“Marín se siente acorralado”
Efraín Núñez Calderón
El gobernador Mario Marín presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se siente “acorralado”, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió investigarlo a fondo, sostuvo Xavier Olea Peláez, abogado de la periodista Lydia Cacho. En entrevista, el litigante calificó de “absurdo” que Marín recurra a instancias internacionales cuando la Corte aún no se ha pronunciado en ningún sentido sobre el escándalo.
Por su parte, fuentes del Gobierno marinista confirmaron a Cambio que Marín mandó, a través de la Consejería Jurídica, una queja ante la instancia con sede en Washington, bajo el argumento de que las SCJN ha dejado en estado de “indefensión” al mandatario poblano por determinar una nueva investigación.
El pasado lunes, la versión de la queja fue publicada por Arturo Luna en su columna “Garganta Profunda” de Milenio Puebla. En ese sentido, Ricardo Velázquez Cruz, consejero jurídico del Gobierno del estado, no desmintió la información, y en breve entrevista telefónica se limitó a señalar: “No voy a opinar sobre ese tema”.
Según las fuentes, el documento donde se detallan los lineamientos de la queja de Marín se filtró por la Consejería Jurídica a algunos medios de circulación local, y forma parte de una estrategia de presión contra la Corte por el Gobierno marinista y el PRI en el estado, para agilizar los tiempos de la determinación final sobre el Caso Cacho.
Al respecto, el abogado de la autora de Los Demonios del Edén desestimó el argumento del gobernador, en el sentido de que se han violentado sus garantías constitucionales, y aseguró que no le servirá a Marín la estrategia en función de que lo que definirá la Corte, si violaron o no las garantías de Cacho, no del gobernador:
“Marín se siente acorralado en virtud de que el señor gobernador no pudo obtener una mayoría en la Corte.
Como consecuencia, la Corte, por mayoría de votos, manifestó que era necesario abundar en la investigación para indagar si el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia —Guillermo Pacheco Pulido—, la procuradora —Blanca Laura Villeda— y una serie de funcionarios del estado de Puebla utilizaron el aparato para lesionar gravemente las garantías individuales de Lydia. Confiamos plenamente en la Suprema Corte de Justicia. Me parece que es un absurdo acudir a instancias internacionales considerando porque no hay ningún pronunciamiento al efecto todavía”.
Manifestó que el gobernador lleva a cabo una estrategia política, ya que para el mandatario todo el escándalo ha representado un asunto político: “En la escuela de Derecho a la que el acudió el gobernador no le enseñaron litigio penal. Como consecuencia, pretende echar llamaradas de petate”.
Asimismo, manifestó que le apena que la juez quinto de lo penal, Rosa Celia Pérez González, haya publicado, a través de un desplegado en la prensa local, que la Corte ha llevado a cabo un mecanismo inquisidor contra los involucrados en el caso, ya que desde su punto de vista ningún encargado de ofrecer justicia puede expresarse de esa forma del Máximo Tribunal de Justicia en el país.
