La alianza PRI-PAN planeaba aprobar la madrugada de este martes la ley del ISSSTE
- Aprobar el dictamen en la madrugada de hoy, el objetivo
- En el Senado no pasará por fast track, asegura el tricolor
Diputados señalan al funcionario que "huele muy mal" la prisa con que se busca el acuerdo
La mayoría PRI-PAN en la Cámara de Diputados se preparaba anoche a aprobar el dictamen de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que el director de la institución, Miguel Angel Yunes, reconoció que, una vez en marcha el sistema individualizado de ahorro para el retiro, el costo de reconocer la deuda que ya existe en el sistema de pensiones será de 1.2 billones de pesos, lo cual representa 14 puntos del producto interno bruto (PIB).
''Sí, es una deuda de muchos millones, pero si no hacemos nada el costo será sustancialmente más que el de la transición'', dijo. Ante las críticas del diputado Antonio Soto, respecto de que ''huele muy mal'' la prisa con que se buscó aprobar el dictamen y por el ''vínculo estrecho del director con la señora (Elba Esther) Gordillo'', a la que se vincula con la autoría de la reforma, Yunes respondió: ''No es pecaminoso buscar acuerdos y consensos, y el hecho de que un grupo de dirigentes sindicales y funcionarios hagamos este esfuerzo, tiene el objetivo de dar certeza a los trabajadores''.
El diputado perredista Juan Guerra refirió que el costo de la reforma será superior, porque el Estado tendrá que transferir 3.25 pesos cuando los trabajadores aporten un peso de manera voluntaria para garantizar el mínimo de una pensión de dos salarios mínimos. Esto implicaría, dijo, cuando menos medio billón de pesos más, y un costo de casi 20 puntos del PIB, ''que si van a terminar en manos privadas, el riesgo de la ley es enorme''.
Adicionalmente, un análisis de la bancada del Partido del Trabajo sobre la reforma plantea que el fondo de la iniciativa tiene tres objetivos en el corto plazo: prolongar la edad de jubilación cinco años más y romper con el esquema solidario y subsidiario para pasar a uno individualizado; liberar recursos para que puedan ser manejados por el monopolio de las Afore y los bancos mediante la bursatilización de los ahorros, y después abrir Pemex a la iniciativa privada y modificar los sistemas estatales de pensiones.
Durante cuatro horas, diputados y senadores debatieron con Yunes el contenido y los alcances de la iniciativa que se presentó al pleno apenas el jueves pasado, y que pretende ser aprobada en las próximas horas. Una de las principales polémicas la desató el contenido del oficio CEFP/220/2007, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara, que fue conocido primero por Yunes y repartido posteriormente a los diputados.
Y es que para defender que la reforma no tendría ningún costo financiero, Yunes leyó ante senadores y diputados de las comisiones unidas de Hacienda y de Seguridad Social, el oficio del director general del centro, Edgar Nolasco, dirigido al presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac.
En dicho documento, el funcionario de la Cámara asegura que la iniciativa "no representa impactos presupuestarios adversos en las finanzas públicas, dado que para la determinación total del impacto presupuestario del seguro de pensiones se consideran todos los flujos generados por la propuesta, de manera que la reforma genera una disminución muy importante en la carga del Estado con el actual sistema de reparto, al disminuir el déficit sustancialmente".
Además, asegura, la generación del bono de reconocimiento del ahorro de los trabajadores que sean integrados al Pensionissste -la administradora de fondos de retiro de carácter público que se crearía con la nueva ley- "no contempla recursos adicionales, dado que éste se expide como un instrumento cupón cero que no implica mayor disposición de dinero''
Se trata de un ''estudio a modo", reprochó Antonio Soto. Sin embargo, el punto que más discusión generó fue la postura de recomendar la disposición de reasignaciones o excedentes petroleros para cubrir los fondos de préstamos personales y al seguro de salud. "Ahora resulta que tendremos que presupuestar los recursos extraordinarios, que no se pueden etiquetar. Aquí el director del ISSSTE nos presentó un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se dio una quemada enorme, porque sí habrá afectaciones presupuestarias", sostuvo.
Por su parte, el senador perredista Tomás Torres aseguró que en el costo de la transición no se ha incluido que el Estado deberá erogar las pensiones en curso, "que son adicionales".
A lo largo de la reunión de trabajo, diputados de PRI y PT también cuestionaron el hecho de que, si se prevé el éxito de la figura de Pensionissste, entonces debería aprobarse un candado y mantener en esta administradora la exclusividad del manejo de las cuentas de los trabajadores, y no abrir la transferencia al concluir los tres primeros años de vigencia de dicho mecanismo de ahorro. "Si va a funcionar tan bien como dicen, seguramente ningún trabajador querrá pasarse a otra Afore a los tres años", argumentó el diputado del PT Joaquín Vela.
Previamente, en una extensa presentación de los principales puntos de la iniciativa, Yunes refirió que para proteger los recursos de los trabajadores, la administradora pública manejará los fondos "en exclusiva por 36 meses", y después de ese plazo "cada trabajador elegirá personal y voluntariamente si continúa en el Pensionissste o traslada sus recursos a cualquier administradora".
Aun cuando al cierre de esta edición se inició una ronda de participaciones para discutir la iniciativa, antes de debatir el proyecto de dictamen, PRI y PAN advirtieron que el documento se aprobaría aun de madrugada, y que sólo se admitiría una adición propuesta por el diputado priísta José Rosas Aispuro, quien planteó que la regulación sobre el manejo exclusivo de las cuentas sea revisado cada tres años, con base en estudios actuariales y, en su caso, promover reformas o adiciones.
Durante la discusión, Juan Guerra propuso que Pensionissste no opere como una Afore privada, y que su director sea electo por la Cámara de Diputados, y convocó a no cerrar la posibilidad de modificar la iniciativa y dar más tiempo para su revisión "No somos diputados para votar a ciegas", advirtió.
