| Itinerario Político Ricardo Alemán 24 de mayo de 2007 |
Está en juego la preservación del equilibrio institucional, cuya salud depende de la confianza social en las propias instituciones
Nadie sabe el sentido final que tendrá la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la controversia constitucional de la llamada ley Televisa, cuyo proyecto elaborado por el ministro Sergio Aguirre Anguiano comenzará a ser discutido a partir de hoy en el pleno del máximo tribunal.
Pero lo que sí se sabe es que más allá de las presiones externas -que han surgido de todas las partes en disputa por la permanencia o la caída de la llamada ley Televisa-, entre los ministros de la Corte prevalece un sentido de cuerpo, de institución del Estado que, como en pocas ocasiones, en la controversia que desahogan podría hacer valer una auténtica división de poderes. La Corte va, en el fondo del debate, por la consolidación de su papel como poder equilibrador de los otros poderes y, por consecuencia, defensor de los derechos de las minorías.
Los ministros saben -y por eso la advertencia del ponente Sergio Aguirre Anguiano, de que actuarán sin ideologización, sin politización partidista, en apego al interés público y en rechazo a las presiones interesadas- que más allá del interés de las partes, de las supuestas bondades o perversidades de las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, lo que está en juego es la confianza social en las instituciones, en los poderes de la Unión y en la auténtica división de poderes.
Pareciera un acto retórico, pero lo cierto es que la intensidad del debate sobre la llamada ley Televisa -que ha tenido lugar entre los propios ministros-, el sometimiento que frente a poderes fácticos experimentaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, y las evidencias de que la citada ley presenta fallas evidentes en su referente constitucional, movieron a una profunda reflexión de los ministros que, al final del camino, concluyeron que el actual "es el momento de la Corte". ¿Por qué? Porque son el último peldaño de la escalera institucional por el que pueden transitar las minorías que reclaman el apego a la Carta Magna.
Y es que en el debate, votación y sentencia del recurso de controversia constitucional contra la citada ley no tiene su parte medular en los intereses de las partes, tampoco en el futuro de las industrias de la radio y la televisión, y menos en la razón que les pueda asistir a los impulsores o los impugnadores de la ley Televisa: lo que está en juego es la preservación del equilibrio institucional, cuya salud depende de la confianza social en las propias instituciones, una confianza y credibilidad que resultó severamente dañada por el conjunto de acontecimientos que gravitaron en el proceso electoral de julio de 2006, y del que sin duda es producto la ley Televisa.
Como todos saben, una importante porción de mexicanos -que por las razones que se quiera creyeron en un partido y un candidato presidencial- se dicen agraviados por el resultado electoral y han puesto en duda la legitimidad del nuevo titular del Ejecutivo, del jefe del gobierno y del Estado. Otro sector de ciudadanos, que puede incluir a porciones del anterior, pero que suma a otros grupos sociales, cuestionó con razones fundadas el sometimiento que frente a los poderes fácticos -como los poderosos industriales de la radio y la televisión- mostraron el Ejecutivo y el Legislativo.
Por eso, una buena porción de ministros de la Corte -de ese reducido grupo de nueve- tiene claro que en estricto apego a la interpretación del postulado constitucional no pueden legitimar las decisiones tomadas por los cuestionados poderes Ejecutivo y el Legislativo -respecto de la ley Televisa-, sin que con esa eventual legitimación contribuyan a poner en riesgo el último reducto de confianza y credibilidad institucional.
Más aún, las presiones que han recibido los propios ministros, la Corte en su conjunto, y las campañas de desprestigio, de persecución grosera contra impugnadores de la ley Televisa que han enderezado las televisoras -en especial la del Ajusco- han contribuido a que los propios ministros, pero sobre todo una importante porción social haya concluido que, en efecto, los poderes fácticos deben ser sometidos a la constitucionalidad y regulados para evitar persecuciones como las que son evidentes. Parece que nadie les dijo a los "mandones" del duopolio televisivo y a las familias que detentan la radio que con sus campañas de persecución sólo confirmaron los temores de quienes impugnaron las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, y le dieron carta de naturalización a la versión popular de que la legislación en cuestión fue producto de un chantaje político.
En efecto, nadie sabe qué ocurrirá cuando los ministros de la Corte emitan su sentencia sobre la controversia constitucional. Pero lo que sí se sabe es que una mayoría comparte los términos del proyecto elaborado por el ministro Aguirre Anguiano, documento base para la discusión que hoy arrancará en el Pleno de la Corte, y que podría ser asumido y votado por mayoría, una mayoría que incluso podría ser calificada. Y es que el de hoy es "el momento de la Corte", para bien o para mal. Al tiempo.
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