Ya llego
| Limosneros con garrote Alejandro Gertz Manero 6 de junio de 2007 |
Recientemente un buen número de gobernadores apoyaron entusiasmados el uso del Ejército mexicano ordenado por el Presidente de la República para enfrentar la violencia en sus territorios, mientras sus propios diputados criticaban acremente estas mismas acciones, tratando de descalificarlas e impedirlas, en una aparente contradictoriedad y esquizofrenia que finalmente no es más que una forma de cinismo y desvergüenza de gobernadores, presidentes municipales y sus correligionarios en el Congreso, ya que los primeros cuentan con casi 400 mil elementos policiacos y de seguridad, y un presupuesto inmenso para combatir el delito y la anarquía que reinan en los territorios que son de su responsabilidad; en tanto sus propios congresistas chantajean y presionan al Ejecutivo federal, descalificando la única ayuda efectiva que se les ha dado frente a esta crisis.
Esos mismos gobernadores y presidentes municipales, desde 1998, han recibido del gobierno federal miles de millones de pesos para equipar, capacitar y organizar sus sistemas de seguridad y justicia; y cuando hace algunos años se les exigió que rindieran cuentas de esos fondos que provienen del esfuerzo y del trabajo de todos los mexicanos, se indignaron envolviéndose en la bandera de su supuesta autonomía, para negarse a informar sobre sus resultados, ya que esos pequeños sátrapas locales consideran que nadie en este país tiene derecho a requerirles responsabilidad alguna.
Nunca podré olvidar a un presidente municipal de la ciudad de Puebla vociferando histéricamente "queremos lana y no que nos exijan cuentas", mientras convertía su gestión en una vergüenza y en un oprobio, lo cual se repite a diario en todo el país.
Esta realidad tan crítica justifica plenamente las acciones de las Fuerzas Armadas para contener la escalada brutal de violencia en el país, cumpliendo así con una tarea urgente e impostergable, pero entendiendo también que el Ejército y la Marina no tienen como función propia la labor cotidiana que está encomendada constitucionalmente a las diversas policías, al Ministerio Público y a los jueces, la que no deben eludir en modo alguno, asumiendo junto con las autoridades de quienes dependen su responsabilidad primigenia que ha fracasado escandalosamente porque ellos se hallan hundidos en la corrupción y en la ineficiencia más absolutas; en tanto que esos mismos gobernadores y sus diputados maniobran solicitando ayuda, para luego descalificar a quienes los están apoyando para salir del caos que ellos mismos provocaron.
Estas conductas, que evidencian la más elemental falta de congruencia y honestidad políticas, es también un ejemplo más de la incapacidad y de la inmoralidad de un sistema que se da el lujo de burlarse a diario de toda la población del país, jugando con el doble lenguaje y con la irresponsabilidad de quienes pretenden ser los padres de la patria, los dueños de la verdad y los infalibles; pero que al mismo tiempo fracasan una y otra vez, mientras se enriquecen brutalmente, mienten sin freno y desprestigian al país y a los mexicanos.
En la reforma del Estado, de la que tanto se habla y nadie ve, ni siquiera se ha considerado como prioridad fundamental esta crisis de valores fundamentales, ni la forma de devolverle a la sociedad civil y a la ciudadanía el derecho a exigirles cuentas cabales a quienes hacen del engaño y de la inmoralidad la realidad cotidiana en la política de nuestro país, generando un deterioro social que se multiplica a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo las instituciones que todavía nos quedan.
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Doctor en Derecho
