CUITLATLAN
Un cero a la izquierda, los sindicatos de la UAP
Fermín Alejandro García
A estos dos sindicatos les tocaba ser una especie de catalizador, ya que se propusieron convencer a los trabajadores de suspender por tres años las jubilaciones y que se amplíe una década el plazo de años de experiencia laboral para el retiro, sin que se generara un ambiente de inconformidad en las bases. Esta misión simplemente no la pudieron llevar acabo y en algunos lugares de plano los representantes sindicales fueron rechazados o no los quisieron recibir.
Tal como ha sucedido a lo largo de la corta historia de estas organizaciones gremiales tuvieron que pedir ayuda a la rectoría, en lugar de ser el contrapeso de la institución en el ámbito laboral.
El rechazo de los trabajadores a estas agrupaciones es natural, estos sindicatos charros en lugar de defender el esquema vigente parecen ser un aliado del gobierno federal que busca destruir el sistema de seguridad social de las universidades.
Por ejemplo, se sabe que en el Hospital Universitario, en el área de Ortopedia, la semana pasada hubo una reunión para explicar la propuesta para las jubilaciones y los trabajadores no quisieron platicar con los emisarios del sindicato que les toca. Por eso se presentaron a dialogar los funcionarios de la rectoría óscar Gilbón y Eloy Meléndez.
En la Facultad de Economía de igual manera los académicos de tiempo completo rechazaron al sindicato y miembros de la administración central fueron a negociar con ellos, pero los profesores no lograron ser convencidos.
Y en la preparatoria Benito Juárez fue la dirección la que tomó la rienda de los intentos de persuadir a los mentores, pero también varios profesores se opusieron al cambio.
La estrategia que se está siguiendo, sobre todo con el personal académico, es que la propuesta –que también incluye suprimir la llamada jubilación dinámica– no se da a conocer a todos los trabajadores en general, sino son divididos.
En una reunión se habla con los profesores horaclase, en otra con los de medio tiempo y en otra más con los que tienen más años laborando, son de tiempo completo y cuentan con muchos argumentos bien fundados para rechazar el ofrecimiento.
Los sindicatos, sobre todo el Aspauap, que es el de los académicos, presumen ya tener el concenso para lograr la reforma.
Pero en realidad se dice que la mayoría de los que respaldan el proyectos son quienes tiene pocos años de experiencia o son de tiempo parcial. Algunos se han sumado al ofrecimiento por temor a una represalia laboral. Otros porque no tienen conciencia de lo que la modificación puede significarles a largo plazo.
En cambio, el personal de más experiencia reacciona señalando que la alternativa no es reducir derechos laborales, sino exigirle al gobierno federal que cumpla con su obligación de dar los recursos económicos suficientes para cubrir la seguridad social en las instituciones de educación superior.
En algunos casos, incluso, se ha hablado de la posibilidad de promover amparos contra la posible reforma.
Las principales quejas contra ambos sindicatos charros es que no han sabido proporcionar información de manera oportuna y puntual sobre la propuesta de modificar el régimen de pensiones y jubilaciones; y que no se presentan alternativas, pareciera que la única salida es la de cambiar el modelo actual sin importar las consecuencias.
Además, la supuesta consulta que llevan acabo el Situap y el Aspauap no tiene una base metodológica para saber a cuántos trabajadores se les consultó, cuáles fueron sus respuestas y con base ello establecer el mandato de las bases.
Una tercera fuente de malestar es que se ignora la información de un fideicomiso que se creó para que la universidad enfrentara el problema del financiamiento de las jubilaciones y pensiones, y que de acuerdo a la norma con que se empezó a funcionar, durante 10 años no se tocaría sus fondos para garantizar su capitalización.
Con todo esto se puede afirmar que se le está apostando a la desinformación y la división de los trabajadores.
Aunque al mismo tiempo se ha evidenciado que el Situap y el Aspauap son un cero a la izquierda. Antes de este asunto, muchos trabajadores ya no se acordaban que pertenecían a una organización gremial que se supone defiende sus derechos.
¿Qué sigue en la CDH?
Se supone que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) tiene como una de sus funciones es la de fomentar la cultura de la paz. Pero eso no está ocurriendo, pareciera que el organismo fomenta la violencia, la impunidad y la violación de los derechos laborales.
Pero además es una muestra de la descomposición que se vive en las instituciones públicas.
Luego de que este fin de semana fuera agredida con arma de fuego Cora Camacho, una de las trabajadoras de la CDH que ha tenido la valentía de denunciar el comportamiento autoritario del presidente del organismo, José Manuel Cándido Flores Mendoza, se constata lo antes mencionado. O también cuando el ombudsman mandó a traer un grupo de policías para repeler una protesta en su contra.
Ante esto este tecleador se hace las siguientes preguntas: ¿Hasta cuándo el Congreso local va a seguir tolerando tales arbitrariedades?, ¿hasta que haya un muerto?, ¿cuándo Flores Mendoza acabe de correr a toda la gente que le cae mal o cometa otro tipo de abusos?
Lo que pasa en la CDH muestra la insensibilidad e ineficacia de muchos de nuestros diputados; que cuando eran candidatos ofrecieron ser los mejores legisladores y ahora no ven ni oyen las quejas contra el mal funcionamiento de una institución pública.
