La clase política se blinda con la exoneración a Marín

Tiempos de Nigromante de Arturo Rueda
artrueda@laquintacolumna.com.mx


El 15 de septiembre resultó una jornada feliz para Mario Marín. Por la mañana, en lugar de asistir a rendir honores a la bandera en el zócalo capitalino, se trasladó a la Ciudad de México acompañado de Ricardo Velázquez, quien cobra como consejero jurídico del gobierno estatal, pero en realidad ejerce de abogado defensor del gobernador en las cuitas provocadas por Kamel Nacif. ¿El motivo del viaje? Sostener una apretada agenda de reuniones en la Suprema Corte de Justicia para verificar que hoy, 18 de septiembre, los ministros del más alto tribunal de la Nación carguen con el desprestigio nacional al exonerarlo en la violación de garantías individuales a la periodista Cacho, aun cuando en abril habían votado para ejercer su facultad investigadora y casi lo habían condenado de antemano. ¿Qué cambió de entonces para acá? ¿Cuál es la lectura que debemos darle a la resolución, anticipada por Cambio desde mediados de agosto? El del encubrimiento entre jueces y políticos para impedir que los medios se conviertan en tribunales efectivos con el poder de enjuiciarlos.

La Suprema Corte emitirá hoy un fallo en estricto sentido jurídico, pero con profundas implicaciones políticas. No para la entidad, sino para el escenario nacional. Y es que precisamente todo lo que ha ocurrido en Puebla desde el 14 de febrero tiene poco que ver con la aldea. Su origen, su lógica, y por tanto su desenlace se enmarca en la lucha por el poder nacional, y nunca con las migajas locales.

Sobretodo, el fallo reforzará la persistencia de una clase política que ha medrado con el país y que pretende seguirlo haciendo, para lo que debe blindarse de dos fuerzas que la desafían: por una parte, los medios de comunicación y sus intereses político-empresariales, y por la otra, una creciente fuerza social de un movimiento que ya rebasa a la izquierda institucional y amenaza con constituirse en un freno real a sus intereses.

De acuerdo con el guión preescrito, a la difusión de la conversación telefónica entre Marín y Kamel mediante una operación mediática sin precedentes, de la que tomaron parte todos los grandes conglomerados empresariales de comunicación –Televisa, TV Azteca, radiodifusoras, prensa escrita-, seguiría el enjuiciamiento social que obligaría a un gobernador, electo por casi un millón de ciudadanos para ejercer el poder por seis años, a presentar su dimisión. En este guión, el contenido de la conversación obtenida por medio del espionaje valdría por sí misma al mostrar la prostitución del aparato de justicia estatal para ponerlo al servicio de los intereses aviesos de un empresario con profundas ligas con la clase política y empresarial del país.

Si el guión se hubiera cumplido, Mario Marín hoy no sería gobernador de Puebla y los medios de comunicación se habrían alzado con una victoria resonante en el México supuestamente democrático. Por supuesto, con el enjuicimiento mediático la clase política estaría en peligro permanente de ser descubierto en sus corruptelas y perversiones. Así, los complots mediáticos con videos y conversaciones, que ya son el pan nuestro de cada día, se sucederían en una cascada infinita, involucrando a todos.

Absolutamente a todos: presidentes, secretarios, líderes partidistas, empresarios, diputados, senadores, gobernadores y un larguísimo etcétera. ¿Qué ocurría entonces? Según esta lógica, tendrían que presentar su renuncia –como sucede en los países democráticos, y si no, comenzaría el proceso jurídico de destitución. Pero, ¿en todos los casos tendría que Corte que ejercitar su facultad investigadora?

¿Qué sucedería en México si todos los políticos corruptos pudieran ser descubiertos y enjuiciados?

Por ello es que la clase política no puede permitir la caída de Marín. Sería el antecedente directo para que todos los escándalos mediáticos tuvieran su adecuada repercusión jurídica que culminaría en la destitución. En términos simples, a la caída de Marín seguiría la caída de muchísimos más. A partir de ese día, aparecerían las conversaciones que en algún lugar guardan los órganos de inteligencia –legales e ilegales- que operan en el país. Entonces el país se convertiría en un gran escaparate de la inmundicia nacional y el excremento se regaría por todos lados, teniendo a los medios de comunicación –y sus intereses- como los tribunales supremos de México. ¿Cuánto tardarían en salir, por ejemplo, los audios de Luis Carlos Ugalde y Elba Esther Gordillo? ¿Cuánto los de Felipe Calderón y la maestra? ¿O los del propio presidente electo con los empresarios que financiaron la campaña del miedo? Avanzando un poco más, ¿se imaginan los diálogos entre los mandos policiales y los capos del narcotráfico? ¿Dónde estaría el freno?

