CUITLATLAN

El Lydiagate se prepara como arma electoral

Fermín Alejandro García

Se estima que la resolución sobre la segunda investigación del Lydiagate que lleva acabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría emitirse entre agosto y septiembre próximos. De ser así, se puede suponer que la SCJN se sometió al juego de los tiempos políticos, ya que son las fechas en que prácticamente arrancan las campañas de proselitismo de partidos y candidatos con rumbo a las elecciones locales de noviembre. De esa manera el dictamen final se acabaría convirtiendo en un mensaje que dañaría la imagen –más de lo que ya está– del gobierno del estado y del PRI.

Obviamente quien saldría beneficiado de ese manejo de tiempos es el PAN, partido que seguramente utilizará el fallo de la SCJN como parte de su propaganda electoral para golpear al PRI y buscar que este partido tenga un mal inicio en sus campañas.

El PAN ya ha dado suficientes muestras de que no busca que se haga justicia en el asunto del Lydiagate, sino únicamente lo utiliza para lucrar electoralmente. El año pasado los panistas primero dijeron que se iban a ir a fondo para que fuera resuelto en la Cámara de Diputados, luego lo congelaron y lo usaron para presionar al gobierno del estado y evitar que se involucrar en las elecciones federales de 2006. Ahora se busca seguirlo empleando como arma en contra del PRI.

Algunos litigantes que conocen la lógica con que se mueve la SCJN han señalado que luego de que el gobernador Mario Marín Torres ha declarado en un par de ocasiones ante magistrados del Poder Judicial federal, y que se ha indagado el Lydiagate por varios meses, ya debería estar listo el resolutivo. No había una razón para que se alargara tanto.

La idea que priva en diferentes ámbitos de litigantes, políticos priistas y de funcionarios gubernamentales, es que muy probablemente la resolución venga en este sentido:

En el fallo o recomendación que emita la SCJN se exoneraría al gobernador Mario Marín Torres, pero probablemente se pida o sugiera el castigo de los agentes de la Policía Judicial que detuvieron en Cancún a Lydia Cacho; a la juez Rosa Celia Pérez González, que fue quien giró la orden de aprehensión contra la periodista; y obviamente contra la titular de la Procuraduría General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez.

Pues se determinaría que si se violaron las garantías constitucionales de Lydia Cacho.

Eso es lo que se especula. Aunque el panorama es incierto. Por ejemplo, el año pasado muchos conocedores del ámbito jurídico le apostaban a que los ministros de la SCJN se iban a declarar incompetentes para investigar este asunto, y acabó ocurriendo todo lo contrario.

Ante la posibilidad de ese escenario, operadores del gobierno y del PRI se han dado a la tarea de difundir un par de peritajes de la conversación entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador Mario Marín Torres, que dio pie al inicio del escándalo del Lydiagate; y sobre un estudio acerca de la personalidad de la periodista Lydia Cacho.

Pareciera que la intención es crear desde ahora una contraofensiva para reducir el impacto que pudiera tener el fallo de la SCJN.

Sin embargo, el contenido de los peritajes no son contundentes para cambiar la percepción que mucha gente tiene sobre los actores políticos involucrados en el Lydiagate.

El peritaje sobre las grabaciones dice que están editadas, pero no señala cómo se cambió el sentido de la conversación entre Kamel Nacif y Mario Marín. Además, la SCJN no está basando su investigación en las pláticas telefónicas entre el empresario textilero y el mandatario poblano, sino en los procedimientos jurídicos que se utilizaron en contra de Cacho.

La grabación nunca se ha tomado como prueba. Solamente se le consideró como algo que se debía tener en cuenta ya que a partir del contenido de las conversaciones se podía encontrar pistas para continuar con la investigación.

Mientras que el peritaje sobre la personalidad de Lydia Cacho resultó un fiasco, pues la PGR, que fue la institución que lo elaboró, es la misma que lo desechó.

Y obviamente la PGR actúa en la lógica del PAN, no de un gobierno priista como el de Marín. Así ocurrió cuando se uso a la procuraduría para perseguir políticamente a López Obrador en 2005, como parte del intento que hubo de Los Pinos de que no fuera candidato presidencial.

Hasta ahora se percibe que las estrategias seguidas por el gobierno para contrarrestar los efectos negativos del Lydiagate han sido ineficaces. Y eso parece ser resultado de la también ineficaz labor del asesor jurídico del gobierno, Ricardo Velázquez.