´Spots´ y corrupción Enrique del Val Blanco 24 de mayo de 2007

Todos los comentarios que han aparecido en los diversos periódicos de nuestro país han sido críticos de los partidos políticos por los excesivos gastos realizados durante la pasada campaña electoral. La causa principal, pero no la única, que generó esta crítica es la información dada a la luz pública sobre los más de 280 mil spots que no fueron reportados a la autoridad electoral.

Recordemos que desde la campaña de 2003 para elegir diputados los partidos fueron sancionados por haber realizado gastos más allá de lo autorizado; en la campaña de 2006, de elección presidencial, diputados y senadores continuaron con la misma política. Total, si las multas son menores al gasto efectuado y seguramente tendrán su guardadito para pagarlas, o bien pedirán a la Cámara de Diputados, a través del Instituto Federal Electoral (IFE), más dinero para las campañas políticas, al fin y al cabo es el pueblo quien acaba pagando estos excesos.

El centro de la situación han sido los spots, en demasía y no justificados, pero hay otras cosas, como son los gastos efectuados por diversos organismos privados, principalmente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que financió spots destinados a meter miedo a la población si ganaba el candidato del PRD. También todas las llamadas telefónicas que recibimos los ciudadanos, sin pedirlas, por parte de los diversos partidos, dirigidas a apoyar a sus candidatos y que también representan un costo, lo mismo que los múltiples correos electrónicos. Sumando todo, seguramente durante la pasada campaña electoral todos rebasaron la cifra autorizada por el IFE y acordada con los mismos partidos políticos.

Ha quedado demostrado fehacientemente que la videopolítica es la que rige hoy en México y que los grandes ganadores son la radio y la televisión, quienes sin sufrir mucho reciben cuantiosas cantidades de dinero que, incluso, no quieren reportar. Hasta la fecha la "prestigiada" Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) no ha informado sobre quién contrató y quién pagó los 281 mil spots que se tienen registrados, lo cual demuestra la calidad moral de los miembros de esta cámara.

El IFE ha sancionado a todos los partidos políticos que participaron en la pasada campaña electoral con la ridícula suma de 97 millones de pesos, y supuestamente dará parte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la necesidad de hacer una investigación sobre presuntos delitos fiscales cometidos por los partidos, en connivencia con los medios electrónicos.

La CIRT está violando el convenio que firmó con el IFE el año pasado, mediante el cual les obligaba a informar de toda compra de publicidad que hicieran los diversos partidos políticos. Hasta hoy ninguna de las empresas afiliadas ha dado información completa y, lo que es peor, nadie sabe cómo se puede obligar a estos concesionarios soberbios a hacerlo, dada la debilidad manifiesta del IFE e incluso del gobierno federal.

Estamos frente a un grave problema: el desprecio de los partidos políticos por ajustarse a ley, siendo ellos los primeros obligados a cumplirla. ¿Cómo podemos esperar que en verdad este país pueda ser de primer mundo, con estos escandalosos casos de corrupción, donde todos los partidos políticos están metidos? ¿Con qué cara pueden exigir que se luche contra la corrupción, tanto privada como pública, si ellos mismos están sumidos en ella? No es esta la mejor manera de avanzar en los procesos democráticos, si los que tienen que poner el ejemplo no cumplen.

Por eso es que debe haber una reforma profunda al financiamiento de los partidos y sus campañas políticas, pues hasta ahora es más rentable violar la ley que cumplirla, y esto no puede seguir así. Somos, a pesar de los discursos, un país pobre y, por tanto, las cuantiosas sumas que se entregan para estos efectos deben reducirse sustancialmente. Se debe terminar con la política de poder comprar todo el tiempo de televisión y radio que quieran; deberían ajustarse a utilizar los tiempos públicos y cuando menos obligar a los medios electrónicos a ceder tiempo gratis en los periodos de campaña.

Ninguna de las compañías televisoras y radiofónicas es pobre en utilidades. En aras de una verdadera competencia de ideas, y no de dinero, todos deberían tener las mismas condiciones y recursos, los cuales también deberían estar regulados, y no como ocurre hasta hoy que, tiempo después de transcurridas las campañas, empezamos a enterarnos del cochinero que, en mayor o menor medida, han hecho todos los partidos.

El gobierno y la Suprema Corte de Justicia tienen la gran oportunidad de retomar la soberanía y conducción de los medios de difusión. Recordemos que todos son sujetos de una concesión que otorga el Estado, quien está obligado a tomar las medidas necesarias para contar con las mejores condiciones para la vida democrática del país, y no que sea un mero negocio particular de un grupo reducido que se ha enriquecido gracias a estas concesiones y a los contubernios que pueden generar con los diferentes gobiernos en turno.

Hay muchas propuestas sensatas para terminar con estos hechos lamentables. El IFE en primer lugar y el gobierno en segundo deberían hacer algo definitorio para que en las próximas campañas electorales no volvamos a lamentarnos de lo sucedido. Los mexicanos en su gran mayoría están hartos de leer y ver que sus políticos están metidos en la corrupción y que, además de pagar multas irrisorias, no les pasa nada. Hay responsables en el sector privado y en el público, incluidos los partidos, y deberían pagar las consecuencias; si no, el desinterés y la apatía seguirán creciendo en nuestro país, gracias a estos hechos.

Se está a tiempo. Esperemos que la SHCP haga su trabajo hoy y se castigue a los responsables, para mandar un mensaje claro de que la ética y la honorabilidad deben ser preservadas por todos, empezando por los partidos políticos y sus dirigentes. Lo que se requiere hoy son más acciones contundentes y menos palabras y discursos huecos. Ésta es la principal demanda de muchas personas preocupadas en verdad por el futuro de nuestro país. Ojalá y lo entiendan, antes que sea demasiado tarde y ocurra lo que en Argentina, cuando el pueblo pidió que "se vayan todos".

Analista político y economista