Por ello, en conjunto, la clase política nacional ha decidido encubrir el caso de Mario Marín y sepultarlo con la ayuda de los jueces, quienes también deben aparecer en cientos de conversaciones telefónicas, arreglando sus propias componendas y vendiendo la administración de justicia nacional. ¿Se imagina, por ejemplo, a Fox hablando con Mariano Azuela para ponerse de acuerdo en desaforar a López Obrador? ¿O al mismo presidente de la Corte arreglando casos judiciales con poderosos litigantes y despachos? ¿Magistrados y jueces de distrito pactando la protección a la delincuencia organizada? ¿O a poco los jueces del país son ángeles sin intereses?

Por ello, la Suprema Corte fallará en estricto sentido jurídico: no puede darse valor probatorio a las conversaciones obtenidas por medios ilegales como el espionaje. Hacer lo contrario –darles validez- abriría la puerta para mostrar la descomposición nacional, de la que serán cómplices los jueces supremos. No todos, por supuesto. Para hoy se prevé una votación divida: siete contra cuatro. En contra del proyecto de exoneración se manifestarán Genaro Góngora Pimental, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío. De la votación original en abril, dos cambiarán de opinión para construir la mayoría de la exoneración: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls. Junto a los incondicionales de Azuela, harán que la Corte pierda la oportunidad de abrirse a los reclamos de la calle y convertirse una institución más democrática.

En pocas palabras, con la exoneración a Mario Marín la clase política nacional se blinda ante escándalos futuros y reafirma su poder frente a los medios de comunicación, que con todo y sus intereses empresariales, al divulgar videos y conversaciones en las que políticos, empresarios y jueces muestran sus verdaderas intenciones, ventilan la inmundicia que ya nos llega al cuello.

***Como recordatorio. En abril, cuando una mayoría de seis ministros decidió que la Suprema Corte debía ejercer su facultad investigadora por tercera vez en su historia, las expresiones de algunos de ellos se convirtieron en condena tácita.

El ministro Góngora Pimental fue el más radical, al señalar que “posiblemente en Puebla no existe un estado de derecho (...) parece que el Gobernador es el que decide lo que hace el Poder Judicial". También insinuó que nuestro estado el gobernador opera como "un rey" y apremió la necesidad de la investigación una vez que "(Las conversaciones) han causado indignación en la sociedad poblana y en el resto de la República". Disparó a quemarropa cuando manifestó que "en esa entidad ha habido manifestaciones solicitando la renuncia del Gobernador, lo cual de suyo es grave porque evidencia la falta de legitimación de dicho funcionario y, por ende, un funcionamiento anómalo de las instituciones".

El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo puso el acento en la indignación que el caso produjo en la sociedad, ya que "hay la percepción de que se ha cometido un agravio en perjuicio de la colectividad entera…Esto consiste en un supuesto aprovechamiento personal e ilegítimo para perjudicar arbitrariamente a una persona, con motivo de un arreglo económico o de otra especie con un particular". En su argumentación, consideró que lo preocupante no es que Cacho fue detenida y sometida a juicio por difamación, sino que este proceso pudiera haber derivado de "componendas privadas del Gobernador".

Juan Silva Meza, único penalista en la Corte no se quedó atrás en sus críticas en contra de Marín y fue el único que enfatizó la cuestión de la pederastia, al espetar que "se debe investigar si en Puebla hay un Gobierno sometido a intereses económicos, que ejerce línea y consigna hacia otros Poderes para proteger una red de pederastia y pornografía infantil”. Silva Meza, además, la gravedad radica en el hecho de que se involucra a gentes del gobierno, que atajan posiblemente una investigación".

Sergio Valls señaló que "¿Acaso esta violación no ha producido ya un clamor y escándalo nacionales?"
¿Cuántos de estos ministros sostendrán su dicho? ¿Cuántos lo cambiarán? ¿Por qué poderosas razones?
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