El IFE presenta hoy la controversia constitucional

ALONSO URRUTIA

En el tiempo límite y con los consejeros comiciales divididos, finalmente el Instituto Federal Electoral (IFE) presentará hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados por la supuesta invasión de facultades al haberle impuesto un recorte a su presupuesto en diciembre pasado.

Sin la certeza de que el IFE realmente tenga facultades como órgano autónomo para promover esos recursos, la división entre los consejeros que ha provocado la determinación se ha expresado en una virtual marginación, de los cuatro consejeros que votaron en contra, en torno de la definición de los detalles del documento.

Entre las críticas de algunos consejeros al presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, destaca lo que se considera "un pésimo procesamiento del recurso". Y es que al menos dos, que votaron en contra de esa decisión en la sesión del pasado 31 de enero, lo hicieron porque no conocían las principales directrices de la controversia.

Inclusive, no estaba claro si la controversia iba a ser interpuesta exclusivamente en contra de la Cámara o también contra el Poder Ejecutivo. La razón: este último, al publicar el decreto del presupuesto, dejó de lado la facultad que tiene para realizar observaciones, en este caso, a la forma en que se ajustaron los recursos al IFE.

Los consejeros impulsores de la controversia Andrés Albo, Arturo Sánchez, Teresa González Luna, Alejandra Latapí y Ugalde han subrayado que entre los objetivos de ésta no se encuentra la disputa por los 720 millones de pesos, sino la disposición para mantener intactas las prerrogativas de los partidos políticos.

Dicho recurso parte del principio de reivindicar la facultad del organismo para determinar el monto de las prerrogativas en función de una fórmula asociada con el costo de la campaña y el ajuste inflacionario. En principio se asume que la Cámara puede realizar ajustes al presupuesto del IFE, pero sin incidir en la asignación de los fondos.

Sin embargo, quienes se oponían en el instituto a la promoción del recurso señalan que el organismo sencillamente no ejerció sus facultades en su momento, toda vez que la propuesta de prerrogativas enviada por éste al Congreso fue aprobada en todos sus términos.

El único antecedente de que el IFE haya evaluado interponer esos recursos fue en 2003, aún con el anterior consejo. En esa ocasión el instituto amenazó con presentarlo, en el contexto del proceso electoral en que se iba a renovar la Cámara de Diputados.

En ese entonces la administración del presidente Vicente Fox difundió varios anuncios que llamaban a votar, situación que fue cuestionada en primera instancia por los partidos políticos, los cuales lo acusaron de favorecer a su partido, el PAN, detrás de una dudosa campaña de promoción del sufragio.

La creciente inquietud de los partidos de oposición fue recogida por el IFE, el cual exigió a Fox, sin éxito, que suspendiera los promocionales. Este lo hizo hasta que el instituto amenazó con interponer una controversia constitucional, argumentando que la promoción del voto era sólo facultad suya.

Finalmente, el recurso no fue interpuesto, toda vez que la administración foxista, ante la creciente polémica, determinó retirar sus promocionales para poner fin al conflicto.

El ex consejero electoral y doctor en derecho Jaime Cárdenas señaló entonces que se amagó con presentar el recurso sin que en el organismo hubiera certeza de que el IFE podía ser una de las instancias que la Constitución incluye como factibles promotoras de éste.

La verdad, dijo Cárdenas, "no teníamos la seguridad". Meses después, en el ocaso de ese consejo del IFE, se corroboró la incertidumbre, pues dentro de un paquete de propuestas para la reforma electoral los nueve consejeros consideraron la necesidad de que el instituto fuera considerado con la "legitimación activa" para promover controversias.

Esta ocasión, de nuevo, éste fue el punto central para que dos consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar y Lourdes López se opusieran abiertamente a la decisión. Sin embargo, el fundamento de quienes lo avalaron está en los nuevos criterios utilizados por la SCJN en cuanto a los órganos autónomos, particularmente en dos casos: el Tribunal Electoral del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.