.
