lunes, junio 11, 2007

CUITLATLAN

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Aparece nuevo fraude con los seguros del SNTE 51

Fermín Alejandro García

El pasado 14 de mayo en este espacio se dio a conocer la supuesta existencia de un millonario fraude con uno de los tres seguros de vida de los maestros del SNTE 51, el llamado “adicional”. En menos de un mes han aparecido evidencias de que posiblemente existe otra estafa similar, ahora con el “seguro institucional”, el cual abarca a 27 mil docentes y consistiría en robarle a cada afectado una parte importante del dinero que eroga mensualmente para hacerse acreedor a la protección de este contrato; pero además cuando una maestro muere, le desaparecerían a los beneficiarios el equivalente de 5.8 meses de sueldo en el pago de la prima.

Lo grave de este segundo asunto es que no sería difícil que pudieran resultar implicados funcionarios de la SEP –que dirige Darío Carmona García–, ya que una parte del timo consiste en alterar el reporte que se manda a la aseguradora en el cual se recorta el salario real de los docentes, todo con el objetivo de que se pague menos en la prima final.

Se dice que si se junta el fraude del seguro “adicional” y el “institucional”, la cifra de fondos desaparecida podría ser del orden de los más de 200 millones de pesos a los largo de los tres últimos años, según un cálculo conservador. Mucho de ese dinero, se especula en algunos ámbitos del magisterio, serviría para financiar las campañas electorales de algunos miembros del SNTE que quieren llegar a un puesto de elección popular, y obviamente, una parte grande acaba en el bolsillo de algún dirigente.

Y uno de los que está apuntado para buscar ser candidato a diputado local es Gustavo Espinoza, el secretario general del SNTE 51.

En la edición del 14 de mayo se narró que el SNTE 51 tiene un seguro privado, conocido como “adicional”. El cual oficialmente está contratado con Inbursa, pero de manera inexplicable ese banco ya no tiene la póliza y quien la paga es Banorte. Ese fraude –que hasta ahora no ha sido desmentido– consiste en que a cada profesor le descuentan quincenalmente una cantidad equivalente al 2.7 por ciento de su salario, pero en realidad solamente entra al seguro el 2.3 por ciento; es decir, alguien se queda con el .4 por ciento. Mientras que otros docentes fueron rasurados del padrón de asegurado y sus aportaciones se pierden al 100 por ciento.

Ahora –de acuerdo a un paquete de información entregado a este tecleador– el seguro “institucional”, que es una prestación oficial, se ha descubierto un esquema similar. La empresa que se hacía responsable originalmente era Aseguradora Hidalgo, que luego compró Metlife. A partir del 1 de febrero de 2006 la póliza pasó a Inbursa y súbitamente el 1 de septiembre de ese mismo año, pasó sin explicación alguna a Banorte con el número 574-501.

Oficialmente se ha difundido en las bases del magisterio estatal que dicho seguro consiste en entregar a los beneficiarios de un maestro una suma de dinero equivalente a 40 meses de salario base cuando éste fallece.

Pero sorpresivamente si se revisa la póliza en cuestión se descubre que la cifra real que la aseguradora paga es de 45.8 meses de sueldo base; es decir, existen docentes que mueren y sus deudos que reclaman el seguro, si no se fijan bien, les quitan el equivalente a 5.8 meses de sueldo.

Además se ha descubierto que muchos mentores aparecen en el padrón del seguro con un sueldo menor al que realmente tienen en una proporción que va del 10 al 15 por ciento. Con ello, se les paga menos al momento de cubrir la indemnización final.

Este último detalle es lo más grave de este asunto. Ya que se cree que puede ser desde la SEP donde se rasura las cifras. Se han encontrado casos en que el gobierno paga una cifra a un maestro y resulta que al seguro se reporta que gana menos ¿Eso como puede suceder?

Algunos maestros cercanos al sindicato que fueron consultados dijeron no saber cómo se hace eso. La única posibilidad es que las cifras se manipulen desde el área de recursos humanos de la Secretaría de Educación Pública, que está a cargo de Jorge Muñoz Carballeda, porque de otra manera no sería posible. O por lo menos eso parece.

Si en algo coinciden la forma de operar las anomalías que se han detectado en los seguros “institucional” y el “adicional”, es que en ambos aparece la mano de Fabricio Barrera, el operador financiero de Gustavo Espinosa.

Siempre que alguien descubre irregularidades en los pagos de los seguros, aparece Fabricio Barrera para intentar negociar con los inconformes. El modus operandi siempre es el mismo. Este señor intenta convencer a los afectados de que se trató de un “error” que será enmendado. Si quienes reclaman aceptan la explicación, casi siempre luego de que les ofrecen altas sumas de dinero, entonces los hacen firmar papeles en blanco.

Lamentablemente mucha gente por no saber cómo operan los seguros, no conocen sus derechos, no estar preparados para enfrentar los trámites posteriores a la muerte de una maestro y por eso no se dan cuanta del fraude de que son objeto.

Ejemplos del fraude

Ejemplos de lo antes narrado son los siguientes:

Una maestra de preescolar llamada Luiyi Olaya Coeto falleció en 2006. Ella cobraba mensualmente 4 mil 769 pesos. Sus familiares cuando se presentaron a reclamar el seguro, con disgusto se encontraron que en la empresa encargada de ese beneficio la profesora estaba reportada con un sueldo de 4 mil 281 pesos mensuales.

Ahí no terminó todo. La maestra antes de morir les había dicho que el seguro era por 40 meses, pero un funcionario de la aseguradora cometió la indiscreción de mencionar que el prima final era de 45.8 meses. Entonces los deudos reclamaron la cifra de 218 mil 447 pesos, de acuerdo al salario real y los meses ofrecidos por la compañía. Pero de nada sirvió aclarar las cosas ya que les acabaron pagando 190 mil 784 pesos, que significó reducirles 22 mil 371 pesos de lo que correspondía. Cuando reclamaron esa quita, los mandaron con Fabricio Barrera. Ver los documentos que muestran esta situación [pdf 268 Kb].

Otro caso pasó con el maestro Mario Carpinteyro Argüelles, un profesor de telesecundaria que murió el 28 de diciembre de 2006. Su ingreso mensual era de 16 mil 271 pesos y en la aseguradora únicamente estaba reportado con 14 mil 605 pesos al mes. A sus beneficiarios les quisieron dar 668 mil 918 pesos, cuando lo que correspondía era 745 mil 241 pesos. Es decir les quitaron 76 mil 322 pesos. Y quien intervino para intentar calmar las cosas fue ya sabe quien: Fabricio Barrera.

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