Pide Bartlett que la SCJN no se someta a Televisa como el Ejecutivo y el Legislativo
Martín Hernández Alcántara
El ex senador Manuel Barlett Díaz (MBD), uno de los principales promotores de la acción de inconstitucionalidad en contra de las enmiendas a la Ley Federal de Radio y Televisión, también conocida como ley Televisa, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya decidido transparentar sus acciones en ese proceso.
En una entrevista con La Jornada de Oriente (JO), el también ex gobernador de Puebla dijo que es muy posible que los ministros del máximo tribunal del país sean sometidos a los mismos amagos que hicieron sucumbir a los integrantes del Poder Legislativo y las máximas autoridades del Ejecutivo que aprobaron y validaron la ley sin chistar.
Por esa razón, Bartlett propone que se haga una gran convocatoria nacional para que todos los mexicanos estén pendientes de los argumentos que ofrezcan los ministros a fin de sustentar sus posiciones en un debate que afecta al país en todo su conjunto.
Si la ley se impone, apuntó, no habrá democracia en ningún ámbito de la vida pública de México.
“Consideramos que el compromiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de realizar un proceso transparente, de frente a toda la sociedad, es muy importante para superar el fast track y los arreglos a escondidas que empiezan a aparecer. Sobre los puntos de la acción de inconstitucionalidad que no nos han sido considerados como válidos, quienes los presentamos vamos a insistir para que se tome en cuenta nuestra argumentación. Esperamos que los ministros que han comprendido bien nuestra argumentación puedan conseguir el apoyo del resto de los ministros”, dijo quien ocupó la Secretaría de Gobernación durante el gobierno que encabezó el priista Miguel de la Madrid Hurtado.
JO–¿Podría haber presiones hacia la Corte de parte del Ejecutivo o de los monopolios que serían perjudicados en caso de que la acción de inconstitucionalidad sea validada, tal y como sucedió con el Legislativo, al que Televisa y TV Azteca lograron imponer su voluntad?
MBD–Desde luego que este poder omnímodo que algunas instituciones del Estado le han conferido a estas dos televisoras intentará imponerse. Su sola presencia y el manejo que le han dado a los asuntos públicos del país significa una presión a la nación en su conjunto y a quien se atreva a coartar sus privilegios. El presidente de la Corte (Guillermo Ortiz Mayagoitia), en la rueda de prensa que dio para dar a conocer los pormenores del proceso que se inició, aseguró que no ha recibido ningún tipo de presión. Vamos a aceptar su dicho, pero lo que sí es una absoluta verdad y no se puede ocultar es la amenaza, siempre cumplida de las televisoras para quienes se atreven a desafiarlas. Ellas tienen un poder más allá de la ley que no ha podido ser detenido y que creció mucho por la permisividad del gobierno el sexenio pasado. Así que la amenaza está presente para el cuerpo colegiado en su conjunto y en lo individual para cada uno de los ministros.
“Yo no puedo desmentir al presidente de la Corte; si él dice que no ha sido amenazado, yo le creo, pero en realidad la sociedad mexicana está amenazada por las televisoras. Los poderes Ejecutivo y Legislativo se sometieron a sus designios; eso incluso ya lo ha reconocido (Santiago) Creel (coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional) en una serie de declaraciones cínicas. Ya lo reconoció el ex secretario de Gobernación, que fue impuesta esta ley y fue impuesta porque las televisoras dominan el campo electoral, y por tanto a todos los candidatos, desde Calderón a Madrazo, pasando por cada uno de ellos. Es una presión ominosa sobre todo el país. Pese a todo nosotros tenemos confianza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el estado de cosas en que nos dejó el sometimiento de los dos poderes.
JO–¿Qué pasa si la SCJN decide avalar las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión?
MBD–La acción de inconstitucionalidad está basada en una relación precisa de los artículos de la ley que se impugna y la aplicación de la Constitución General de la República. Hay 21 acciones que hemos presentado, 21 argumentos de invalidez. Entonces se acepta ya el proyecto de Aguirre Anguiano. La votación que se dé será difícil porque son ocho votos no de 11 ministros, porque uno está enfermo, sino de 10, lo cual es casi unanimidad. La votación se va a ir dando punto por punto; la invalidez que será discutida se hará artículo por artículo. Pueden declarar inválidos algunos artículos y otros no. Es decir, para declarar inconstitucionalidad se necesitan ocho votos en cada artículo.
Por ejemplo: el artículo 28 de la ley que estamos impugnando, que habla sobre el usufructo de parte de las televisoras de un bien que pertenece a toda la nación, bueno ese artículo es a todas luces inconstitucional, se necesitan ocho votos para echarlo a abajo. De manera que es muy positivo que sea público el debate y que lo vivamos todos los mexicanos. Debe haber una convocatoria a todos los mexicanos para que estén pendientes de este asunto que nos compete a todos, a todos, a mayores y menores, porque si esta ley se mantiene tal y como está no habrá democracia en México, ni en lo económico ni en lo político ni en lo social.
JO–¿Ése es el mayor peligro?
MBD–Seguro que lo es. Y yo insisto: debemos hacer una convocatoria para que toda la República Mexicana escuche lo que tengan que decir los ministros, porque nadie es infalible, ¿verdad?, así que hay que estar muy pendientes de esta discusión.
El pasado 1 de mayo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptaron una decisión inédita: entregar a todas las partes involucradas en la acción de inconstitucionalidad sobre la llamada ley Televisa el problemario así como el proyecto de dictamen que elabore el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Dio a conocer lo anterior el ministro presidente del máximo tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien sostuvo que esta decisión se debe a que el asunto “es de suma importancia, y que la resolución que se dicte será de trascendencia para el orden jurídico nacional”.
Como parte de este criterio novedoso, la Corte consideró la entrega del proyecto para los ahora ex senadores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad (entre ellos el panista Javier Corral y el priista Manuel Barlett Díaz), además del presidente de la República Mexicana y de otras autoridades.
