| gnacio Juárez Galindo |
| Demanda UAP subsidio estatal del 32% para enfrentar problema de jubilaciones |
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| Alfonso Esparza Ortiz, tesorero de la UAP, explicó que en la propuesta se mantiene la restricción de 35 años de antigüedad para tener derecho al retiro, mientras que para aquellos trabajadores con 25 años de labor se les ofrecerán ascensos de categoría y un incremento del 10% salarial este año, entre otras cosas, a cambio de que aplacen su jubilación tres años más. Acompañado por el vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez López, la abogada general, María Esther Gámez, y el contralor Oscar Gilbón, Esparza Ortiz aseveró que la propuesta de la universidad contiene “medidas dolorosas, pero necesarias”, a fin de garantizar la viabilidad financiera de la institución. De hecho, dijo, que si este año se retiraran todos los trabajadores que tiene derecho a jubilación, la institución entraría en un colapso financiero, pues sólo habría dinero para pagar a los empleados activos. Llevar a cabo una reforma, manifestó, permitirá a la universidad concursar en una bolsa aprobada por el Congreso de la Unión para jubilaciones. La propuesta, agregó, pretende que con apoyo de trabajadores, la universidad y los gobiernos estatales y federal se obtenga una bolsa de mil 200 millones para el 2010. El proyecto Alfonso Esparza explicó que la universidad planteará a la administración de Mario Marín Torres su exigencia de incrementar el subsidio estatal en 32%. En la actualidad, mencionó, asciende al 20 por ciento, de ahí que la petición es que haya un aumento de 4% los próximos tres años. En conferencia de prensa, el Tesorero explicó que como parte de la Reforma al Sistema de Jubilaciones de la UAP, este año la burocracia universitaria –integrada por el personal directivo, desde jefe de departamento hasta vicerrectores y rector- no recibirá un incremento salarial –estimado en 3.8%- y el dinero que debía destinarse a ese concepto, que asciende a 4 millones, será destinado al fideicomiso. Los 4 millones, abundó, se sumarán a los 7 millones de pesos que la burocracia universitaria no recibió como parte de su bono de productividad de fin de año y que fueron a parar al fondo de pensiones de la UAP. Otra medida, subrayó Alfonso Esparza, es que el personal de confianza –la mayoría directivos- al momento de retirarse recibirá como pensión el promedio del salario de los últimos 15 años; mientras que los académicos y administrativos serán de los últimos cinco años. Para esta reforma, apuntó, los trabajadores que próximamente sean contratados deberán cumplir 35 años para tener derecho a una pensión. De 0 hasta 10 años, 33 años; de 11 a 14 años, 31 años; de 15 a 22 años; 30 años; de 23 años a 29 años; de 24 a 28 años. En el caso de aquellos académicos y administrativos que tengan 25 años de antigüedad se les ofrecerá como incentivo un incremento de10% en su salario para este año, ascensos de categoría inmediata –lo que implica mayor salario-, entre otras cosas. La inconformidad Por su parte, María Esther Gámez informó que la propuesta ya fue presentada a la Asociación Sindical de Personal Académico y el Sindicato de Trabajadores Independientes, ambos de la UAP, para que lo sometan a la consideración de sus agremiados. Una vez aprobada la propuesta, expuso, se creará una comisión tripartita que elaborará el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones. Al ser interrogada sobre las quejas de diferentes unidades académicas de que la propuesta de incrementar los años de jubilación es una medida inconstitucional, aclaró que las pensiones están incluidas en el contrato colectivo de trabajo, el cual puede ser modificado con la anuencia de las partes que lo signan, es decir, los sindicatos y la autoridad universitaria. No obstante, reconoció que existe inconformidad entre diferentes sectores universitarios por la reforma, pero justificó que son medidas necesarias y la burocracia ha mostrado su apoyo y voluntad al permitir que no se les otorgue un incremento salarial y no reciban el bono de productividad. Sin embargo, Jaime Vázquez López aseguró que alrededor del 70% de los trabajadores académicos y administrativos están de acuerdo con la necesidad de tomar medidas que permitan hacer frente a una posible quiebra financiera por jubilaciones. |
