Ricardo Alemán
08 de mayo de 2007
Está claro que las televisoras hicieron valer su peso mediático, fundamental, en los muy
mexicanos tiempos electorales
Lleva tiempo y resulta complicado revisar, interpretar y hasta entender el conjunto de ideas expresadas en las casi 600 cuartillas que contiene el proyecto de resolución que preparó el ministro Salvador Aguirre Anguiano, sobre la llamada "Ley Televisa" -reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones-, y que en su opinión resultó un adefesio legislativo "parcialmente inconstitucional", porque "privilegia" a los concesionarios de radio y televisión, "propicia prácticas monopólicas" y causa un perjuicio al "interés público, a la libre competencia y a la rectoría del Estado" . Poca cosa.
Por eso, a reserva de una revisión puntual del proyecto -que aún podría sufrir cambios debido a la etapa procedimental que cursa-, conviene resaltar que de suyo el resolutivo ya significa una severa censura a la clase política mexicana toda; partidos, legisladores, candidatos presidenciales, gobernantes y, por supuesto, a los depositarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que aprobaron por consigna dichas reformas, aun en contra del interés popular.
Todos ellos, vinculados especialmente a los grandes partidos políticos nacionales: PRI, PAN y PRD, claudicaron de su responsabilidad política y social, actuaron a favor de los intereses mediáticos y, lo que es más grave, actuaron contra el interés público y la rectoría del Estado. En pocas palabras, una mayoría de diputados federales y senadores de la República, de todos los partidos, las dirigencias de esas fuerzas partidistas, y el conjunto de los poderes Legislativo y Ejecutivo, no sólo incumplieron con respetar y hacer respetar la ley fundamental, sino que atentaron contra el interés de la sociedad, de los mandantes, a quienes en esencia se deben.
Más aún, toda esa clase política, atacada por la predadora enfermedad del presidencialismo, por sus desmedidas ambiciones de poder y sus mezquinos intereses personalísimos, no sólo abdicó de su responsabilidad básica -de preservar las instituciones del Estado del que forman parte-, sino que intentó modificar de manera grosera la jerarquía del propio Estado mexicano, al reconocer en los hechos y por la vía de las leyes, que el poder fáctico de las grandes televisoras se coloque por encima de los poderes formales.
En efecto, nade sabe cuál será el destino final de la controversia constitucional sobre la ley Televisa, pero más allá de nuevas potenciales presiones del poder fáctico de las televisoras, es previsible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponga un alto a los despropósitos que aceptaron e impulsaron lo mismo el entonces Presidente Fox, los entonces candidatos presidenciales Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo, sus respectivos partidos y representaciones parlamentarias.
Pero también es cierto que frente a la hipótesis nada descabellada de que la Corte logre echar abajo las partes sustanciales de la ley Televisa -y que sus ministros resistan las presiones por venir-, tampoco nadie sabe cómo, cuándo, y de qué forma serán sancionados los integrantes de esa clase política, poco seria y poco confiable que, enferma de presidencialismo, atentó contra las instituciones del Estado y contra el interés público. Acaso ameritaran un juicio político, pero seguramente todo se quedará en el juicio social.
¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué casi toda la clase política mexicana se dobló y abdicó sus responsabilidades políticas y sociales ante los poderes fácticos mediáticos? ¿Por qué la Corte resistió, por lo menos hasta hoy, esas presiones? Está claro para todos, o casi todos, que las televisoras, sobre todo Televisa, hicieron valer su peso mediático, fundamental, en los muy mexicanos tiempos electorales. Y no faltaron quienes justificaron la aprobación de la ley Televisa: ¿Quién, entre partidos y candidatos presidenciales, se atrevería a confrontar a Televisa o Azteca, ante el riesgo de no contar con el favor mediático o, incluso, de ser víctima de la furia mediática?
Y se puede argumentar lo que se quiera, pero queda claro, por lo menos hasta hoy, que la clase política mexicana, esa que abdicó su responsabilidad, que agachó la cabeza y que se sometió al poder fáctico mediático, que se trata de una clase política indigna de la representación social y el poder entregado por los mandantes. Si al final se echa abajo parte sustancial de la ley Televisa, qué van a decir los señores Calderón, López Obrador, Madrazo, los diputados y senadores que la aprobaron, los defensores a ultranza de ese adefesio legislativo. ¿Qué dirán ahora los críticos de la Corte? Lo que se intentó, y podría evitar la Corte, no era otra cosa que alterar de manera tramposa e ilegal la jerarquía de los poderes, colocar a un poder fáctico, como el mediático, por sobre los poderes del Estado.
Y una resultante positiva, a pesar de la desvergüenza de la clase política, sería que en una suerte de mea culpa esa misma clase política decida sacar a las televisoras de los procesos electorales. Sólo así se acabará con ese formidable poder fáctico que, ya vimos, es capaz de someter al Estado, construir o destruir políticos, cargos de elección popular y hasta gobiernos. Al tiempo.
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